Un recetario de recomendaciones emitidas por las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos tiene un valor estratégico en los tiempos de crisis que enfrenta el proceso de paz
Hernán Camacho
@camachohernan
Cada semana se denuncia un nuevo ataque violento contra los defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, atentados contra excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, demuestra una falta de voluntad e instrumentos jurídicos a través de programas y estrategias de política pública para implementar el acuerdo de La Habana y en particular, aquel punto que trata de la sustitución voluntaria de cultivos denominados ilícitos. Ese sintético diagnóstico se complementa con la transversalidad del paramilitarismo.
Legitimidad de líderes
Por esa razón es que los defensores de derechos humanos recomiendan acciones de Estado casi inmediatas. Dicen los defensores, que el Gobierno nacional y todo el establecimiento debe consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente, zonas más afectadas por el conflicto armado con el propósito de profundizar el “respaldo y legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas”, igualmente articular sus acciones a los instrumentos de autoprotección como las guardias indígenas y cimarronas, y promover el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho en la constitución y el fortalecimiento de la cultura que los representa.
Legitimar el trabajo de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y las iniciativas políticas, económicas y sociales es el mejor vehículo de protección en contra del accionar paramilitar. De hecho, desarrollar el acuerdo de paz en lo que tiene que ver con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, hace que el desarrollo local y la superación de la guerra permita derrotar la compleja organización paramilitar en el país. Así como implementar íntegramente y de manera pronta los compromisos frente a su política con relación a los cultivos de uso ilícitos introduciendo cambios estructurales que permitan que los campesinos se puedan integrar plenamente a la economía legal en el largo plazo.
“El gobierno nacional debe comprometerse a la pronta y efectiva puesta en marcha de los programas y mecanismos contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en especial las relacionadas con la tipificación penal del delito de paramilitarismo, el cuerpo elite de la Policía Nacional, y las medidas de lucha contra la corrupción que permitan el compromiso de los gobiernos locales de combatir los grupos locales”, señalaron las organizaciones defensoras de derechos humanos en su informe del pasado mes.
Entes de control
Los defensores instan a entes de control como la Procuraduría a investigar e imponer sanciones administrativas en contra de funcionarios que profieran estigmatizaciones a líderes y movimientos sociales. Igualmente, realizar un seguimiento a las estrategias, programas y planes de las entidades públicas que tengan que ver con la implementación de los acuerdos de paz y en especial a las autoridades encargadas del desmantelamiento de las estructuras paramilitares y partidos políticos que hayan dado aval a candidatos o familiares incursos en investigaciones por vínculos con el paramilitarismo.
Responsabilidad de terceros
Un elemento sustancial del acuerdo es la verdad y con ella la necesidad de develar la participación de los empresarios en la constitución, financiación y expansión de grupos paramilitares. Dicen los defensores en su informe: “El Estado debe de manera pronta implementar medidas que permitan corregir los aspectos del sistema integral de justicia transicional que no se ajustan a las normas internacionales. Para ello, proponemos que sobre las disposiciones relacionadas con responsabilidad de terceros, funcionarios estatales no armados y responsabilidad de superiores militares de la fuerza pública que pudieran estar implicados en actividades de promoción o complicidad con los crímenes perpetrados por los paramilitares u otras graves violaciones a los derechos humanos, la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo adscrita en la Fiscalía General de la Nación, efectué de manera ágil y efectiva las investigaciones correspondientes”.
En búsqueda de la verdad, la comisión de defensores que explicaron el acuerdo fueron insistentes en que los archivos de organismos de inteligencia y seguridad del Estado y otras instituciones involucradas en el conflicto colombiano “sean de libre acceso a investigadores, organizaciones de derechos humanos, victimas y público en general, como medidas que contribuyan a la labor de la CEV y garantías de no repetición”.
Halón de orejas
La Fiscalía General de la Nación ha sido un palo en la rueda a la hora de echar a andar los procedimientos necesarios que apunten a desmantelar las estructuras paramilitares en todo el país. Según los defensores de derechos humanos, el ente investigador tiene responsabilidades urgentes y posee los instrumentos de investigación necesarios para dicho fin.
Por eso señala que sus deberes son: “Hacer pública la información relacionada con los casos resueltos correspondientes a los ataques a líderes y defensores de DD.HH. y su sistematicidad para así esclarecer los móviles que permitan alcanzar a quienes se benefician con este tipo de crímenes. La Fiscalía debe acelerar las investigaciones contra terceros financiadores del paramilitarismo, miembros de la Fuerza Pública favorecedores del paramilitarismo y funcionarios públicos, no armados que actuaron con colaboración o encubrimiento de estos grupos, incluidos todos quienes fueron objeto de compulsas de copias en el marco del proceso de la Ley 975”.
Llamado a las fuerzas militares
Los defensores de derechos humanos fueron tajantes en señalar la responsabilidad de las fuerzas militares en el fortalecimiento de los grupos paramilitares, por ello señalaron: “El Gobierno nacional debe establecer mecanismos de depuración de los miembros de las fuerzas armadas vinculados con hechos de paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos y someter a debate público la discusión de la doctrina de la seguridad nacional y la transformación de la fuerza pública. Se deben derogar de manera expresa los manuales contrainsurgentes que promueven la creación de grupos paramilitares, juntas de defensa o de formas de civiles armados y debatir públicamente sobre la modificación de esos manuales. Así mismo, se debe abrir un debate público, sobre la reforma a la ley de vigilancia y seguridad y aplicar las medidas necesarias para su regulación”.
Y una petición muy importante hecha al Gobierno nacional: la subrogación de la circular número 20182490205837 que es un instrumento para supuestamente garantizar de los defensores de derechos humanos que establece entre otros protocolos de protección de la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, mediante acciones de inteligencia militar a las organizaciones sociales. Una aberración.
