Con el lema “Territorios con energía, construyendo paz para la nación”, 1.500 personas llegaron a la ciudad de Bogotá, para aportar en la construcción de paz, desde y con los territorios
Carolina Tejada
La segunda Asamblea Nacional por la Paz es el producto de una jornada de nueve meses de trabajo, en donde la Unión Sindical Obrera, USO, de la mano del movimiento social, el ministerio del Trabajo y el apoyo de la Universidad Nacional, lograron reunir a más de 8.500 personas en 43 asambleas subregionales y 12 regionales, con el ánimo de aportar en el tipo de paz que se debe construir desde los territorios en cada rincón del país.
Este esfuerzo concluyó con una jornada de tres días de trabajo, con la presencia de 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos representativos de Colombia.
La paz con los territorios
Como producto del trabajo colectivo, se dio a conocer una declaración política en la que los delegados y delegadas, abrazan por un lado los diálogos entre el gobierno y las FARC que ya cumplen tres años, y por otro lado, que la etapa de exploración entre el ELN y el gobierno culmine para dar paso a la fase de negociación.
Para los participantes, la paz debe tener un carácter integral con transformaciones políticas que democratice la sociedad y con cambios en el modelo socio-económico del país. Temas como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, fueron calificados como una forma de agravar aún más la ya menguada economía familiar.
La Asamblea llamó al gobierno nacional a parar los planes de privatización de Isagén y Ecopetrol; parar la fragmentación de Ecopetrol, y hacer que todas las reversiones pasen a manos de la petrolera estatal. Como sectores minero energéticos, comprometidos con el cuidado y la protección del medio ambiente, se exigió igualmente, parar la expedición de licencias ambientales en zonas de recursos hídricos y a Ecopetrol suspender los despidos de trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy, han sido despedidos por su vinculación sindical y su compromiso con los territorios.
Una política petrolera y minero-energética
La USO, desde hace varios meses venia promoviendo la construcción de una política minero energética que regule la explotación de los recursos en Colombia. Esta iniciativa fue aprobada por la asamblea, como una propuesta que defenderá el conjunto del movimiento social asistente, así se reflejó en la declaración final. “Es necesaria la aprobación de una nueva política petrolera y minero-energética en un escenario de una Colombia del siglo XXI, que incluya una política ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre las regalías y la misma renta”. Se acogió la propuesta de una Ley orgánica de hidrocarburos, “que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionadas con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impacto de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de la paz en Colombia”.
Llamado a respetar los acuerdos por la paz
Dados los últimos acontecimientos en la mesa de La Habana, la asamblea llama al gobierno de Juan Manuel Santos a respetar el carácter bilateral de estos acuerdos, las medidas unilaterales como el marco para la paz, el referendo, entre otras; que según mencionan los asambleístas, dificultan y prolongan la negociación. También instan a “suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes en tregua unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo”.
Se condenaron los hechos en donde fue asesinado el líder campesino y ambientalista Daniel Abril y la agresión de la fuerza pública contra el campesinado de Argelia, Cauca, que dejó como resultado un joven muerto y seis personas heridas. Desde una visión colectiva y con el sentido común que se vive en los territorios, la asamblea hace el llamado avanzar hacia la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyectos comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen los acuerdos de paz.
Igualmente se abogó, por la libertad de las 9.500 personas detenidas por razones políticas, además de alegar el derecho a la protesta como derecho a la “participación ciudadana; la identificación de las demandas que les motivan; y la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares”. En ese orden de ideas, exigen al gobierno y al Congreso de la República, revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta, la ley de seguridad ciudadana y la justicia penal militar.
Paz desde la movilización social
La jornada definió la constitución de la mesa social minero energética por la paz, que ponga en marcha las conclusiones de la asamblea, así como la legislación política minero-energética de largo plazo. Así mismo aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016 de una Cumbre de iniciativas de paz, unificando agendas. Al conjunto de los y las trabajadoras, se les llamó a desarrollar iniciativas por la paz y ampliar la coordinación con la Cumbre Agraria.
Con entusiasmo se convocó para el 9 de abril de 2016, una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos, bajo el lema: “Colombia quiere la paz, con democracia y justicia social”.
Finalmente se instó a los periodistas y editores a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia, e invitaron a titular en el sentido de que la paz de Colombia está cerca.
