jueves, marzo 28, 2024
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Comisión Histórica: Relevancia e impactos

En la última semana se abrió el debate sobre la pertinencia de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, cuyos resultados son impugnados por algunos “opinadores” que los califican de inanes. La insurgencia ha reclamado estudiar y debatir el informe

Comision historica con negociadores en La Habana pag 3

Sergio de Zubiría Samper*

El comunicado conjunto Nº 40 del Gobierno y las FARC-EP, de agosto de 2014, conformó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). El Informe Final elaborado por esta Comisión fue entregado en La Habana el 10 de febrero del año en curso. Luego de diez meses de iniciado este proceso y tres de su entrega, son escasas las polémicas nacionales sobre su sentido, contenido, finalidad e impactos. Un síntoma más de la atrofia de la conciencia histórica que caracteriza a la sociedad colombiana actual.

Los esfuerzos académicos e investigativos han sido pocos y, con la excepción de algunos públicos universitarios y organizaciones de derechos humanos que han promovido su discusión, parece que aquella “peste del olvido” (García Márquez) o la “destrucción del recuerdo” (Theodor Adorno) imponen sus designios. Reconocemos que reducir los análisis a la prisa periodística contribuye poco a la profundidad exigida en un debate urgente para la paz de nuestro país, pero en medio de tantas soledades y tergiversaciones, es ineludible manifestarse. Tendremos que limitar nuestras reflexiones a la relevancia y los impactos de la CHCV.

Inquietudes sobre la relevancia

El mandato acordado por las partes muestra la madurez y profundidad que ha ido adquiriendo el proceso de negociaciones. El objetivo principal adjudicado a esta Comisión es “contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno”. Para la construcción de paz es necesario evitar las simplificaciones en su comprensión.

El Informe Final de la Comisión contribuye a mostrar la complejidad del conflicto más profundo y extenso del hemisferio occidental. Las preguntas orientadoras son de hondo contenido académico y se sintetizan en cuatro núcleos: a. Los orígenes y las múltiples causas del conflicto; b. Principales factores y condiciones que han contribuido a su persistencia; c. Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población; d. Las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el conflicto.

También se logran prever ciertos impactos, tales como “proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General”; será “un insumo básico para una futura comisión de la verdad” y debe contribuir a la “reconciliación” de nuestro país.

La construcción de la paz remite necesariamente a la memoria histórica, y la justicia que tendremos que crear está relacionada con la verdad y la memoria. Sin una memoria compleja de la historia del conflicto interno no será posible afianzar la paz. Necesitamos crear las condiciones de una justicia más allá del derecho, debemos transitar a una justicia restaurativa. Una justicia para la construcción de paz, centrada en las víctimas, tiene que explorar otros horizontes, desatarse de la justicia legalista.

Algunos de los supuestos para otra justicia son: a. El objetivo prioritario de la justicia no tiene que ser el castigo del delincuente, sino la restauración y reconstrucción de la destrucción plena causada en todos los implicados; b. Hay que construir pedagogías de construcción de paz que eviten la revictimización y el predominio de la venganza; c. La memoria y la verdad son determinantes en la restauración de los lazos de reconciliación; d. A las víctimas se les reconoce cuando se crean las condiciones de posibilidad para la verdad, la memoria, la justicia y la no repetición.

El Informe de la Comisión Histórica ha creado las condiciones para deliberar con profundidad sobre nuestra historia común. En términos de Walter Benjamin, las cerca de 807 páginas de este documento se levantan contra el historicismo servil y proponen “cepillar la historia a contrapelo”. Se oponen en cada párrafo a una historia narrada exclusivamente desde los vencedores y los privilegiados.

Permiten ir a contracorriente de la versión oficial de la historia, oponiéndole la tradición histórica de los oprimidos, de los sin voz, de las gentes del común. El Informe Final muestra la anónima faena de las víctimas y concibe la verdad como permitir la catarsis de su sufrimiento. En palabras de Theodor Adorno, no podemos despojar a “las víctimas de lo único que nuestra impotencia puede regalarles, la memoria”.

Impactos imperceptibles

A tres meses de su entrega formal ya empiezan a mostrarse algunos de sus impactos sociales, éticos y políticos. En medio del bloqueo mediático, la simplificación de algunos opinadores de lo no-público y la escasa voluntad por parte del Gobierno de su discusión, el público universitario y las organizaciones de derechos humanos han desatado múltiples foros de discusión sobre el Informe Final. En un trabajo algo silencioso diversas cátedras universitarias han promovido su apropiación y sistematización. El mundo verdadero de lo público nunca emerge en los medios de comunicación monopólicos.

Una de las discusiones abiertas remite a las responsabilidades sociales y éticas de los artífices del conflicto. En su investigación, el profesor Estrada ubica nueve responsabilidades colectivas: a. El orden social imperante. b. El Estado. c. La contrainsurgencia. d. Los poderes públicos. e. Las Fuerzas Militares y de Policía. f. Los partidos y organizaciones políticas de las clases dominantes. g. Los grupos económicos y gremios empresariales. h. Los Estados Unidos. i. La insurgencia armada.

Los núcleos del debate son claves para el fin del conflicto y se pueden agrupar en tres problemas. Primero, analizar qué tipo de responsabilidad ética cabe y cómo resarcir la culpabilidad cuando se trata de agentes colectivos. Segundo, decidir sobre la existencia de una jerarquía o prioridad en esas responsabilidades, o basta señalar que “todos fuimos igualmente responsables”. Tercero, acordar qué tipo de justicia y reparación debe promover una situación de responsabilidad colectiva.

Otras discusiones desatadas por el Informe de la CHCV, de hondo contenido político y que deben nutrir las negociaciones de La Habana, son las relativas al tipo de Comisión de la Verdad y no repetición que debe acordarse para la finalización del conflicto interno, el modelo de justicia acorde con la centralidad de las víctimas y el mecanismo pertinente para la refrendación de unos posibles acuerdos. El carácter y conformación de esa Comisión es definitivo para la construcción de una paz estable.

La contribución a un conflicto de tan intensa complejidad implica dos enseñanzas, que recordaba Verónica Barolsky, integrante de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, en su reciente visita a Colombia. El primer aprendizaje es siempre buscar soluciones propias para problemas propios. No importar modelos internacionales de manera acrítica. La segunda enseñanza: es mejor hacer ahora negociaciones más “duras” para no quedar con asuntos inacabados en el futuro, “como nos sucedió a nosotros”, reconoce Barolsky.

La complejidad, multicausalidad e intensidad de nuestro conflicto, como lo evidencia el Informe de la Comisión Histórica, exige soluciones propias del tamaño de su complejidad. Sólo un profundo proceso constituyente que enfrente las causas estructurales de nuestras violencias puede afianzar la paz en Colombia. No existe mayor impunidad que dejar intactas las causas de nuestro histórico conflicto.

* Integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

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