En las últimas semanas el país asistió a los paros cívicos del departamento de Chocó y del municipio de Buenaventura, el más importante puerto del pacífico colombiano, departamento del Valle del Cauca. Causas acumuladas e insatisfechas por el poder central desbordaron la paciencia de sus habitantes, que en miles de ocasiones escucharon las promesas y los planes demagógicos de los voceros oficiales. Ningún gobierno ha actuado con seriedad y compromiso ante los requerimientos de la población desesperada.
El Chocó no es solo el departamento más pobre de Colombia sino el más olvidado y abandonado por las políticas oligárquicas y centralistas del poder dominante.
En Buenaventura fue construido el principal puerto en el Océano Pacífico para servir a las exportaciones e importaciones en el marco de los Tratados de Libre Comercio, que mueve billones de pesos anuales, de lo cual nada queda para el puerto según dicen los promotores del paro cívico.
En ambos casos, la respuesta de las autoridades ha sido la misma, represión y más represión, nada de diálogo, los ministros no aparecen y por lo general envían desde Bogotá funcionarios de segundo nivel sin capacidad de definir planes y soluciones concretas. Van a tomar nota de las preocupaciones y demandas. El Esmad, desbordado, arremete contra la población, que exige soluciones y no promesas. En Buenaventura, la bestialidad de la policía dejó heridos y hasta niños afectados por los gases, mientras hombres y mujeres eran golpeados sin piedad. El pretexto fueron los saqueos y destrozos en almacenes y tiendas por gente desesperada. Nadie los promovió, fueron espontáneos y fruto de la ira popular. Mientras que en Venezuela son organizados por la oposición como parte de los planes golpistas contra el gobierno de Nicolás Maduro y son justificados por la “gran prensa” colombiana y el gobierno de Colombia. La famosa ley del embudo.
Las cifras son reveladoras, porque muestran el cuadro del abandono y de las necesidades insatisfechas.
En el departamento del Chocó hubo negociación del pliego el año pasado y nada se cumplió, pero sí muchas promesas. El hospital de segundo nivel, único de la región, entró en liquidación. Tiene apenas 209 camas para una población de 500 mil personas. Está ubicado en Quibdó con 115 mil habitantes. La mortalidad infantil es de 76 niños por cada mil nacidos (el promedio nacional es de 19 por mil). El 30 por ciento de la población no tiene ningún tipo de atención médica porque carece de afiliación a una EPS o al Sisbén. El 80 por ciento de la población es pobre, está en el rango de necesidades básicas insatisfechas. 352.257 habitantes de medio millón son considerados pobres. Tienen graves problemas de desnutrición. La educación es precaria y bastante limitada, mientras la clase política tradicional es de la más corrupta del país. El acceso a la electricidad, al gas y al acueducto es limitado. Las dificultades viales sean terrestres, aéreas, fluviales o marítimas son precarias
En Buenaventura la situación es similar. Sesenta por ciento de desempleo, 17 por ciento de analfabetismo, mortalidad infantil de 27.6 por mil y el 71 por ciento de la población urbana recibe agua entre 4 y 6 horas diarias. Es un municipio afectado por el narcotráfico, que genera crímenes, violencia e inseguridad. Son famosas las casas de pique donde los sicarios asesinan y despedazan a las víctimas. Son casos espeluznantes. No hay un hospital de segundo nivel. El que había fue cerrado por la corrupción. El servicio de alcantarillado urbano es del 60 por ciento y el acueducto del 76 por ciento, pero con las limitaciones del servicio de agua. Los bonaverenses son 400.000 que se declaran desesperados por la crisis social y el estado de abandono a nivel departamental y nacional.
Es un cuadro dramático que justifica la protesta de sus habitantes. El gobierno debe suspender la represión y escuchar las demandas de las comunidades, para adoptar un plan de contingencia para cumplirlo, sin demagogia barata y cínicas promesas. Debe cumplirse, sino las protestas se desbordarán y la única responsabilidad la tienen los gobernantes que no escuchan el clamor de los ciudadanos.
El país, las organizaciones sociales y populares deben levantar la voz de protesta por el abandono de estos compatriotas y exigir prontas soluciones. Son temas que deben incluirse en las protestas a nivel nacional y del paro cívico nacional que cada vez se impone más como una necesidad contra el desgobierno.
