La principal organización sindical de trabajadores de la salud, Anthoc, denuncia que el gobierno ayuda a que las EPS se roben el dinero que les deben a los hospitales
Juan Carlos Hurtado F.
Los dirigentes nacionales de Anthoc orientaron iniciar el paro desde el 19 de agosto pasado, de manera paulatina empezando con los hospitales más grandes. Un día después ya eran 36 hospitales de tercer nivel en cese de actividades y 130 de segundo nivel; el resto se fueron vinculando gradualmente.
Algunas manifestaciones han sido agredidas por la fuerza pública y hospitales fueron ocupados por esta, como el de Kennedy en Bogotá, donde según Anthoc, se recibió la autorización del gerente Juan Ernesto Oviedo, para que el ESMAD agrediera. Ocurrió lo mismo en el Hospital de Lérida, en el departamento del Tolima.
Aunque el gobierno a través de los ministros de Trabajo y Salud ya anunció que la salud es un derecho fundamental por lo que no se debe parar; para Anthoc no todas las áreas son derechos fundamentales y son susceptibles de paralizarse. “Hemos desafiado al gobierno a que discutamos en los estrados judiciales si la responsabilidad del paro es nuestra o de ellos, quiénes entregan los recursos de la salud a los particulares, privatiza los hospitales e incumple las sentencias de la Corte Constitucional en materia de formalización laboral y carrera administrativa”, argumenta Yesid Camacho, fiscal de esa organización de trabajadores de la salud.
Aunque el paro es generado por algunos puntos laborales, el asunto de fondo es la privatización de los servicios de salud, que se consolida con la actual reforma. Sobre el problema el Fiscal de Anthoc explica: “Al Fosiga lo convierten en un banco que se llamará Salud MIA; un banco de tercer piso que manejará los recursos de la seguridad social en salud. Los cuentahabientes serán las antiguas EPS o los gestores de salud. El Congreso facilita a las EPS que se liquiden para hacerles el favor del robo. Solo hay que ver Saludcoop cuando fue intervenido estaba compuesto por alrededor de 20 instituciones, ahora la componen 76. Cogieron lo que quedaba del patrimonio y lo repartieron entre esas organizaciones de los mismos dueños pero con diferentes personerías jurídicas. Lo único que queda con ese nombre es la EPS, con menos del 5% del patrimonio que era de esa empresa. Será el pretexto para no pagar lo que deben a los hospitales que son tres billones de pesos. Los hospitales perderán ese dinero. El gobierno les legaliza el robo”.
