El gobierno chileno intenta bajarle la presión a las movilizaciones sociales con paños de agua tibia, que no responden a la profundidad de la crisis. Vivienda, salarios, revisión de la política tributaria, democracia, inclusión social, revisión del modelo de desarrollo neoliberal, en la agenda
Ricardo Arenales
La semana pasada, las fuerzas políticas chilenas anunciaron un ‘acuerdo nacional’, en torno a un proceso constituyente, que procure la paz en el país y conduzca a la convocatoria de un congreso constituyente, del cual emane una nueva carta política que supere la actual, aprobada bajo los cánones de la dictadura del general Augusto Pinochet.
La expresión congreso constituyente no coincide exactamente con la de Asamblea Nacional Constituyente, que vienen reclamando las fuerzas que han protagonizado las movilizaciones que han sacudido a Chile en las últimas semanas.
Es necesario precisar que el acuerdo es respaldado por la casi totalidad de los partidos con representación parlamentaria. Esto incluye un abanico de 13 partidos, desde los que integran la Concertación Nacional, en el gobierno, hasta los del Frente Amplio, con matices de izquierda y centro izquierda.
Mecanismo excluyente
El primer problema de esta fórmula es que no incluye a otros partidos reconocidos, tampoco a los movimientos sociales consolidados ni a otras fuerzas de la sociedad, que tuvieron un notable papel dentro de las movilizaciones recientes y en la confección de una agenda de demandas sociales al gobierno de Piñera.
El acuerdo insinúa que el órgano de consulta constitucional que se propone podría estar integrado por miembros del Congreso de la República, sin definir siquiera cómo se escogieran. En todo caso, esos miembros serán seleccionados por los propios partidos reconocidos por el servicio electoral, los mismos que suscriben el acuerdo.
El organismo creado no podrá modificar sus procedimientos, por lo que queda amarrado a lo que acuerden los partidos; esos partidos además determinan el quórum, representatividad, reglamentos y tiempo de funcionamiento del mecanismo colegiado. Desde luego bajo los propios intereses de esos partidos.
Gatopardismo
La constituyente fue una demanda siempre presente a lo largo de las movilizaciones de los chilenos en las últimas semanas. Pero había otras, que tienen que ver con la creación de mecanismos universales de acceso a la salud y a la educación, sin costo, o a costos subsidiados. Vivienda, salarios, revisión de la política tributaria, democracia, inclusión social, freno a los apetitos desmedidos de las grandes corporaciones, en fin, revisión a fondo del modelo de desarrollo neoliberal.
Pero estas reivindicaciones, desde luego, no están contempladas dentro del acuerdo a que se llegó la semana pasada. Ni el espíritu constituyente es el mismo que reclaman los manifestantes en las calles. El presidente Sebastián Piñera acudió al tradicional gatopardismo, han dicho algunos analistas, en el que surgen teóricos del establecimiento que llaman a que algo cambie, para que todo siga igual.
El gobierno chileno intenta bajarles la presión a las movilizaciones sociales, con paños de agua tibia, que no responden a la profundidad de la crisis. El presidente anunció cambios de gabinete, mientras la gente pide que renuncie. Los ciudadanos dicen que no hay otra solución que una verdadera asamblea nacional constituyente, que constituiría una solución democrática y pacífica al conflicto.
