La no presencia de la Fuerza Pública permitió la incursión en varias ocasiones de grupos paramilitares en ese territorio los cuales perpetraron masacres como la del 21 de agosto de 1999, determinó el Concejo de Estado.
La Sección Tercera del Estado condenó recientemente a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las omisiones en la protección de la población civil de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander. La no presencia de la Fuerza Pública permitió la incursión en varias ocasiones de grupos paramilitares en ese territorio los cuales perpetraron masacres como la del 21 de agosto de 1999, determinó el Concejo de Estado.
Fueron tres las incursiones paramilitares en la Gabarra durante el año 1999, el 29 de mayo, 17 de julio y 21 de agosto. Siendo esta última la que dejó la mayor cantidad de víctimas y desplazamiento. Además se cometieron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamiento de cientos de familias que se vieron obligadas a abandonar con temor y zozobra sus viviendas. En este sentido, después de 16 años del hecho, el Consejo de Estado manifestó la evidencia de la violación de los Derechos Humanos a los habitantes de este territorio. “Es así como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos que actuaba en el municipio de Tibú, frente a la inexistencia de seguridad pública”.
Antecedentes
Fueron consecutivas las masacres efectuadas por grupos paramilitares en la zona de La Gabarra y por esto fueron condenados algunos agentes de la Fuerza Pública, de mandos medios, sin que se haya dado todavía un adelanto en la culpabilidad de los altos medios. Sin embargo, a comienzos de octubre, la Sección Tercera del Concejo de Estado compulsó copias ante la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar para que investiguen la presunta participación y conocimiento de integrantes de la Fuerza Pública en los hechos que envolvieron la ejecución de las tres masacres.
En 2013, el Consejo de Estado anuló un fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que había negado la solicitud de la familia Cáceres Sanabria, la cual solicitó que la Fuerza Pública respondiera por omisión al haber permitido la incursión paramilitar y no haber hecho nada. En esa oportunidad, el Concejo de Estado argumentó que la responsabilidad en esta masacre no recaía en la Fuerza Pública.
Sin embargo, en esta ocasión, con la nueva determinación del Concejo de Estado, el Ministerio de Defensa deberá asumir la indemnización de las víctimas con millonarias sumas de dinero que, finalmente, son recolectadas de los impuestos que pagan los ciudadanos. Además de dejar abierta la investigación contra varios altos mandos militares.
Otros autores intelectuales
En septiembre de 2014 fue capturado en Panamá el “monstruo del Catatumbo”, Armando Alberto Pérez Betancur. Un capitán retirado del ejército conocido como alias “Camilo” que fue el segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- después de Salvatore Mancuso, en Norte de Santander, y que se encontraba prófugo de la justicia desde 2008 cuando un fallo de Tutela del Concejo de Estado le permitió robar la identidad de una de sus víctimas y huir del país.
Alias “Camilo”, se unió a las AUC cuando tenía acusaciones en su contra. Fue el que instauró el horror que marcó al Catatumbo entre 1999 y 2004. A él se le atribuyen los centros de tortura, hornos crematorios y cementerios clandestinos en fincas robadas por las AUC. Además de ser un corrupto en el trámite de documentos falsos que lo mantuvo huyendo de la justicia. En la cárcel afirmó que había pagado 15 millones de pesos en la Registraduría para que le anularan la cédula y le legalizaran la de José Ignacio Álvarez Díaz. Según la policía este es el nombre de una de sus víctimas que murió el 26 de julio de 2006.
En Panamá, y con una nueva identidad, vivía rodeado de lujos conseguidos por el control del narcotráfico que mantenía en la región. Además, ostentaba ser un gran empresario sin que en realidad lo fuera, situación que llamó la atención que dio su captura. El Monstruo del Catatumbo, debe responder por al menos 5.200 asesinatos en Norte de Santander. Pues contra este monstruo hay 81 órdenes de captura y 4 condenas por homicidio, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad que le suman unos 120 años de cárcel.
En 2005, el Concejo de Estado rechazó un recurso interpuesto por la Procuraduría donde se pretendía aunar todo lo actuado sobre las decisiones judiciales por la masacre de 36 personas en la Gabarra. El fallo del Consejo de Estado se expide paralelo a la investigación entregada por el Centro de Memoria Histórica realizado en el Catatumbo para la reconstrucción de la verdad: “Con Licencia para Desplazar”, el cual se abordará en una próxima entrega.
