Clamor humanitario en la frontera

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Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, en Norte de Santander hay 309.877 de víctimas por desplazamiento forzado. Foto La Opinión

Durante dos días los pueblos que viven en la frontera colombo-venezolana analizaron la compleja situación en materia de derechos humanos, especialmente en la zona entre Norte de Santander y Táchira, donde persiste la disputa territorial de grupos armados legales e ilegales por el control de los cultivos de uso ilícito y la migración

Jhon Freddy Cabrera

En Cúcuta, Norte de Santander, se realizó los días 9 y 10 de septiembre el XII Congreso Fronterizo de Derechos Humanos: Los Impactos de la Movilidad Humana y Garantías de los Derechos Humanos para la Población en Situación de Desplazamaniento Forzado y Migrante. En el marco de este, se lanzó el Observatorio Regional de Derechos Humanos CPDH–FUNAVI. El evento que se desarrolló de manera presencial y virtual, tuvo lugar en el hotel Casa Blanca bajo estrictas medidas de bioseguridad y además fue trasmitido a través de nuestras redes sociales.

Durante los dos días participaron expertos internacionales, nacionales y regionales en garantías para el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado y población migrante. Invitados y panelistas reflexionaron e intercambiaron sus experiencias sobre la situación de Norte de Santander alrededor de la promoción, monitoreo y el análisis de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario desde un enfoque diferencial de género, étnico y transversal de flujos migratorios.

Aumento de la violencia

El Congreso analizó la compleja situación en materia de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, especialmente en la zona de frontera entre Norte de Santander y Táchira, donde persiste la disputa territorial de grupos armados ilegales y legales por el control de los cultivos de uso ilícito y los pasos fronterizos. Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, en Norte de Santander hay 309.877 víctimas por desplazamiento forzado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en su más reciente informe, Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2020, afirma: “Los cultivos de coca en la región del Catatumbo, integrada por los departamentos de Norte de Santander y Cesar, presentan una reducción del 4%; no obstante, su afectación continúa en los mayores niveles históricos desde que se inició su tendencia constante al incremento en el 2010, cuando se reportaron 1.889 ha. En el 2020 se reportaron 40.116 ha, es decir, 21 veces más que hace diez años. Esta región es la segunda más afectada, superada por la Pacífico.”

Eliana Zafra, presidenta del CPDH-Capítulo Norte de Santander, manifestó: “Norte de Santander está viviendo una crisis humanitaria y de derechos humanos, principalmente por la falta de la implementación del Acuerdo de Paz, que permitió que grupos armados, estructuras delincuenciales transnacionales, y grupos paramilitares ingresaron de forma violenta a controlar los territorios que antes ocupaba la reincorporada FARC.

“Nuevamente estamos viendo, desplazamientos forzados de carácter masivo, homicidios y feminicidios contra los liderazgos en los territorios, amenazas, aunado a la falta de protección de la población venezolana vulnerable que se ve inmersa en las conflictividades del departamento y del país. Por lo anterior, vimos la pertinencia de hablar sobre los impactos de la movilidad humana y la garantía de derechos humanos, para la población víctima de desplazamiento forzado y migrante”.

Aspecto del XIII Congreso Fronterizo en Cúcuta, Norte de Santander. Foto Equipo Comunicaciones CPDH

Seis años del cierre de la frontera

El cierre de la frontera colombo-venezolana el pasado 19 de agosto de 2015¸ que incluye los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unidad, cambió la vida social y económica y alteró la rutina diaria de cientos de familias que vivían en ambos países. Los pasos ilegales o trochas se convirtieron en la única opción para aquellos que, en busca de alimentos, medicina y trabajo, quieran cruzar la frontera todos los días. Estos pasos ilegales adquirieron mayor importancia con la pandemia, especialmente para los grupos armados ilegales que operan en la zona, y que han sacado provecho del cierre de la frontera imponiendo tarifas para cruzar a través de las trochas, las cuales varían, de acuerdo con la necesidad o al equipaje.

Según la Organización de Estados Americanos, OEA, “el cierre de la frontera generó una de las peores crisis migratorias” en el continente. Desde hace seis años, el éxodo de venezolanos ha sido progresivo.  En 2015 había 31.471 venezolanos en suelo colombiano; luego, en 2016, aumentó a 53.747. En 2017 subió aceleradamente a 403.702 ciudadanos extranjeros, pasando en 2018 a 1.174.743. Ya, para el 2019, subió a 1.771.237, teniendo, curiosamente, un descenso en 2020 a 1.729.537 y, hasta enero de 2021, se incrementó a 1.742.927.”

El observatorio de derechos humanos

Uno de los puntos más relevantes del evento, fue el lanzamiento oficial del Observatorio Regional de Derechos Humanos CPDH – FUNAVI, cuyo objetivo es la promoción, monitoreo y análisis de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Norte de Santander, a partir de la generación de conocimiento, transferencia y apropiación social de sus líneas de investigación desde un enfoque diferencial de género, étnico y transversal de flujos migratorios para la construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos.

Jairo Pachón, vicepresidente, de la Fundación Nacional de Víctimas de la Violencia y Constructores de Paz, FUNAVI, manifestó: “La complejidad de la violación de derechos humanos en la frontera y el departamento, ha generado la necesidad de implementar un observatorio regional que coadyuve y sea un referente para la investigación y análisis crítico de los derechos humanos, pretendiendo abarcar los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el medio ambiente, para lo cual, se pretende trabajar mancomunadamente con otras organizaciones, institucionalidad pública y cooperación internacional”.

Asistentes

El Congreso contó con el apoyo de la gobernación de Norte de Santander, Civil Rights Defenders, Universidad Libre seccional Cúcuta, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, ANDES, Corporación Juvenil Acción Comunitaria, Colectivo León Zuleta, Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana, Asodemuc, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, Asonamc, y la Colectiva Feminista ÁSHIRA.