Se rompió el cese de combates entre la guerrilla del ELN y el EPL y se agudiza la crisis humanitaria. En medio de las trochas y del retumbar de los fusiles, campesinos buscan salvaguardar sus vidas y le piden al Gobierno parar la militarización y adelantar diálogos de paz
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
La violencia en lo poco que va del 2020, se presenta como continuidad, escalamiento o agudización de antiguos conflictos que no han sido superados. El Catatumbo, en el Norte de Santander, es uno de esos rincones. Tan solo el 24 de octubre del año pasado, unas 865 personas, de 245 familias que habitaban en el municipio de Ábrego, fueron desplazadas. Para el mes de noviembre la cifra llegó a mil personas y este año, los desplazamientos aumentaron.
La situación humanitaria que se repite allí, tiene que ver con que, en los municipios de Ábrego y La Playa de Belén, hacen parte de las zonas que colindan o están muy cerca de la frontera con el vecino país de Venezuela. Allí actúan las guerrillas del ELN, el EPL y los grupos paramilitares, denominados los Pelusos. A sangre y fuego estas organizaciones armadas pretenden ganar el control del territorio, y así mismo, controlar la siembra de cultivos de uso ilícito, el procesamiento y comercialización de la coca.
VOZ dialogó con Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo. Según comenta el líder, la situación política y humanitaria de la región se ha ido empeorando y la guerra entre el ELN y EPL, también. “Primero hay que comprender que es una guerra que cumple dos años el próximo 14 de marzo. Es una confrontación armada que se da después de la salida de las FARC en armas del territorio y en la recomposición de esos actores sobre todo del EPL”, comenta Quintero.
Según las Naciones Unidas, ONU, el 2018 dejó unas 40 mil personas afectadas. Y, estos enfrentamientos en el último año se han ido recrudeciendo: “específicamente en los municipios de Ábrego, La playa y Hacarí, en la última semana esta situación se concentró en un sector de la zona rural de Ábrego, en particular en la vereda de La Arenosa, dejando un promedio de 45 familias desplazadas, unas 300 personas, hacia la vereda El Espejo, en el municipio de Bucarasica” comenta el líder.
Según expresó el Consejo Noruego para Refugiados, NRC por sus siglas en inglés, las personas desplazadas se reubicaron en dos alojamientos temporales. Las personas que huían de su territorio por miedo a los enfrentamientos entre los dos grupos, el ELN y EPL, tuvieron que caminar en medio de las balaceras, más de una hora por caminos para poder llegar a la vereda El Espejo, en Bucarasica. Ya estando en los alrededores del municipio que los acogió, a lo lejos se seguían escuchando los disparos.
El alcalde de Ábrego, Juan Carlos Jácome, aseguró a la prensa que “hay campos minados a unos cinco minutos de la escuela donde se refugiaron las familias oriundas de Ábrego. Incluso el dueño de una finca vecina ha perdido dos vacas por culpa de estas minas”, afirmó el alcalde. Paralelo a esta situación, tres tractomulas fueron incineradas por guerrilleros del EPL, en La Sanjuana y El Tarrita, en la vía que comunica a Ocaña y Ábrego. Y, en la vía que conduce al municipio de Convención, también incineraron un taxi. Situación que llevó a la suspensión del transporte público hacia el Catatumbo y Ocaña.
Al respecto, también cuenta, Juan Carlos Quintero, que “la situación al día de hoy domingo sigue siendo compleja. Hay un bloqueo a las comunidades de Hacarí, al corregimiento de la Vega de San Antonio de la Playa, hay desabastecimiento, hay constreñimiento contra la comunidad y está bloqueada la vía que de Hacarí conduce a la ciudad de Ocaña hace unos cuatro días”.
Mecanismos humanitarios y diálogo
Las organizaciones sociales y campesinas del Catatumbo, han venido insistiendo en la constitución de un mecanismo humanitario desde el 2018, a fin de darle trámite al conflicto que se presenta en el territorio. Pero, a pesar de insistir en la propuesta, dicho mecanismo no se ha adoptado: “Con la presidencia de Juan Manuel Santos estos mecanismos humanitarios no fueron autorizados por el presidente, luego con el presidente Iván Duque tampoco, esos mecanismos estaban en una comisión mediadora que se creó en el seno del Consejo Departamental de Paz y en una Asamblea Comunitaria que se realizó el 22 de abril del año 2018”, menciona Quintero.
Para el 2018, tal y como menciona el líder del Catatumbo, se había elegido una comisión para la constitución del mecanismo humanitario. En dicho espacio estaban “El Obispo de Tibú, un delegado del Consejo Departamental de Paz y un delgado de cada organización campesina e indígena de la zona del Catatumbo, junto con unos funcionarios de la gobernación”
Por otra parte, dentro de las mismas peticiones de las organizaciones sociales, indígenas, eclesiásticas y campesinas de la región, se les ha insistido a los actores armados “en que deben excluir a la población civil de esta confrontación y en el caso específico de la asociación campesina, esta semana vamos a plantear al resto de organizaciones sociales la necesidad de avanzar en lo que nosotros hemos planteado y es en la posibilidad de explorar unos mínimos o unos acuerdos humanitarios que permitan mitigar los impactos de la confrontación armada hacia la población civil. Se plantea esto porque vemos que con este gobierno no hay ninguna posibilidad de diálogo que permita resolver dicho conflicto” asegura el dirigente de Ascamcat.
Las versiones de los campesinos, es que el Gobierno de Iván Duque, no es un gobierno que permita el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos y sí, por el contrario, está muy interesado en continuar con el fortalecimiento del aparato militar y militarizar la región, sin que ello tenga ningún efecto sobre la tranquilidad, la paz y los derechos de la población.
Con militarización habrá más conflicto y violaciones a los DD.HH.
Por eso, para Juan Carlos, otro de los temas delicados es la insistencia del gobierno en la militarización. “Hay otro tema que se cruza con esta situación y es que tenemos una alta militarización. Recordemos que aquí, el presidente Iván Duque en el mes de octubre de 2018, inauguró la Fuerza de Despliegue Rápido, número 3, Fudra. Contrario a resolver los conflictos de forma dialogada, se sigue es promoviendo medidas de fuerza y ahora han anunciado la entrada de 400 hombres más al territorio.
Juan Carlos, se refiere a la decisión que, tras un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar la situación en la zona, se conoció que enviaran “400 uniformados más para el Catatumbo, que permitan garantizar la seguridad y combatir el microtráfico y narcotráfico, con un requerimiento especial para el fortalecimiento del corredor vial que comunica a la provincia de Ocaña. Se hará una sesión de la Comisión Interinstitucional de Respuesta Rápida a Alertas Tempranas para el seguimiento de la alerta temprana 024 de Ábrego y sesión del Comité Departamental de Minas Antipersona” entre otros elementos que se leen en una comunicación pública.
El fin de semana, luego del Consejo de Seguridad, el ELN, informó de un paro armado de 72 horas que realizarán desde el 14 de febrero. Con desilusión, asegura el líder que, en consecuencia “no se va a resolver la situación de la crisis humanitaria que tenemos, sino que por el contrario lo que va a ocurrir es que se va a profundizar. En el territorio queremos la paz, y eso es lo que le pedimos al gobierno y a los alzados en armas que escuchen”.
