Colombia, una fosa común

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Labores de exhumación de cadáveres en el cementerio de Dabeiba.

La directora de Medicina Legal, Claudia García, revela una cifra escabrosa: En el país faltan aún por exhumar e identificar 200 mil cuerpos. Dice que es un estimativo. Pero es la cifra con la cual deben trabajar las autoridades

Alberto Acevedo

La noticia, divulgada a mediados de diciembre, dando cuenta de que, en el Cementerio Católico de Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, podrían encontrarse no menos de 75 cuerpos de personas sin identificar, conmovió a la opinión pública. Pero, además, puso de nuevo sobre la mesa, el tema de las desapariciones forzadas, los ‘falsos positivos’, un flagelo que ha sido recurrente en las últimas décadas, y que aun el país no supera.

Varios medios de comunicación reprodujeron un comunicado de la Justicia Especial de Paz, JEP, en el sentido de que este organismo judicial había iniciado en ese sitio, su primera gran exhumación. La diligencia fue ordenada después de que un grupo de militares asegurara que en el camposanto de Dabeiba enterraron a la mayoría de las víctimas civiles presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XI del ejército.

No es un problema del pasado

Los militares, ya condenados a penas de prisión por la comisión de diversos delitos relacionados con el hecho, admitieron haber asesinado y enterrado en ese lugar a no menos de 65 personas. Miembros de la JEP, al término de casi dos semanas de labores, y antes del receso navideño, indicaron que, en efecto, habían encontrado los primeros restos óseos, de al menos una decena de personas.

La noticia se conoció pocas semanas después de que un medio de prensa extranjero reveló el contenido de una circular del entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez, llamando a sus tropas a reportar resultados efectivos. Analistas recordaron que instrucciones similares recibieron antes los comandantes de brigada para que incrementaran el número de ‘bajas en combate’, lo que dio origen al fenómeno de los “falsos positivos”, en realidad ejecuciones extrajudiciales.

Lo que plantean los organismos defensores de derechos humanos, los que agrupan a las víctimas de los ‘falsos positivos’ y diversas organizaciones sociales, es que el mensaje que trae el operativo de Dabeiba, ligado a los últimos instructivos del Estado Mayor del Ejército, muestra que las ejecuciones extrajudiciales son un problema latente en la realidad política nacional.

No solo porque es la primera vez que la JEP pasa de la recolección de testimonios a la constatación in situ de un caso concreto de ejecuciones extrajudiciales, en dirección a la búsqueda de la verdad histórica. Sino porque la circunstancia misma ha permitido recordar que lo que se vive en el Cementerio de Dabeiba se repite con creces casi en cada municipio del país.

Antioquia a la cabeza

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, había solicitado con anterioridad decretar medidas cautelares en 17 lugares del país, en los que se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas, entre ellos la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango, también en Antioquia, la Comuna 13 de Medellín y el cementerio de Dabeiba.

Antioquia es el departamento con mayor número de desaparecidos en el país, al concentrar el 22.66 por ciento de los casos reportados, y al mismo tiempo el de mayor impunidad, con el 99 por ciento de casos sin resolver, ante la falta de resultados en las investigaciones.

La noticia del comienzo de las labores de exhumación en el cementerio de Las Mercedes, ha alentado a las víctimas y a organizaciones sociales a renovar sus pedidos de justicia y han aportado al debate nacional, cifras actualizadas del macabro drama.

Los cementerios, el epicentro

Han pedido que, en el caso de Antioquia, se investigue también los cementerios de Puerto Berrío y el Universal, de Medellín, donde podrían encontrarse muchos cuerpos de los desaparecidos de la Comuna 13 de la capital antioqueña. Según la alcaldía de Medellín, entre 2002 y 2012 ingresaron 906 cuerpos sin identificar, pero en este momento no se sabe el sitio exacto donde reposan sus restos. Aseguran que, en el caso de Antioquia, se ha reportado un total de 20 mil personas desaparecidas.

Desde La Victoria y Norcasia, en Caldas, piden igualmente una diligencia de exhumación de cadáveres. En Norte de Santander advierten que en esa zona hay 4.500 denuncias de casos de desaparecidos en cementerios de zonas de conflicto. En el cementerio de Cúcuta, se habla de 300 cuerpos sin identificar. El Instituto de Medicina Legal dice que desde 2015, ha rescatado 645 restos óseos, solamente en cementerios en zonas de conflicto. Los pedidos de abrir o reabrir investigaciones vienen desde el Catatumbo, el Meta, el viejo Caldas, San Onofre, de Colombia entera.

Una política de Estado

En este contexto, la directora de Medicina Legal, Claudia García, revela una cifra escabrosa. En el país faltan aún por exhumar e identificar 200 mil cuerpos. Dice que es un estimativo. Pero es la cifra con la cual deben trabajar las autoridades regionales, que refleja medio siglo de conflicto. Es una tarea colosal, asegura, que requiere recursos adicionales y un apoyo claro por parte del Estado.

García dice además que esta labor de esclarecimiento total no va a ser tarea de unas semanas o unos meses. Pasarán muchos años antes de que logremos identificar a todos los desaparecidos. Los familiares de las víctimas “nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es realmente lo que requiere este país para poder buscar los desaparecidos”.

Una reflexión inicial del operativo de Dabeiba y de cómo se refleja en el país, arroja unas primeras conclusiones: no se trata de casos aislados, como lo han querido hacer creer las autoridades castrenses, principales implicadas en estos casos. Se trata por el contrario de una política sistemática, selectiva, que no solo buscó descabezar al movimiento social y popular, sino que obedeció a una modalidad de ‘guerra interna’, en la que los luchadores populares fueron el objetivo.

Los falsos positivos fueron una política oficial, que obedeció a un mando central, para buscar resultados en la lucha contrainsurgente. En esa combinación de combate contra el movimiento social y popular y los grupos insurgentes, surgió el paramilitarismo como una política de Estado, enmarcada dentro de la doctrina de la seguridad nacional, aprendida por nuestros oficiales en las escuelas de entrenamiento norteamericanas. Es el trasfondo de un fenómeno que merece nuevas reflexiones de los estudiosos del tema.

País convertido en Fosa Común en 200 años. Caricatura de Calarcá.