Las políticas de los gobiernos burgueses han propiciado empobrecimiento de un considerable número de colombianos, los cuales no tienen acceso a la educación, a la salud, padecen hambre, carecen de agua potable, de alcantarillado
José Ramón Llanos
Nadie pensó que dos acontecimientos de naturaleza diferentes: Grabaciones y el Covid-19, pudieran desenmascarar la “democracia” colombiana. Sin embargo, así ha ocurrido. Después de conocidas las grabaciones entre los máximos dirigentes del Centro Democrático: Iván Duque y Álvaro Uribe con delincuentes de cuello blanco de La Guajira, sobre la financiación por debajo de la mesa de las actividades electorales de la Cayita Daza, más las confesiones de Aída Merlano, ningún colombiano puede seguir admitiendo que Colombia es una democracia. Pero en cambio dolorosamente debemos aceptar que somos una “democracia”, lo que tenemos es un remedo de instituciones democráticas y funcionarios elegidos, cuyos electores por necesidad extrema los obligaron a vender su voto. Si, además, analizamos la enorme cantidad de funcionarios oficiales, incluidos magistrados, podemos llamar este aparato de gobierno que existe en el país. como una cleptodemocracia.
El detonante de la crisis económica, el Covid-19, además, ha dejado en evidencia máxima, incapacidad ética y política de la clase gobernante para construir y dirigir un país plenamente democrático, incluyente y protector de los ciudadanos y la naturaleza.
La burguesía colombiana, convertida en clase gobernante después que sus antepasados mediante la violencia -se debe recordar que desataron 20 guerras civiles-, se apropiaron del poder político para enriquecerse, feriar la soberanía, destruir la naturaleza para ampliar los espacios de sus actividades económicas en el país.
Las secuelas de los gobiernos burgueses
El país que construyeron los burgueses -por sus resultados sería más apropiado decir que destruyeron- deslegitima y les resta autoridad ética, política y aún económica para seguir gobernando a Colombia. Aunque conocían las consecuencias sociales y ecológicas de la imposición del modelo neoliberal en la gestión y administración del país, lo impusieron, dados los beneficios que recibirían ellos, mediante la ultra explotación de la fuerza de trabajo con bajos salarios; además, mediante la informalización del trabajo, incluso en las entidades oficiales, utilizando las degradantes órdenes de prestación de servicio, con lo cual precarizan la vinculación laboral de la clase media y los profesionales, incluidos los médicos y paramédicos, que ahora ladinamente vitorean. Como así lo denuncia la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, ACMI; “Cerca del 70% de quienes trabajamos en cuidados intensivos lo hacemos bajo una figura subordinada, como contrato de prestación de servicios (termino fijo) o por bolsas de empleo”.
En sus más de doscientos años de explotación del hombre colombiano ni siquiera han sido capaces de construir una red hospitalaria óptima para la atención y preservación de la salud del pueblo. Ni la ciudad de Bogotá cuenta con los hospitales, bien equipados, dotados con los instrumentos necesarios para atender pacientes con problemas respiratorios y mucho menos las unidades de cuidados intensivos, UCI.
Como lo señala la ACMI, “para cumplir con su misión las unidades de cuidados intensivos requieren de una planta física especial, con una dotación tecnológica compleja, estándares de procesos rigurosos y un recurso humano interdisciplinario con formación y experiencia certificada por instituciones legalmente reconocidas”.1
Sin embargo, hay una situación más deplorable y que pone en alto riesgo a miles de colombianos, nos referimos a los habitantes de La Guajira, Caquetá, Amazonia, Chocó, departamentos donde los hospitales son escasos y mal dotados, con el agravante que muchos de sus municipios carecen de agua potable. El domingo pasado Paula Moreno, exministra de Cultura, en su columna de El tiempo, denunciaba que Timbiquí, población de 26 mil habitantes carece de agua potable y de alcantarillado, que, en el puerto de Buenaventura, 423 mil habitantes tienen un hospital con 200 camas, 10 son de cuidados intensivos, pero carecen de respiraderos.
Otras consecuencias del gobierno burgués
Las políticas de los gobiernos burgueses, han propiciado empobrecimiento de un considerable número de colombianos, los cuales no tienen acceso a la educación, a la salud, padecen hambre, carecen de agua potable, de alcantarillado, esa situación el Dane la llama pobreza multidimensional. Según sus datos la pobreza multidimensional es del 19, 6 por ciento de la población.
Sin embargo, en Colombia hay departamentos que tienen un porcentaje de pobreza multidimensional mayor: Guainía 65 por ciento: Guajira 51,4 por ciento; Chocó 45,1 por ciento; Norte de Santander, 31,5 por ciento y Caquetá, 28,7 por ciento. La pobreza monetaria es del 27 por ciento, hubo un aumento ya que en 2017 eran 12.883.000 y en el 2018 ya eran 13.073.000
Sin lugar a dudas los terratenientes del siglo XIX y sus descendientes del siglo XXI, para apropiare de la tierra hicieron del país un campo de batallas. Recuerden las guerras civiles del siglo antepasado, además de la violencia para despojar de sus tierras a las tribus indígenas, pero infortunadamente los latifundistas se salieron con la suya y lograron concentrar la tierra en sus manos. Veamos las cifras.
Según Oxfam el 1 por ciento de las fincas posee el 81 por ciento de las tierras, el 0,1 por ciento de las fincas que tienen más de 2.000 hectáreas poseen el 60 por ciento de la tierra, con el agravante que el 42,7 por ciento de las fincas más grandes, afirman que no conocen el origen legal de sus tierras.
Las fincas de más de 1.000 hectáreas dedican el 87 por ciento de sus tierras a la ganadería extensiva y el resto a monocultivos. Según Oxfam es tal la situación de la concentración de la tierra que “un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar”.
Esta breve y apretada síntesis de lo que hizo la clase que detenta el poder en Colombia, de las riquezas de los recursos naturales, de la inteligencia y creatividad del hombre colombiano, de la rica cultura y adecuado cuidado del medio ambiente y la sabiduría para construir estructuras sociales para beneficio de la colectividad de las tribus indígenas, demuestran que la clase empotrada en el poder político y económico, solo ha tenido como objetivo de sus políticas enriquecerse con la explotación del pueblo y la destrucción de la naturaleza. Por tanto, la valoración de su gestión resulta dañina y deficitaria, en consecuencia, debe ser relevada del poder político y su riqueza obtenida con la expoliación del hombre colombiano, debe ser utilizada para reparar los daños causados al conglomerado social y a la naturaleza.
Para fortuna de ellos, todavía no existe el suficiente grado de conciencia del pueblo y por tanto la tarea consiste en politizarlo, organizarlo para que con su acción proceda al relevo de esa clase usurpadora del poder político.
VOZ te necesita
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico. Ofrecemos el mejor análisis político, económico y cultural para pasar la cuarentena en casa.
#QuédateEnCasa y lee el semanario VOZ.
👇🏽👇🏽👇🏽
