Intimidaciones de un grupo armado ilegal, apoyado por las fuerzas militares y una empresa petrolera, buscan terminar con la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica ubicada en Puerto Asís, organización que ha trabajado por el desarrollo del territorio
Mauricio Quiñones
Los labriegos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA, en Puerto Asís, Putumayo, viven una problemática social debido al abandono del Estado. En el sector no hay inversión social suficiente, hay una situación general de pobreza, por lo que muchas veces los habitantes se ven obligados a sembrar cultivos ilícitos. Además, no existe voluntad política del Gobierno a la hora de implementar un proceso de sustitución voluntaria de estas plantaciones, que le permita a la zona llevar a cabo un plan de desarrollo en el que los habitantes cuenten con proyectos productivos y puedan mejorar sus condiciones de vida.
Esta situación es aprovechada por los grupos armados ilegales, en especial la estructura paramilitar Comandos de Frontera, CDF, quienes desde hace un tiempo vienen ejerciendo un control total del territorio y en 2020 desplazaron, intimidaron y asesinaron algunos miembros de las comunidades e integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica, Adispa, para impedir que se ejecutaran los proyectos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Según Arnobis Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, las amenazas contra Adispa ocurrieron durante el 2020, mientras la multinacional petrolera Amerisur nuevamente trataba de ingresar al territorio con fines extractivistas, pero la oposición de la comunidad, en cabeza de liderazgos como el de Jani Silva, no lo permitió. Esta vez es diferente porque los Comandos de Frontera en alianza con esta petrolera ordenaron la liquidación y desaparición de Adispa, y le prohibieron realizar cualquier función en representación de la ZRC Perla Amazónica.
Y es que en las últimas semanas, miembros armados de estos paramilitares han adelantado varias reuniones con juntas de acción comunal en diferentes comunidades, en las que manifiestan tener el apoyo de algunos sectores políticos y de las fuerzas militares. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, estos grupos han dicho que trabajan por el progreso de la zona, y por ende, ninguna organización ni habitante podrá ir en contra de los intereses de la empresa petrolera y todo aquel que quiera quedarse deberá cumplir sus órdenes.
Frente a lo anterior, la Comisión de Justicia y Paz manifiesta: “A pesar de los angustiosos llamados de las comunidades de Adispa y la ZRC desde hace más de un año al gobierno y al Estado de Colombia para intervenir desde el enfoque de seguridad humana nada se ha hecho”. Razones que obligan a diferentes organizaciones de derechos humanos a involucrarse en el tema y a trabajar por el sector, porque no hay una presencia del Estado que garantice la vida, inclusive estas bandas armadas operan en la zona sin temor por la presencia militar de la Brigada 27 de Selva y la Zona Naval Sur, quienes hacen patrullajes en ese municipio.
También desde Anzorc se ha buscado una reunión con el Ministerio del Interior y con la Agencia Nacional de Tierras para ver cómo se garantice la vida y el derecho a decidir sobre el uso del territorio, es decir, que prevalezca la zona de reserva. Al mismo tiempo, se ha solicitado cooperación internacional y ya se cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través de la campaña #DefendamosLaVida para exigir la protección de los líderes sociales.
Por ahora, las amenazas continúan y la Zona de Reserva Campesina sigue en peligro de perder a la organización que ha venido trabajando para garantizarle a sus pobladores el desarrollo social y sostenible, y que se ha opuesto a los intereses de la multinacional petrolera Amerisur.
