Consolidación del golpe de Estado

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Tribunal Federal confirma y aumenta la pena de prisión contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, en lo que el Partido de los Trabajadores califica como una conspiración política, mediática y judicial de la derecha para impedir el regreso de un gobierno progresista en Brasil

Alberto Acevedo

En la tarde del miércoles 24 de enero, el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, Brasil, confirmó y aumentó la pena de prisión del expresidente y dirigente del Partido de los Trabajadores, PT, Luis Inacio Lula da Silva. En un fallo unánime, el organismo judicial aumentó de nueve a doce años la pena de prisión, e impone condena accesoria de inhabilidad política, lo que le impediría al líder obrero postularse a las elecciones presidenciales el próximo mes de octubre en ese país.

Y aunque los abogados de la defensa anunciaron recursos contra el fallo judicial, es claro que Lula tendrá difícil llegar a las elecciones presidenciales, no obstante ser el candidato con más favorabilidad, con un 45 por ciento de opción de votos, una ventaja considerable frente a otros aspirantes del establecimiento, de bajo perfil político. Los recursos de la defensa implican que Lula no será puesto en prisión en los próximos días.

La decisión del tribunal regional provocó una polvareda política, con efectos internacionales. Miles de simpatizantes de Lula da Silva se lanzaron a las calles, en Sao Paulo y otras ciudades, a rechazar la sanción, la que calificaron como un fallo con claras intenciones políticas de impedir el regreso de un gobierno popular a Brasil. El PT, por su parte, produjo una declaración en la que asegura que Lula sigue siendo su candidato presidencial, y respaldó la tesis de que se trata de una conspiración, que constituye en el fondo la continuación del golpe parlamentario que sacó del poder a la presidenta Dilma Rousseff.

En juego la democracia

El anuncio conmocionó a sectores democráticos y progresistas en América Latina y otras latitudes. Coincidiendo con la publicación de un manifiesto del PT, en diciembre pasado, denominado “Elección sin Lula es un fraude”, se conoció una carta de respaldo a Lula, suscrita por 150 mil firmas entre las que se cuentan de personalidades políticas, de la cultura, la política e intelectuales, de numerosos países del mundo.

El juicio a Lula es pues, un asunto que traspasa fronteras y abre una discusión sobre la transparencia de la administración de justicia en Brasil, pero también sobre el futuro de la democracia. Para el senador de ese país, Roberto Requiao, del partido Movimiento Democrático Brasileño, MDB, ciertamente lo que está en juego en estos momentos allí, es la democracia.

Requiao, que en el congreso de la república apoyó el proceso conocido como de Lava Jato, que vincula a Lula por presuntos delitos de corrupción, asegura que este se desvió de su cauce jurídico y hoy “pone en la mira a Lula, la única figura política capaz de parar el retroceso que vive Brasil”.

La mano del capital financiero

Para el senador brasileño, es saludable internacionalizar el proceso de discusión, vincular a la comunidad internacional, “porque lo que está en juego en Brasil es la democracia, y la precarización de la democracia brasileña perjudica la democracia en el mundo. No estamos hablando apenas de la candidatura de Lula y del derecho del pueblo brasileño de elegir su destino económico, social, político y administrativo y al presidente de la república. Estamos hablando de la precarización del proceso democrático por culpa de los intereses y el dominio del capital financiero mundial”.

El proceso de Lava Jato, que vincula a una serie de personajes de la política, el congreso y los partidos políticos de Brasil, por delitos de lavado de activos, corrupción activa y pasiva, gestión fraudulenta y obstrucción a la justicia, se le denomina así porque las transacciones ilícitas se realizaron en su mayoría en estaciones de servicio, para no generar sospechas.

El montaje

Pero el proceso en particular contra Lula da Silva, no lo vincula directamente a Lava Jato. Al exmandatario del PT se le sindica de una especie de “corrupción  pasiva”, por haber recibido un apartamento triplex en la ciudad de Guarajá, Sao Paulo, de parte de la constructora OAS, beneficiaria de los contratos de Petrobras.

Aún ahora, que ha terminado el proceso judicial, el apartamento figura a nombre de la constructora, y jamás estuvo en manos de Lula, que no lo compró, no lo arrendó y no lo habitó. La sindicación se infiere porque en 2005, la esposa de Lula, Marisa Letícia, había pagado una cuota del edificio Solaris, donde está el apartamento, con opción de compra de la propiedad. El proyecto se transfirió a otra empresa, que elevó los precios, y Marisa dejó de pagar las cuotas.