Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación junto al pronunciamiento de la Procuraduría, revelan la corrupción de la clase política y su interés en las próximas elecciones
Hernán Camacho
@camachohernan
Al cierre de la inscripción de las listas del Congreso de la República, la Fundación Paz y Reconciliación, dio a conocer un informe sobre los nexos entre los clanes políticos regionales y la corrupción de Odebrecht y la parapolítica. El estudio analizó los políticos con mayor probabilidad de llegar al Congreso en las listas de los partidos tradicionales y los encartados judicialmente que aspiran a repetir curul o remplazar a algunos políticos que ya se encuentran con medida de aseguramiento intramural, como el caso de “Ñoño Elias” y Musa Besaile, quienes ya tienen herederos políticos.
Los clanes que allí aparecen iniciaron campaña en todo el país desde el pasado mes de noviembre. El partido político que mayores clanes indecentes tiene en su inventario es Cambio Radical seguido por el Partido de la U, Partido Conservador, Opción Ciudadana y Partido Liberal. La mayoría de estas familias políticas se encuentran en un proceso de reacomodamiento electoral, utilizando el trasfuguismo en cuerpo ajeno, con sus familiares más cercanos pondrán sus votos en otras colectividades y así afianzarán sus empresas electorales y afinarán sus métodos de despojo de rentas públicas.
Los herederos
Casi quince personajes envueltos en acusaciones criminales que van desde compra de votos, contratación indebida y hasta paramilitarismo serán los protagonistas del próximo debate electoral en la campaña de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical. “Dentro de los casos más vergonzosos se encuentra Richard Aguilar, candidato al Senado. Es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar, el padre de Richard, condenado a 9 años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar. Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012–2015, tras la captura de su padre y tiene varias investigaciones por temas de corrupción. Aspira a ocupar el cargo que deja su hermano Mauricio Aguilar, quien se desempeñó como senador del partido Opción Ciudadana”, señala el investigador Ariel Ávila.
Por los lados del partido de la U, se tienen nombres como Andrés García Zuccardi, candidato al Senado. “Heredero de la estructura política de los García Romero. Hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar. Su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, exjefe del cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro “el Gordo” García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000”, analiza el estudio.
Otros partidos
El Partido Liberal tendrá en su lista a Arleth Casado de López, quien es senadora por esa colectividad y aspira a reelegirse por primera vez. Arleth Casado de López es esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por el escándalo de la parapolítica que tiene nicho en el pacto de Ralito. Ella se encuentra bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia por recibir favores pecuniarios de la multinacional del crimen Odebrecht por la gestión que le adjudicaría a esta la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
Por el lado de los conservadores, pretende repetir curul Yamina del Carmen Pestana Rojas: “Es heredera de la estructura política de su hermano Pedro Pestana, condenado por sus nexos con grupos paramilitares en 2009. Ana Pestana, su hermana, es diputada en Sucre. y hace parte de la mesa directiva de la duma (2016-2019). En noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la senadora Pestana por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña en 2014”, señala la Fundación Pares.
La Procuraduría General de la Nación advirtió recientemente que existen diez candidatos al Senado inhabilitados para ocupar cargos públicos y aun así se presentaron en las listas de los partidos políticos tradicionales y cuestionados. “Los candidatos al Senado inhabilitados son: Diego Fernando Ospina Marulanda, Luz Adriana Padilla González, Raúl Antonio Narváez Macías, Moisés Reyes Reyes, Silvano Pinzón Barbosa y Martha Cecilia Salinas Paredes, del movimiento político Todos Somos Colombia; Ernesto Daza Sierra, de Cambio Radical; Alejandro de Jesús Herrera Bustillo, de Opción Ciudadana, y Luis Alberto Martínez Romero, del partido Todos somos Colombia”, señaló el Procurador Fernando Carrillo.
Estos mismos clanes lograron hundir la reforma política que pretendía cambiar las autoridades electorales, imponer el voto electrónico y propiciar instrumentos de sanciones a los partidos que incurrieran en actos ilícitos para acceder a cargos de elección popular. Lograron en la conciliación, último paso en el Congreso antes de la sanción presidencial, hundir las Circunscripciones Especiales de Paz por considerar que las 16 curules destinadas a las víctimas, se interpusieran en sus cálculos políticos.
En las próximas elecciones al Congreso de la República, el país se juega buena parte de la implementación de los acuerdos de paz. De un lado, el siguiente Congreso tendrá la responsabilidad de aprobar el Plan Marco de Implementación que consiste en la garantía financiera de todos los planes, programas y política pública para la reincorporación económica, social y política de la FARC, la transformación y el desarrollo agrario de las comunidades campesinas en el país y la modernización electoral, pendiente desde hace dos décadas.
Junto a la bancada de la FARC, los elegidos por el Polo Democrático y la lista de la Decencia, el país espera un equilibrio favorable a los cambios y la implementación de los acuerdos de paz.
