Continúa debate sobre Fracking

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Pozo petrolífero.

El Consejo de Estado tomó la decisión de mantener la suspensión al Fracking en Colombia. Sin embargo, abre la posibilidad de realizar proyectos integrales pilotos de investigación para la fracturación de roca generadora

Silvia Jiménez

En la última década el país se sumergió en una incertidumbre energética y económica al conocer los anuncios de expertos donde se comunicaba el fin de las reservas de petróleo. Cada año nuevas cifras se fueron adhiriendo a los discursos de los gobiernos que insertaron poco a poco la idea del agotamiento acelerado de crudo y por ende afectaciones de orden económico para las familias colombianas, llevando consigo la imperiosa necesidad de desarrollar nuevos proyectos en materia energética, extractivista y turística, que se fueron trazando en los planes nacionales de desarrollo.

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, se contemplaría la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) a través de lo que llamarían “promoción de nuevas tendencias energéticas”. Pues, bajo este discurso el Gobierno nacional, el 26 de diciembre de 2013, mediante Decreto No. 3004 estableció los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en YNC, los cuales se determinaron como aquellos que incluyen gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón, hidratos de metano, arenas bituminosas y gas y petróleo de lutitas (lo que se conoce como fracking). Y para el 27 de marzo de 2014, mediante Resolución No. 90341, el ministro de Minas y Energía fijó los requerimientos técnicos para dichas actividades de extracción.

De esta forma, inició el pulso jurídico por el fracking, pues luego de expedidas dichas normas, el 23 de agosto de 2016, el abogado Esteban Antonio Lagos González demandó solicitando su anulación; petición argumentada en la vulneración de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, donde se establece el derecho que tienen las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y el deber que tiene el Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente garantizando su conservación y previniendo factores de deterioro.  De igual forma se apeló a la violación del principio constitucional de precaución, el cual se reconoce como principio proteccionista del medio ambiente, cuyo objetivo es lograr que se adopten medidas para prevenir daños graves e irreversibles a la naturaleza.

Suspensión provisional

Para el 13 de junio de 2018 el Consejo de Estado admitió la demanda, y para noviembre del mismo año un magistrado como medida cautelar ordena la suspensión provisional de estos actos administrativos que regulan el fracking. De manera inmediata, el gobierno quiso apelar la decisión tomada e interpuso un recurso de súplica, argumentando la necesidad de poder desarrollar proyectos piloto por parte de Ecopetrol para poder evidenciar las afectaciones al medio ambiente.

Para el 7 de junio de 2019 se realizó una gran movilización nacional liderada por la Alianza Colombia Libre de Fracking y desde diferentes municipios del país las comunidades se pronunciaron y expresaron su rechazo a la implementación de esta técnica. Este mismo día el Consejo de Estado solicita a la Universidad Nacional de Colombia conformar una comisión de académicos que dieran respuesta a una serie de preguntas sobre las implicaciones ambientales, sociales y económicas que se tendrían en dado caso de realizar fracking. La comunidad académica se pronunció solicitando a la rectora Dolly Montoya que el proceso de designación fuera público y democrático, teniendo en cuenta criterios académicos y éticos, donde incluso el Consejo Académico, en el que se encuentran todos los decanos de la universidad, pudiera dar su opinión al respecto, pero la respuesta por parte de ella fue negativa, argumentando que esta decisión no era competencia de este consejo. Luego de unos días, por petición de los estudiantes se solicitó información sobre los avances de la comisión, y la respuesta fue “la rectora envío ya unas hojas de vida al Consejo de Estado”.

El 3 de julio la rectora Dolly haría llegar una carta donde disponía de una lista de profesores para dicha tarea, lista que se llegó a conocer semanas después y que fue motivo de críticas, pues era preocupante que allí se relacionaran personas que habían tenido vínculos con las empresas petroleras o que hacen parte de proyectos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que podrían tener su opinión comprometida. Además, es conocida la postura favorable al fracking de algunos de ellos, de igual manera se cuestionó la ausencia de expertos en comportamiento de fracturas naturales e inducidas, en hidrogeología y en ecosistemas.

Las movilizaciones

Paralelo a esto se mantuvo la formación y movilización ciudadana, especialmente en los lugares que serían directamente afectados, como es el caso de San Martín-Cesar, donde la comunidad ha estado atenta y han solicitado sean consultados para tomar decisiones sobre su territorio. Desde allí y en general desde el Magdalena Medio, se recibió de manera positiva la noticia de la decisión tomada por el Consejo de Estado el pasado 10 de septiembre, quienes ante el recurso presentado por el demandado, toman la determinación de mantener la suspensión provisional de la exploración y explotación de YNC.

Esta decisión que ha sido motivo de debate nacional, ha llevado a la ministra de Minas y Energía a exponer sus puntos de vista en la prensa, sosteniendo que el “decirle No al fracking en Colombia es decirle No a la ciencia”. Por lo cual, es importante recordar el lugar que históricamente ha ocupado la ciencia en Colombia, como un campo abandonado en materia de inversión y como muestra de ello el declive que ha tenido su presupuesto en los últimos años, representando una bandera de lucha de estudiantes en las últimas movilizaciones nacionales, que llaman la atención sobre la necesidad de darle la importancia que amerita ya que a través de la investigación se lograría avanzar en la salida de la dependencia total de los hidrocarburos.

El argumento de la ministra

La mirada fatalista de la ministra no solo representa la miopía con la que siempre se ha observado la educación en Colombia sino que es muestra de los intereses del sector minero-energético que bajo el argumento de una eventual crisis económica quieren someter aún más la soberanía en los territorios.

A pesar de la suspensión de la normatividad, el Consejo de Estado aclaró que esto no impedía la realización de proyectos integrales pilotos de investigación para la fracturación de roca generadora, es decir, Fracking. Sin embargo, se menciona que deben seguir lo indicado por el capítulo 14 del informe presentado por la comisión de expertos del Gobierno Nacional, donde se enfatiza en la necesidad de contar con la licencia social, de buscar participación y veeduría ciudadana, de tratar los impactos ambientales no resueltos y de garantizar tecnología de avanzada para minimizar las afectaciones. Sin esto no es posible realizar los pilotos.

Ahora el proceso debe continuar, aún no se ha prohibido el fracking en Colombia, el debate continúa y el Gobierno sigue ejerciendo presión para que se levante la medida cautelar. Sin embargo el voraz apetito de la locomotora minero-energética ha llevado a ampliar la frontera petrolera, lo que es una amenaza para el medio ambiente y para los procesos organizados de ambientalistas un reto para asumir la defensa de la naturaleza de manera amplia y más política. A partir de esta expansión a terrenos que fueron abandonados por la insurgencia tras la firma del acuerdo de paz, hoy se realiza sísmica con explosivos en Caquetá, de allí que se haya presentado una continua deforestación de estos territorios.

La defensa del medio ambiente cada día demanda una mayor capacidad de organización y acciones políticas que logren detener la avanzada destructora de los gobiernos hipócritas que hoy quieren llenar al país de incertidumbre económica por la decisión de suspensión las normas que regulan la explotación de YNC pero que ha usado el dinero de regalías para financiar la corrupción.

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