Procesos de zonas de reservas campesinas respaldan El Catatumbo. Gobierno estrena fuero militar y dilata solución
Redacción Política
La asociación que agrupa los 54 procesos de reserva campesina, ANZORC, están, al unísono apoyando el proceso de negociación del Catatumbo. Los voceros de la Asociación divulgaron los intereses que hay detrás de la negociación con los campesinos y las motivaciones del gobierno nacional a no acceder a las peticiones, que en derecho, reclaman los campesinos. Un mes y una semana más de paro y sin soluciones.
El decálogo de requisitos para acceder a la resolución de aprobación de la zona de reserva ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, fue aprobado y revisado hasta los tuétanos pero se detuvo a última hora por orden del ministerio de Defensa, como lo indica la dirigencia de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.
Las razones del abandono
El veto ilegal impuesto por ese ministerio fue la razón para detener la resolución declaratoria de reserva. A la pregunta: ¿por qué el veto? La Asociación responde sin temores: “1.700 millones de barriles de crudo y 300 millones de toneladas de carbón por extraer son suficientes para entender que no quieren campesinos en la zona y la reserva va en contravía de esos apetitos”.
No hay en La Gabarra, uno de los corregimientos que conforma El Catatumbo, un hospital de tercer nivel y las comunidades llevan años pidiendo al Ministerio de Educación, un colegio para la ruralidad de ese municipio. En la región solamente el 27% de la población tiene agua potable, el 68% de las vías son tercerías, en las que el gobierno nacional no tiene injerencia. Todo junto hace inviable lo que el Gobierno considera un simple paro de campesinos iletrados.
Esto hace parte de las promesas incumplidas y de las necesidades insatisfechas en la región. Y si a eso se le suman los 14 mil desplazados, el 75% de pobreza en El Catatumbo, la sombra de nueve mil asesinatos a manos de los jefes paramilitares alias “Iguano” y alias “Mancuso”, las 32 mil víctimas del conflicto y el recuerdo de los falsos positivos, es una combinación que abona la entrada de las multinacionales que asechan.
Mientras la Mesa de Interlocución y Acuerdo no funcionó en los cuarenta días de paro, los viceministros delegados para la negociación, ni el ministro para el diálogo social dieron la talla y por el contrario con sus intervenciones ante los medios empantanaron las soluciones. “Los inamovibles del ejecutivo nunca pudieron justificarse con argumentos. Solamente dicen no a la reserva campesina, no intervención social y no terminación de erradicación”, concluyeron los campesinos quienes siguen en la carretera en espera de las propuestas para avanzar en el diálogo.
Al desfile de funcionarios del gobierno central en Tibú, se incorporó el vice presidente Angelino Garzón, que sin cambios en lo sustancial insiste en los desbloqueos para entrar en un diálogo profundo. Afirmaciones rechazadas por los voceros campesinos quienes siguen reclamando funcionarios con poder de decisión.
Denuncia internacional
De otra parte, ya se anunció en instancias internacional la denuncia de los actos calificados como brutalidad policial contra el campesinado que dejó cuatro labriegos asesinados en las primeras jornadas de paro. La CELAC y Unasur serán visitadas por los campesinos para exponer la problemática social y exigir desde allí al gobierno colombiano explicaciones por las actuaciones de la policía nacional en Ocaña y Tibú, donde los campesinos señalaron que se estrenó el fuero penal militar con sus muertos.
Con un agravante adicional, que la Organización de las Naciones Unidas, en un informe desde la zona se pronunció en el sentido de prender las alertas e iniciar serias investigaciones por los hechos ocurridos. El informe, que cuestiona el papel del Ministerio de Defensa, fue puesto en duda desde el gobierno nacional y los medios de comunicación al punto que llamaron “sapos” a esa organización.
El proceso nacional de reservas campesinas, no descarta que se unan a la parálisis del Catatumbo, en la medida en que el gobierno siga dilatando las soluciones. La solidaridad y el respaldo a las comunidades campesinas del Norte de Santander, desde cada uno de los procesos de reserva regados por el país es un catalizador para una pronta solución y el fortalecimiento de la figura enmarcada en la ley 1690 de 1994. El derecho a conformar la reserva campesina no puede estar en duda.
