Suspendido complejo conflicto laboral en el que el presidente Evo Morales acusó de “golpista” a la COB y ésta lo señaló de “autoritario”
Alberto Acevedo
Treinta días, contados a partir del 23 de mayo, fue el tiempo acordado entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno del presidente Evo Morales, como especie de tregua para buscar una solución a la huelga que, especialmente los obreros mineros de ese país, mantenían desde el pasado 6 de mayo, en abierto desafío a la administración central, y que se tornó en uno de los conflictos sociales más complejos de los últimos tiempos en ese país.
El punto más álgido de la negociación, que llevó a la radicalización de las posiciones de las partes en el inicio de la protesta, fue la petición de que a los obreros mineros se les conceda una pensión de jubilación equivalente al 100% de su salario al momento del retiro, asunto que desde un comienzo fue rechazado por el gobierno.
La administración del presidente indígena alegó que los fondos de pensiones están desfinanciados y acatar una petición semejante, por justa que parezca, pondría en peligro cuantiosos recursos destinados a programas sociales, orientados a sectores aun más vulnerables que el sindical minero.
Vista en detalle la petición, según analizaron fuentes allegadas al gobierno, la reclamación de la central obrera resulta desproporcionada. La cuestión pensional, reclamada por la COB únicamente para los mineros, dejando de lado a miles de trabajadores que tienen salarios infinitamente menores y laboran en condiciones precarias, reclamaba un aumento pensional de ocho mil bolivianos (unos 1.449 dólares por trabajador), petición que después fue radicalizada a 40 mil bolivianos por trabajador (unos 5.747 dólares) en un país donde el presidente de la República gana 18 mil bolivianos, que representan un ingreso mensual de 2.500 dólares.
Una realidad en Bolivia es la existencia de una minoría de trabajadores mineros, privilegiada, que tiene salarios altos, producto del establecimiento del trabajo a destajo desde hace muchos años atrás. En contraste, muchos trabajadores, aun dentro de la minería, mantienen salarios insignificantes y no estuvieron representados en el actual conflicto.
Acusaciones
En estas condiciones, el conflicto impulsado por la COB no es la típica batalla sindical en la que se enfrenta a un gobierno que conculca los derechos de los trabajadores, sino una pelea de estirpe economicista para defender a una minoría.
El conflicto tuvo visos políticos que imponen la necesidad de reflexionar sobre el manejo que el gobierno deberá dar en el futuro a las relaciones con el movimiento sindical. En desarrollo de la protesta, el puente que comunica la carretera entre Oruro y Cochabamba, una neurálgica zona comercial del país, fue dinamitado. Los huelguistas intentaron tomar un aeropuerto en la localidad de Trinidad. Los líderes sindicales alentaron a otros sectores a la protesta y al menos un sector de la policía se insubordinó. El tono empleado por los huelguistas no se bajó del calificativo de “traidor” o “dictador”, contra el presidente Evo Morales.
El mandatario, por su parte, replicó en duros términos a los líderes de la protesta, especialmente a un sector de orientación trotskista en la cúpula de la COB, a quienes calificó de estar alentando un “golpe de estado” contra el gobierno.
La mano imperial
Y aunque no tiene buena presentación que un presidente de estirpe popular esté sindicando de golpistas a sus compañeros de clase, sí es cierto que al menos un grupo de dirigentes de la COB albergan tal posibilidad. El pasado fin de semana, el analista Patricio Montesinos publicó un artículo en el diario Granma, de Cuba, mostrando cómo hay líderes obreros bolivianos que entran como ‘Pedro por su casa’ a la embajada de Estados Unidos en La Paz, donde reciben instrucciones y remuneraciones para una campaña desestabilizadora.
La CIA y la Usaid han recibido el encargo de sembrar divergencias en la COB y delimitar una quinta columna para desestabilizar el gobierno progresista de Evo Morales.
El vicepresidente Álvaro Linera, en unas declaraciones el 20 de mayo pasado, fue el encargado de señalar a un sector trotskista de la COB como responsable de tal complot y advirtió que estos grupos, ligados a la embajada norteamericana, no lograrán truncar el proceso de cambios iniciado en el país en el año 2006.
Entre tanto, miles de campesinos cocaleros, mujeres y pueblos originarios, participaron en una vigorosa jornada de solidaridad con el gobierno boliviano, bajo la consigna de “defender la democracia y el proceso de cambio”.
La central sindical organizadora de la protesta aceptó, finalmente, la propuesta del gobierno de mantener una pensión equivalente al 70% del último salario, y otorgar el beneficio a los 30 años de labores, sin consideración de la edad del trabajador.
