Criminalización y violencia estatal

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Agentes del Esmad atacan a manifestantes durante el Paro Nacional

Después de un mes de movilización nacional contra el nefasto gobierno de Iván Duque y el uribismo, las cifras de violación a derechos humanos superan las de una dictadura militar

Jenny María Solís Roa
@Jemasolis

Lo que se constituye como el momento histórico más vibrante de Colombia en las últimas décadas por su capacidad de movilización y de organización social en los diferentes territorios, se ha caracterizado, además, por el sentir nacional contra los partidos políticos tradicionales, contra el uribismo y su pérdida de legitimidad que encabeza actualmente el presidente Iván Duque, quien ha dado trato de guerra a la protesta social.

En ciudades y municipios, y varios países de Europa y en Estados Unidos miles de colombianos y colombianas, siguen llenando plazas, recorriendo caminos y carreteras, haciendo pintas y, a través del arte, denunciando los atropellos cometidos contra cientos de manifestantes a lo largo y ancho del país como ha quedado en evidencia a través de videos y publicaciones en vivo, que muestran sin espacio a dudas, la desproporcionalidad con la que las fuerzas militares y de policía han atacado desde el inicio del paro nacional, a las y los manifestantes.

Ciudades como Popayán, Cali, Bogotá, entre otras, en donde el paro nacional ha sido contundente, la violación sistemática a los derechos humanos por parte de la fuerza pública se ha hecho evidente. La fuerza pública ha golpeado de forma salvaje a cientos de jóvenes, ha hecho arrestos arbitrarios, ha violado mujeres, ha disparado con armas de fuego contra quienes se movilizan y se mantienen en los espacios humanitarios, ha usado de forma indiscriminada el arma Venom, que es capaz de lanzar en pocos segundos, varios granadas de gas y granadas de aturdimiento, se conocen videos de hombres y mujeres que a la fecha se encuentran desaparecidos, y como en las peores épocas de la violencia, están apareciendo en el río Cauca cadáveres de personas dadas como desaparecidas durante las manifestaciones en el país.

Comunicación alternativa y popular

Con el pasar de los días, no se detiene la sistematicidad de la brutalidad policial contras las y los manifestantes a lo largo y ancho del territorio, pero tampoco se detiene la criminalización de la protesta social por parte de altos mandos del gobierno nacional y por su cabeza mayor el señor presidente, por el contrario, se recrudecen las aseveraciones contra líderes y lideresas sociales y con estas, el actuar de los miembros de la fuerza pública.

El ministro de Defensa Diego Molano, quien enfrentó una moción de censura en el congreso, citada por la oposición unánimemente, ha hecho afirmaciones categóricas como que en Colombia lo que se vive es terrorismo de baja intensidad, postulado de llamada Revolución Molecular Disipada. Ha tildado a líderes y lideresas sociales de vándalos ofreciendo incluso, recompensas, manteniendo y profundizando la retórica del enemigo interno, para justificar y ordenar la materialización del trato de guerra al paro nacional. De su boca, no ha salido una sola palabra de consuelo a los cientos de familias que han perdido sus seres queridos, o que se encuentran desaparecidos, o están gravemente heridos.

Los medios de comunicación hegemónica han hecho eco de la retórica del gobierno nacional, manteniendo el discurso oficial sobre la criminalización de la protesta social y de quienes en ella participan. El trabajo informativo de lo que se vive en las calles de Colombia ha estado, entonces, de la mano de medios alternativos, comunitarios y de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos quienes no se han librado de la criminalización.

El día 24 de mayo, en horas de la mañana, se conoció de la agresión contra la periodista y defensora de derechos humanos, Sandra Castro, del colectivo Remap e integrante del Observatorio Comunitario de Derechos Humanos “Pedro Vaca” y de la Coordinación “Wilson Saavedra”. Así lo reportaba la Red de Medios Alternativos y Populares: “allanan a Remap en Cali. En un operativo adelantado por el régimen colombiano, dejan incomunicada a nuestra periodista Sandra Castro e incautan sus equipos de trabajo periodístico. Días anteriores había salido ilesa de un atentado en Cali, cuando cubría el paro nacional”.

En el allanamiento, en el que entraron violetamente a la vivienda de la defensora y periodista, dañando la puerta de entrada y no permitiéndole comunicación con otros defensores para el registro del procedimiento, fue irregular, además, no estuvo presente ningún miembro de la Procuraduría General de la Nación y le fueron decomisados sus equipos periodísticos, computadores, memorias y hasta su celular personal. Como este allanamiento, se conoce que ocho procedimientos similares se llevaron a cabo en viviendas de líderes y lideresas que hacen parte del Observatorio de Derechos Humanos Pedro Vaca en Cali y Popayán, dejando como resultado seis personas detenidas y la certeza de la criminalización a la prensa independiente y popular.

Último reporte

Son varias las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, que han registrado acuciosamente lo acontecido durante el paro nacional. El último reporte entregado por Indepaz, evidencia que la brutalidad policial contra las y los manifestantes, está lejos de catalogarse como un conjunto de hechos aislados. La violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario son acciones sistemáticas, y han quedado en evidencia.

Según la ONG, las víctimas mortales en el país, en su mayoría del Valle del Cauca, que alcanza la escabrosa cifra de 59 personas, tiene como responsables al Escuadrón Móvil Antidisturbios Esmad, en 17 homicidios y a la Policía Nacional le son atribuibles nueve casos de homicidio. Por su parte, a los Grupos Operativos de Seguridad GOES, le son imputables tres homicidios y a los civiles armados les son endosables seis casos de homicidios. Otros 17 casos, aún no han sido identificados y la cifra puede crecer “Cruzando la información con Temblores ONG y la Reddhfic, se tiene registro de seis personas más que figuran como NN en la ciudad de Cali (Barrios: Siloé y La Luna). Estamos en proceso de verificación de sus identidades”.

Desde la campaña Defender la Libertad un asunto de todas, se afirma que existen 715 personas heridas en el marco del paro nacional, de estas, 41 presentan lesiones oculares, una práctica vista también en las pasadas manifestaciones en Chile, 67 de estas, fueron heridas con armas de fuego, y 95 defensoras y defensores de derechos humanos han sido agredidos. Según esta misma ONG, alrededor de 1.625 personas han sido retenidas, y el 12,99% de estas retenciones se hicieron con fines de judicialización. Así mismo se reporta, que ya van 87 casos de violencia basadas en género por las fuerzas de policía y militares.

La dimensión de las cifras es razón suficiente para que organizaciones de derechos humanos y más de 54 mil personas, a través de la plataforma Change.org, exijan al presidente Duque, que permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo perteneciente a la OEA, para que verifique en terreno la dimensión de la violación de los derechos humanos en Colombia. El organismo en días pasados, exactamente desde el 14 de mayo, hizo pública su intención de visitar el país para dicha verificación.

Pese a lo anterior, la reunión entre la ministra de Relaciones Exteriores, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el representante de CIDH en Washington, confirmó la negativa del gobierno colombiano de permitir la verificación del organismo encargado del monitoreo de la situación a nivel continental, pese a las denuncias, comunicados y pronunciamientos de varios organismos internacionales sobre la grave situación y represión de la protesta social por parte del gobierno de Duque.

La preocupación es alta, la negativa del gobierno nacional es una bofetada a las víctimas que ha dejado el trato militarista a la movilización y protesta social, y se suma, a su falta de voluntad de diálogo con quienes se mantienen en las calles resistiendo, quienes, además, exigen categóricamente la reforma estructural a la Policía Nacional y el desmonte del Esmad.