La Fiscalía fue categórica en afirmar que “el Estado perseguía a los defensores de derechos humanos”. Entre 1998 y 2014 se cometieron 1.923 homicidios que fueron el resultado de una alianza perversa entre el Ejército y grupos paramilitares.
El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación reconoció, 17 años después, que el crimen de Jaime Garzón es de lesa humanidad.
La Fiscalía fue categórica en afirmar que “el Estado perseguía a los defensores de derechos humanos”. Prueba de ello son los crímenes contra los abogados defensores de derechos humanos Alirio de Jesús Pedraza Becerra, Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, y los ambientalistas Elsa Alvarado y Mario Calderón. También señala la decisión, que al igual que en el caso de Jaime Garzón, en el del abogado defensor Eduardo Umaña Mendoza, la investigación por su asesinato fue desviada por las propias Fuerzas Armadas.
Después de múltiples insistencias de la representación de las víctimas, finalmente la Fiscalía General de la Nación declaró que el homicidio del periodista y gestor de paz Jaime Garzón Forero es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
La Fiscalía aseguró en su decisión que el crimen de Jaime Garzón ocurrió en un contexto de agresiones contra los defensores de derechos humanos; según la Fiscalía entre 1998 y 2014 se cometieron 1.923 homicidios que fueron el resultado de una alianza perversa entre el Ejército y grupos paramilitares, por lo que se puede afirmar la existencia de una persecución sistemática y generalizada en su contra.
Señala además, que hubo bajo ese mismo contexto, una radicalización de la Fuerza Pública que provocó la estigmatización y señalamiento de defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes indígenas, líderes cívicos y en general toda persona que expresara su opinión crítica y contraria al Gobierno de turno. En consecuencia –concluye la Fiscalía– que la muerte de estas personas por parte de agentes del Estado se justificó bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y del “enemigo interno”.
En este contexto, las y los defensores fueron declarados objetivo militar por altos mandos del Ejército Nacional, quienes transmitieron al jefe máximo de las AUC, Carlos Castaño, información para ejecutarlos.
Señala la Fiscalía que: “Justamente Jaime Garzón Forero formaba parte del grupo de personas que cuestionaban de una u otra manera la política estatal y la conducta de algunos miembros del Gobierno y de la Fuerza Pública. En muchas ocasiones, estas controversias se traducían en la defensa de los sindicalistas, denuncia de alianzas entre militares y paramilitares, en el ejercicio de labores humanitarias o investigativas; miembros de la población civil que se convirtieron en defensores de los derechos humanos, por el incumplimiento del Estado colombiano en el deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos”.
Finalmente, la Fiscalía concluye diciendo que “las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Garzón Forero, tal y como quedaron plasmadas, se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal.”
Esta decisión ratifica la sentencia del Consejo de Estado del pasado 14 de septiembre, que condenó al Ministerio de Defensa (Ejército y Policía Nacional) por el crimen de Jaime Garzón, catalogándolo como una “ejecución extrajudicial” y calificándolo como crimen de lesa humanidad, con la finalidad de terrorismo de Estado.
Esperamos que las investigaciones en curso contra el general Rito Alejo del Río, así como el juicio que se adelanta contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el que culminó contra el exsubdirector del DAS y asesor de las Fuerzas Militares José Miguel Narváez, allanen el camino para establecer la responsabilidad penal de los otros altos mandos militares que ordenaron el asesinato del periodista.
La verdad completa en el crimen de Jaime Garzón Forero es una deuda con la memoria de un hombre que entregó su vida por la construcción de la paz, y con una sociedad que no lo olvida.
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
30 de septiembre de 2016.