A propósito del estado actual de la implementación del punto 2 sobre participación política
Gabriel Becerra
@Gabocolombia76
Aun si se alcanzara a aprobar en las semanas de vigencia que le quedan al mecanismo fast track la llamada Reforma Política y las Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz, relacionadas con el punto 2 del acuerdo final, que han venido siendo sistemáticamente atacadas en el Congreso, los pendientes en el campo de la democratización real del régimen y la sociedad colombiana son bastantes y están a la orden del día.
La resistencia de la ultraderecha a permitir la aprobación de medidas que garanticen y respeten los derechos a la oposición social y política, ampliar la participación ciudadana, modernizar la estructura y el régimen electoral y de partidos vigente –aspectos principales del acuerdo de paz en el punto 2– ha puesto en evidencia, una vez más, el temor histórico de las oligarquías al fortalecimiento de la participación popular y la democracia.
En cuanto a las garantías a la oposición, primer sub tema del punto 2, se logró aprobar el Estatuto luego de 26 años de ser un mandato constitucional y crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política mediante el decreto ley 895 de 2017. El estatuto reconoce como derecho fundamental ejercer la oposición y define principios, derechos y acciones, que podrían ayudar a equilibrar la desigual competencia política que ha persistido y se encuentra en los orígenes de los conflictos armados en diversos momentos de la historia nacional.
Las medidas de seguridad deben reflejarse en una reducción efectiva de las amenazas y los asesinatos, que por el contrario vienen en ascenso. El compromiso acordado de construir un Pacto Político Nacional por la Paz exige de un mayor liderazgo presidencial, de la dirigencia de FARC y del conjunto de fuerzas sociales y políticas comprometidas con la superación de la guerra.
En lo relacionado con la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, hasta ahora ha sido posible ampliar el alcance del Consejo Nacional de Paz, transformándolo en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia mediante el Decreto Ley 885 de 2017 para contribuir a fortalecer la participación de sectores sociales en la construcción de la paz. Una legitima inconformidad con el gobierno y el congreso de la República ha sido la no presentación y trámite del Proyecto de Ley de Garantías de Participación Ciudadana, que a la vez ha recibido críticas de las organizaciones por ser regresivo en algunos de sus aspectos, como por ejemplo, la pretensión de limitar el alcance de la revocatoria del mandato y las consultas populares.
En lo que respecta a la promoción del pluralismo político y luego del informe de la Misión Electoral Especial, el potencial transformador del acuerdo en este punto ha sido limitado sustancialmente. Las propuestas dirigidas a crear una nueva arquitectura electoral, hacer transformaciones de fondo a la financiación de la política y realizar cambios al sistema electoral que permitan mayor representación de sectores y territorios, hoy se encuentran prácticamente desaparecidas en los 13 artículos del proyecto de ley que logra sobrevivir en el campo minado de trampas, dilaciones y maniobras dirigidas por la triste figura del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, como peón de la ultra derecha.
Los elevados umbrales de afiliaciones para obtener reconocimiento legal y la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales después del año 2019, entre otras observaciones críticas relacionadas con la composición y elección del Consejo Electoral, la falta de controles efectivos a la financiación ilegal de la política, la negativa a incorporar nuevas medidas favorables a una mayor participación de la mujer y la juventud, representan la realidad de una reforma sin mayor profundidad. De ser aprobada finalmente, se rescataría de ella haber logrado las coaliciones, así no fuese exclusivamente para las minorías y el régimen de transición con listas abiertas hasta el 2022, fecha en la cual empezarían a regir las listas cerradas.
La reforma constitucional que permitiría por dos periodos la elección de 16 representantes adicionales a la Cámara por el mismo número de Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz (CETP), también ha sido víctima en la recta final de su aprobación del boicot electoral de los enemigos del acuerdo. La pretensión de excluir los votantes ubicados en los cascos urbanos además de agregar nuevas restricciones a los posibles aspirantes, tienen al borde del fracaso una de las medidas principales previstas para permitir que nuevas voces se integren al debate político nacional y se fortalezca la democracia.
La implementación de lo acordado en materia de acceso a medios de comunicación sigue pendiente en un contexto en donde los grandes monopolios informativos continúan actuando en la lógica del enemigo interno y la guerra. En síntesis, la consigna vigente de la apertura democrática y la lucha por garantizar la implementación de las medidas mínimas acordadas en el Acuerdo de Paz en este campo, constituyen sin vacilaciones una prioridad en la lucha social y política.
Sin apertura democrática ninguna paz estable y duradera será posible.
