El gobierno Duque se lava las manos con los tropiezos en la implentación de los acuerdos
Redacción política
En el primer encuentro que sostuvo el Alto Consejero Miguel Ceballos con la Comisión de Paz en el Congreso de la República, ratificó que las prioridades del Gobierno Duque no pasan por corregir los errores de la implementación de los acuerdos de paz en el componente de reincorporación.
En el control político que se realizó el miércoles 19 de septiembre en el parlamento, se escuchó la explicación de los funcionarios del Gobierno que acompañaron a Ceballos a rendir cuentas en la Comisión.
No obstante, dichas explicaciones no fueron satisfactorias para la mayoría de las congresistas que han conocido de primera mano las necesidades de los excombatientes en los espacios territoriales a lo largo del país. En particular el diagnostico más exacto lo tienen los parlamentarios de la Comisión tras su visita al Espacio Territorial de Reincorporación de Miravelle, en Caquetá el pasado 10 de septiembre.
De hecho, la visita a Miravalle sirvió para que la Comisión de Paz conocieran las múltiples versiones que han mantenido autoridades militares y gubernamentales respecto de los sobrevuelos y la operación militar a ese espacio de reincorporación que desencadenó la salida presurosa de Iván Márquez y Óscar Montero.
Según el Comisionado de Paz, el sobrevuelo se debió a una operación de mantenimiento de la aeronave, pero las autoridades militares de la zona explicaron que se trató de una operación de persecución a una supuesta disidencia que se encontraba muy cerca del Espacio Territorial; y otra versión habla de un movimiento de tropa por una acción humanitaria de la que no se han conocido mayores detalles. La inconsistencia de las versiones hace pensar que la operación militar sí estaba dirigida a la captura de Iván Márquez y Óscar Montero.
Incumplimientos
Por otro lado, la Comisión encontró en su visita que la ausencia de apoyo de las entidades gubernamentales a las iniciativas productivas de los excombatientes, la inseguridad jurídica que sienten ante la persecución judicial a la dirigencia del partido FARC y las amenazas que se siembran en contra de los excombatientes y de sus familias, tras las declaraciones de voceros del partido de gobierno estigmatizando a quienes tomaron la decisión de dejar las armas; son parte del acervo de preocupaciones de los excombatientes.
“En cuanto a los compromisos de gobierno, quiero señalar la preocupación por las zonas en que las FARC-EP dejaron de hacer presencia en donde la ausencia del Estado fue el común denominador, y con ello se está perdiendo la oportunidad de retomar el rumbo social y económico”, dijo el senador liberal Guillermo Realpe.
El propio parlamentario liberal describió lo que puede ser el diagnóstico en todo el país luego de casi dos años de reincorporación: “Las FARC están cumpliendo en las zonas de reincorporación trabajando con pocos recursos para sacar adelante los proyectos productivos. Cumplen los organismos internacionales encargados de coordinar con los excombatientes los programas de educación y trabajo productivo, pero el gobierno no cumple su parte”.
Por ejemplo, en Miravalle existen cinco proyectos productivos de gran impacto económico para los excombatientes y sus familias. Solo uno de los proyectos tiene apoyo internacional y es el único que lleva un cumplimiento de sus metas y objetivos en un 70%. Mientras los otros proyectos que cuentan con el apoyo económico del ejecutivo no llegan a tener avances del 10%.
Necesidades
El proyecto más importante en Miravalle es piscícola que ha superado la fase de estructuración, tiene objetivos claros. La iniciativa productiva será el sustento económico para casi 50 familias de excombatientes, pero tiene dificultades por la ausencia de servicio eléctrico que afecta el Espacio Territorial y la zona la reserva campesina que congrega quince veredas. Electrohuila es la empresa proveedora de energía al proyecto y la zona con irregularidad.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino señaló a los sectores de derecha de marchitar el proceso de paz con declaraciones altisonantes con el intento de confundir a los colombianos poniendo en el mismo racero al partido político con las disidencias armadas. “Algunos sectores políticos, algunos de los voceros del partido de Gobierno, dicen que hay una suerte de ´pacto´ de una nueva versión de formas de lucha con el argumento que quienes abandonan las zonas de reincorporación automáticamente van a las disidensias. Esa es una afirmación irresponsable y falsa y que pone en riesgo el proceso de paz. Nosotros fuimos testigos del compromiso de los excombatientes en las zonas de reincorporación, otra cosa muy distinta son la disidencia”.
El gobierno
El Alto Comisionado Ceballos le dijo a los miembros de la Comisión: “El gobierno del Presidente Iván Duque ha reafirmado el compromiso del Estado colombiano con la paz y ese compromiso se está viendo plasmado con hechos concretos”. Ceballos añadió su preocupación por la vocación que están tomando los Espacios Territoriales pues fueron diseñados de manera temporal.
Pese a ello y ante el incumplimiento de las promesas de apoyo técnico y económico del gobierno nacional, los excombatientes asumieron dichos espacios como construcción colectiva y desarrollo autónomo.
En el mismo sentido, Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación, señaló que los procesos de este tipo no duran dos, duran entre seis y ocho años: “la primera fase del proceso que adelantó el anterior gobierno fue la fase de estabilización y caracterización de la población”. El funcionario le adjudicó la responsabilidad del retraso a la implementación, a la falta de tierra para echar a andar los proyectos agrarios para los excombatientes.
La respuesta de FARC
Afirmación que fue refutada inmediatamente por el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada. “Me parece que vamos a repetir una canción macondiana: la Casa en el Aire. He escuchado de los a funcionarios del gobierno que la reincorporación no necesita espacio geográfico y eso no lo entiendo. Llevamos dos años discutiendo con el gobierno anterior pues nos adjudican responsabilidad por no iniciar los proyectos productivos, pero no nos dan tierra para echar a andar tales proyectos. Tenemos un acuerdo de tierras con el Estado, pero este no cumple con el otorgamiento de tierras a los campesinos y menos a los excombatientes. Nos dicen que son los empresarios los que deben ayudar y cuando llegan los empresarios, dicen que ayudan, pero encuentran que no hay tierra para los proyectos”.
La estrategia de los gobiernos saliente y entrante es desarmar sin cumplir y llevar al estado de desconfianza a los excombatientes porque aun los considera peligrosos para el país a pesar del exitoso e incuestionable desarme. “La paz hay que sembrarla y entender que una agrupación insurgente como las FARC tiene un arraigo comunitario al cual quieren atacar a como de lugar”, sentenció Lozada.
Así las cosas, se abre una nueva disputa política por la posición del Ejecutivo de sacar el espejo retrovisor para esquivar la responsabilidad de sus acciones en la implementación del proceso y en especial en la reincorporación de los excombatientes. La bancada de la paz anunció su visita a otras Espacios Territoriales para hacer los controles políticos necesarios hasta que se corrijan los errores del proceso.
