La polémica propuesta de senador Antonio Zabaraín, va más allá de censurar las expresiones ciudadanas en las redes sociales
Simón Palacio
@Simonhablando
Non es la primera vez que en Colombia se intenta censurar la libre expresión. Lo hace el establecimiento para callar la oposición política al gobierno de turno o silenciar los medios de comunicación cuya línea editorial no representa a quienes ostentan el poder.
VOZ ha sido censurado de manera violenta, asesinando a colaboradores, persiguiendo periodistas, judicializando directores, sellando imprentas, allanando instalaciones o declarando ilegal su circulación por considerarla un riesgo para la seguridad nacional debido a su mordaz crítica a los gobiernos de la angosta democracia colombiana.
La censura proviene naturalmente, del poder Ejecutivo o el establecimiento militar, pero hoy la mordaza nace en el legislativo. El senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraíin, emprendió una fuerte lucha por acabar las redes sociales y en especial aquellas que critican al Gobierno nacional. Dijo el parlamentario de origen atlanticense: “Regularemos el uso de redes sociales. Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”.
La propuesta
Zabaraín, defensor de oficio del Fiscal Néstor Humberto Martínez en aquel debate inacabado de la oposición por el escándalo de corrupción que envuelve a la multinacional del crimen Odebrecht y al hombre más rico de Colombia, Sarmiento Angulo, propone regular las redes sociales después de ser objeto de críticas de la ciudadana manifestadas en ese escenario virtual. El congresista pretende elevar a categoría de delito las expresiones libres.
Califica como “resentidos sociales”, a quienes lo criticaron por su particular intervención en el debate a Odebrecth, y advierte regulación y sanciones a la ciudadanía en redes sociales. ¡Resentidos! es la expresión usada por la extrema derecha colombiana para señalar a quienes no comparten su tendencia ideológica.
Por eso las expresiones de rechazo a la iniciativa, no se hicieron esperar: “Su proyecto no va a ninguna parte, atenta contra el derecho constitucional fundamental a la libre expresión de las personas, para lo demás existen los tipos penales de injuria y calumnia”, opinó al respecto Rafael Darío Blanco en la red social Twitter. Otras opiniones aludieron al supuesto estado de alicoramiento de Zabaraín en el parlamento: “Al parecer el resentido social es usted que no admite que otros lo critiquen. Apreciado servidor público, sírvale al público y protéjanos de sicarios morales que quieren imponer su moral frente a los demás”, le dijo Amaury Guevara León.
Otro de los mensajes en las redes dice: “Los que votaron por usted para que los representara, deberían e arrepentirse de que un supuesto profesional los esté representando. Es usted una vergüenza, el solo hecho de querer regular lo que las personas libremente desean expresar es un atentado a la libertad”.
Los antecedentes
Pero más allá de las opiniones de ciudadanos en sus redes sociales en contra del parlamentario, el asunto de la censura tiene más tela por cortar. Ya su copartidario, Germán Vargas Lleras, siendo ministro del Interior pretendió en el primer Gobierno de Juan Manuel Santos, restringir el acceso a internet y regular contenidos.
En aquel momento, la llamada “Ley Lleras” se convertía en el primer intento de regular el acceso a contenidos en la red, sancionaba penalmente la “piratería” en la red, regulaba los derechos de autor y promovía la privatización de los servicios de internet. La iniciativa no alcanzó a llegar a ser ley gracias a la movilización ciudadana y por fortuna el intento de censura fracasó.
La conexión de proyectos
En la última semana de labores parlamentarias del pasado año, se conocía un proyecto de ley para modernizar el sector de las comunicaciones, pero en el fondo era otro intento por regular contenidos, con el agravante de abrir la puerta para desmantelar la televisión pública. Se trata del proyecto de ley Min-TIC, presentado por la actual ministra de comunicaciones Sylvia Constaín, y que de manera maratónica llegó a su último debate listo para ser aprobado en las sesiones extras del parlamento.
La pretensión de regular contenidos televisivos y acceso a internet lo denunció el periodista Santiago Rivas y otras personalidades de la televisión que hicieron causa común con los cibernautas y la oposición política a Duque en el parlamento para hundir la iniciativa bajo la consigna: Chao Ley Min-TIC.
Ello condujo a un debate amplio sobre la propuesta gubernamental, con lamentables consecuencias. La emisión del programa los Puros Criollos, emitido por el Sistema de Medios Públicos del país, RTVC, y presentado por Rivas fue sacado de la parrilla del canal Señal Colombia en retaliación a las opiniones del comunicador sobre el proyecto de ley. Quien decidió sobre la suerte de los Puros Criollos fue Juan Pablo Bieri, nuevo director de RTVC, un periodista con trayectoria en medios de comunicación privados y con evidente afinidad ideológica con el gobierno Duque.
Asunto de fondo
Zabaraín hace parte del grupo de parlamentarios que junto a la ministra presentaron la iniciativa, la defendieron en sus tres debates y eran los encargados de que a la media noche del último día de sesiones de la célula legislativa se convirtiera en ley.
El proyecto se detuvo parcialmente y se podrá presentar de nuevo en marzo próximo, gracias a la movilización ciudadana en las calles y sobre todo en las redes sociales. Eso justamente es lo que pretende poner en cintura el congresista de Cambio Radical.
Constaín ha sido empleada de las multinacionales Facebook y Netflix, y tiene muy clara la ruta del país en materia de comunicaciones y acceso a internet. Colombia, como país integrante de la OCDE pretende implementar su política en comunicaciones de manera paulatina en favor de la ampliación del mercado nacional para las multinacionales de la comunicación, y de una vez por todas dejar ese estratégico sector en manos privadas.
Lo que se juega
La censura no es ocurrencia de algunos parlamentarios de la bancada de Gobierno, es fruto de la decisión del país de adoptar un modelo de comunicación en donde el Estado juega un papel regulador de tarifas, ampliar las redes de conectividad y la obligación de garantizar la rentabilidad para las industrias culturales y rendimientos económicos a la producción de radio y televisión, nuez del asunto y del proyecto de Zabaraín. En contraposición a un modelo de comunicación amplio donde el papel de Estado sea el del impulso a la producción nacional de contenidos culturales y educativos, democratización del internet y la garantía de acceso a información.
Por eso este debate de censura a las redes sociales abarca mucho más que simplemente la idea de no ser auscultado por la ciudadanía, como lo sugiere Zabaraín. Es un asunto del monopolio de la información, la definición de contenidos y la restricción al acceso libre a la información y la sobrepuesta del mercado, hoy orientado por la OCDE, a los derechos sociales económicos y culturales de la ciudadanía.
