No basta la denuncia. Hay que exigir verdaderas garantías electorales; emprender una agresiva campaña pedagógica de nuestros electores, para ir limpiado el camino de esta plaga maldita y formar sujetos autónomos en materia de decisiones políticas y electorales para el caso que nos ocupa.
Rubén Darío Arroyo Osorio
La democracia formal que practicamos, además de no garantizar la participación política a los llamados movimientos y partidos minoritarios, se enturbia cada día más con prácticas perversas que configuran el espectro de la corrupción electoral, entendiendo esta como procedimientos que atentan contra el libre y legítimo ejercicio del derecho del sufragio del ciudadano, sea alteración, adulteración de la auténtica voluntad de los electores o falseamiento de los resultados.
Esta corrupción, del latín corruptus, podredumbre, desintegración, es agenciada y practicada por particulares miembros de partidos que han detentado el poder o por agentes del Estado incrustados en la maquinaria electoral para favorecer a sus colectividades y menguar la posibilidad de partidos y movimientos contrahegemónicos en el escenario político con programas y acciones que deslegitiman el monopolio y la imposición histórica que ha sostenido a las élites de la oligarquía, la aristocracia y sus esbirros.
Entre las formas de corrupción electoral en boga está la llamada trashumancia o trasteo electoral: inscribir las cédulas para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside. Tipificada como delito en el artículo 389 del Código Penal Colombiano, con penas entre cuatro y nueve años de prisión, que en conexión con el falso testimonio, sancionado por el artículo 442 del mismo código, se castiga con pena entre seis y doce años de prisión. Aun más: las altas cortes califican este adefesio como práctica maligna.
Nada de esto detiene a los gamonales del bipartidismo y sus aliados que además compran votos, reparten mercaditos, materiales de construcción, ron, pasteles y ungüentos, como decía el sabio de Sínope, o pan y circo, sin que las autoridades responsables de garantizar la transparencia electoral hagan acciones concretas y significativas contra estos bribones. Al día de hoy se han presentado denuncias por la MOE, la misma Registraduría y otras entidades relacionadas con esta asquerosidad de rufianes y “señores”.
En Saladoblanco y La Argentina (Huila), en Castilla Nueva (Meta), Albania (La Guajira), la Jagua de Ibirico (Cesar), Suan, Piojó y Juan de Acosta en el Atlántico y, según la procuradora delegada de asuntos electorales, María Eugenia Carreño, en 33 municipios del país se ha presentado “un aumento no convencional en el trámite de inscripciones de cédulas y actualización del cambio de residencia y alcanza 4% o más con respecto al censo electoral”.
No basta la denuncia. Hay que exigir verdaderas garantías electorales; emprender una agresiva campaña pedagógica de nuestros electores, para ir limpiado el camino de esta plaga maldita y formar sujetos autónomos en materia de decisiones políticas y electorales para el caso que nos ocupa.
