Congresistas golpean la universidad pública

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Ana Nates, representante ante el Consejo Superior de la Universidad Distrital.

Universidades al borde de la quiebra, pues el presupuesto que el congreso les ha destinado no alcanza a cubrir la deuda que tiene la nación con cada institución

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

El movimiento universitario, que actúa en procura de la defensa de la educación superior, asegura que la crisis por la que atraviesan las 32 universidades públicas del país, obedece, por un lado a la desfinanciación a la que las ha sometido el Gobierno nacional, y por otro, al atropello a su autonomía universitaria que afecta principalmente su quehacer y su función misional en la sociedad.

Para ampliar la información, VOZ dialogó con Ana Nates, estudiante de la Universidad Distrital, de la carrera de Ingeniería de Sistemas y represente ante el Consejo Superior de la universidad, CSU. Ana, asegura que la crisis de la educación superior trasciende los problemas financieros, pero que sin lugar a dudas esta es la situación que más pone en riesgo a las 32 instituciones públicas del país. Actualmente, cada campus, recibe un presupuesto anual que fue establecido por la Ley 30, este presupuesto se hace sobre el aumento del IPC. Sin embargo, “ese presupuesto no calcula los gastos de funcionamiento de las instituciones, los pagos de nómina administrativa y docente, compra de equipamientos, mantenimiento de infraestructura, entre otros elementos. Además, aumentan de acuerdo al salario mínimo, pero cada año hay mas estudiantes, más investigaciones, y más necesidades, lo que hace que, en términos reales, el dinero que ingresa por Ley 30, sea insuficiente”.

Esta es la razón por la cual varias universidades del país inician el año con un presupuesto insuficiente y con un déficit que las obliga a desmejorar la calidad académica y no permitiendo el aumento de la planta docente o en el crecimiento de la infraestructura, perjudicando las relaciones laborales con sus docentes y empleados, etc. Así lo afirma el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Adolfo León Atehortua: “Mientras las transferencias de la nación para el funcionamiento de las universidades se han mantenido estables entre un 7 y 7.3 %, los gastos de funcionamiento han aumentado cada año el 8.67 % en promedio, con un crecimiento adicional de los gastos de personal de 9.28 %, sin variaciones en una planta por lustros congelada”.

Por su parte, Ana comenta que “desde hace varios años hemos sido objeto de recortes sistemáticos en los recursos por parte de los ministerios de Educación y de Hacienda. Un ejemplo, es la distribución del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, que, desde su creación en el 2013, tenía un rublo para educación. En el 2015 ese rublo recaudado era de un 15% para el Icetex y un 85% para las universidades públicas, es decir para infraestructura, bibliotecas, investigación, ampliación de planta docente, entre otros. Pero, ya en el 2016, se destinó el 30% para las universidades, mientras el Icetex recibió el 70% del recurso”. Esto significa que el recurso de la educación superior está siendo invertido en créditos que deberán ser pagados por los mismos estudiantes a fin de garantizarse su educación. Y paralelo a esta realidad, “los gobiernos de turno han venido exigiendo que se aumente en forma desmedida la cobertura y calidad, sin considerar que nos están pidiendo, como dijo la exministra Ghina Parodi, “hacer más con menos” recursos”, afirma Ana.

Deuda en billones

De acuerdo con los cálculos realizados por el SUE, hasta el año de 2013 el Estado le debía a las universidades públicas 11 billones de pesos y a miles de pilos que ingresan a la educación superior. Según explica Ana, “mediante el programa Ser Pilo Paga, se han destinado recursos para que 40.000 jóvenes de bajos recursos estudien. Con ese mismo dinero, habrían estudiado cerca de 600.000 jóvenes, también de bajos recursos, de los estratos 1, 2 y 3, que son el grueso de población que ingresa a las universidades públicas del país”.

El pasado 18 de octubre, en medio de una movilización estudiantil en Bogotá, en contra de esta política de desfinancian de la educación superior, el congreso aprobó lo que sería el presupuesto general para la nación. “Los honorables congresistas aumentaron en 100 mil millones el presupuesto para la educación pública superior.  Lo que hay que explicar, es que este rublo se debe repartir entre las 32 universidades y que debe ser destinado para inversión. Este rublo es una ofensa dado que el déficit que hoy tenemos supera más de 15 billones de pesos. Esto es una burla para el país, para quienes anhelan ingresar a la universidad y para quienes estando dentro de ella desean una educación de calidad. sin estos recursos, las universidades públicas dejaran de existir”, resalta Ana.

Por otra parte, haciendo ejercicio de la “autonomía universitaria” muchos rectores y Consejos Superiores de las universidades, han llevado a las instituciones a un punto de no retorno en la autofinanciación, así lo explica Ana; “mediante la venta de servicios, desde el alquiler de auditorios, salones, etc., hasta la venta de investigaciones, patentes, entre otras. Y la última tendencia en universidades regionales, los programas regionalizados, que con una fachada de “ampliación de cobertura en lugares remotos” han llevado a la privatización misma de la educación superior, pues se ofertan programas en distintas ciudades o municipios, con altos costos en el pago de matrículas. Casos puntuales, son la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Cauca, las cuales han alcanzado tasas de autofinanciación cercanas al 70%, aumentando cada vez los costos en las matriculas, las condiciones de bienestar, el apoyo en gastos para el uso de laboratorios y otros espacios académicos especializados”.

Sin autonomía y acreditación

Otros elementos en la crisis son la acreditación institucional, el cual es un requisito muy importante para las Universidades, pues esta es necesaria para percibir más recursos. Sin embargo, para ser acreditadas estas deben destinar recursos que no tienen, para ajustar su funcionamiento a lo requerido por el CNA, ya sea en libros, ajustes en los programas académicos, el pago del personal administrativo necesario para las tareas de la acreditación, espacios de trabajo etc. Y, por otro lado, “los lineamientos de calidad para las licenciaturas, la elaboración de propuestas de estatutos generales, académicos y estudiantiles, aplicables a todas las universidades, atentan contra la expresión y desarrollo autónomo de la comunidad académica, además de limitan su campo de acción de la universidad”, comenta Ana.

Al referirse a la autonomía universitaria, está señalando que la universidad debe tener la capacidad, según lo que argumenta el profesor Luis Aurelio Ordóñez de, “autodeterminarse, autogobernarse y autolegislarse colectivamente; definir por sí misma su misión, su orientación académica y los procesos que contribuyan a potenciar el libre desarrollo de sus funciones básicas: docencia e investigación, con plena independencia del poder  político y de toda clase presiones, tutelas, señalamientos  o intimidaciones”.

Para la representante estudiantil, “frente a esto, no nos queda más que construir las bases de un movimiento articulado en nuestras universidades, capaces de poner freno a las reformas locales y nacionales, ejercer la autonomía que nos pertenece y contribuir a la pelea nacional por una educación como la requiere nuestro país; para la paz, es decir, siempre publica y financiada por el Estado, democrática, crítica y que transforme los territorios más remotos del país”.