Hernando López
La circunstancia de la cirugía de urgencia a Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no fue la única razón para que la organización política surgida del Acuerdo Final de La Habana, declinara la participación en la contienda para elegir el próximo Presidente de la República de Colombia, país donde la democracia es precaria, casi inexistente.
El partido de la FARC fue sometido a la persecución sistemática de la extrema derecha y de los paramilitares, que entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, en pleno vapor de la campaña electoral, causaron 64 asesinatos de excombatientes y familiares y dificultaron los actos públicos debido a la hostilidad, el saboteo y la violencia contra los mismos. “El acuerdo sobre No Repetición se está haciendo trizas con estos hechos inaceptables que desmienten el compromiso del Estado con el Acuerdo de Paz y con sus obligaciones hacia los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”, dice la Carta Pública del Partido Comunista Colombiano al presidente Juan Manuel Santos Calderón, divulgada la semana pasada.
El Consejo Político de la nueva fuerza lo plantea sin ambages al reconocer que iniciaron la campaña electoral a pesar que 600 excombatientes se encuentran en las cárceles, a la espera de que se les reconozca el beneficio de la ley de amnistía. Se metieron a la campaña sin garantías ni financiación y sin igualdad de condiciones con los partidos del establecimiento que gozan de ventajas y gabelas inconcebibles. A lo cual se suman los montajes y los novelones de la Fiscalía, orquestados por los medios de comunicación, “con cuentos y cuentas fabulosas e infundadas de la Fiscalía sobre bienes presuntos con claro tinte electoral”.
Las provocaciones del uribismo
También fueron obligados a suspender la campaña de forma temporal debido a los ataques violentos contra el candidato presidencial, por elementos del Centro Democrático, encabezados en algunos casos por destacados dirigentes como el senador Macías, así como del “periodista” Herbin Hoyos, el sujeto autodenominado “El Patriota” y otros matones de la caverna criolla, aupados por los folletines de la Fiscalía, los “informes especiales” de la “gran prensa” y hasta la actitud pusilánime del Gobierno que califica de simples abucheos los actos violentos contra la FARC y la izquierda, porque también atacaron a Aída Avella en Medellín y quisieron asesinar a Gustavo Petro en Cúcuta.
Así que quede claro que el retiro del candidato Rodrigo Londoño no es solo por la cirugía que tuvieron que practicarle de urgencia, por la falta de garantías. La prensa mentirosa quiere justificar la violencia con el cuento de que la gente no los quiere, que es la reacción por lo que hicieron los guerrilleros, pero ocultan la guerra sucia del Estado y sus paramilitares en tantos años, precisamente una de las causas del largo y trágico conflicto.
La violencia es contra la izquierda, alimentada por la escandola en radio y televisión sobre el castrochavismo y el peligro de que Colombia se convierta en otra Venezuela, como si aquí las cifras y estadísticas del terrorismo de la oligarquía y el hambre y la miseria que padecen millones de colombianos no fueran alarmantes. La campaña contra Venezuela no es más que la cortina de humo para tapar los graves problemas nacionales, de los cuales son responsables los que han detentado el poder en Colombia a sangre y fuego.
En los últimos cuatro meses han sido asesinados 224 activistas sociales y defensores de derechos humanos. Eso ocurre en Colombia y no en Venezuela. Con toda razón ya se habla de una crisis humanitaria en el país y que al Acuerdo de La Habana hay que agregarle un gran acuerdo político nacional de convivencia y reconciliación, de lo contrario el Estado colombiano será inviable en el concierto internacional. Se impone la convergencia democrática para ofrecer otra alternativa en el país.
El fin de la guerra
La guerra se paró con el acuerdo entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Ese solo hecho evitó más de tres mil muertos en el conflicto, pero el Estado no ha desmontado el carácter violento de la clase dominante, sea derecha o extrema derecha, unidos en el discurso contra el castrochavismo “para evitar a como de lugar que llegue a Colombia”. Precisamente por ello trataron de asesinar en Cúcuta a Gustavo Petro.
Acabar con la mezcla de política y armas, grita el establecimiento, las FARC dejaron las armas y se transformaron en partido político, pero este no renuncia a la violencia ni desmonta el paramilitarismo.
Precaria la democracia, mejor dicho, en Colombia esta no existe, porque los de cuello blanco gozan de impunidad. Sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora flamante senador, pesan acusaciones de haber participado en masacres, crímenes y otros delitos. Nada pasa, nadie lo investiga; y él, como si nada, insulta a todo el mundo y califica a sus contradictores de bandidos y delincuentes. El mundo al revés.
No hubo garantías en las elecciones recientes de Congreso. Los mismos con las mismas. Son los beneficiarios del clientelismo, del ventajismo, de la compra y venta de votos, de las gabelas gubernamentales y de la violencia. Continúa la segunda etapa de la campaña, en las mismas condiciones, el mundo tiene que poner los ojos en Colombia, la República Bolivariana de Venezuela no es el problema, es aquí en los límites de la República de Colombia que jamás ha conocido la plena vigencia de las libertades y de los derechos ciudadanos por cuenta de la oligarquía que la gobierna.
