Redacción DD.HH.
Cansados de la situación de orden público que los grupos armados insurgentes del EPL y ELN han generado en la región del Catatumbo, en donde la violencia ha venido imperando en los últimos meses afectando principalmente a los pobladores campesinos e indígenas del territorio, los cuales han sido víctimas del juego cruzado dejando como resultado personas heridas, otras más asesinadas, además del desplazamientos de varias familias que han tenido que dejar sus casas y fincas por el miedo y el terror, el pasado domingo 22 de abril, el pueblo del Catatumbo se reunió en el municipio de El Tarra en el departamento de Norte de Santander, en una gran asamblea comunitaria con el propósito de parar la guerra y buscar salidas a la crisis humanitaria, social y económica que vive la región.
Un llamado por la paz
A este llamado social asistieron, en el marco de una gran movilización por las principales calles del municipio que llamó de manera contundente a frenar la guerra, más de 6.000 personas, procedentes de los municipios de Tibú, El Tarra, San Calixto, Teorama, Hacarí, Convención, El Carmen, Ábrego, La Playa y Sardinata. Esta convocatoria se proyectó desde la Comisión por la Vida, la Reconciliación, y la Paz, integrada por varios sectores del movimiento social, campesino y comunal.
Luego de deliberaciones y de la reflexión sobre los impactos en el territorio de esta situación, la comunidad convocada sacó una declaración política en donde llaman a “parar la guerra en la región, porque esa guerra no es nuestra. Hemos padecido durante décadas diferentes formas de violencia y son nuestras familias, hijos e hijas quienes la sufren. Buscar salidas políticas y negociadas a la confrontación. Que en los espacios de mediación y diálogo que se generen para la búsqueda de estas salidas, se tengan en cuenta las decisiones autónomas que hemos tomado las comunidades, ya que ustedes, los grupos armados siempre han dicho estar del lado del pueblo, y hoy el pueblo les exige respeto”.
Crisis humanitaria
Y no es para menos, la confrontación entre estos grupos armados ya ha generado el desplazamiento, según cifras reportadas por organismos de derechos humanos, de cerca de 4.633 personas, además han reportado civiles muertos, y en el marco del paro armado desarrollado por el EPL, la economía y la tranquilidad de la región se han visto fuertemente afectadas. Esta situación ha sido calificada como de profunda crisis humanitaria y según un informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el impacto humanitario, más allá del desplazamiento y que cada día se ve en aumento, ha afectado al menos a unas 145.000 personas pertenecientes a 11 municipios de la subregión.
En otro comunicado, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, expresó su preocupación, pues aseguran que de la población afectada, aproximadamente 44.829 personas son niños, niñas y adolescentes y que unas 80 instituciones educativas se han visto afectadas por las restricciones de movilidad y por la profundización de las acciones bélicas entre los actores armados.
Es por ello que en la declaración pública de la asamblea, se exige, “levantar el paro armado de manera inmediata, para que la vida social, económica y productiva de la región se restablezca, y esperamos una respuesta pública a esta solicitud, a más tardar el martes 24 de abril, de lo contrario las comunidades harán corredores humanitarios para garantizar el acceso a nuestros derechos”.
Igualmente piden respetar los refugios humanitarios que se han establecido en la región como medida de protección de las comunidades y el desarrollo de los corredores humanitarios y misiones de verificación. E instan a “reconocer y respetar la vida, integridad y el trabajo que desarrollan los líderes sociales y comunales, las organizaciones e indígenas que integran la Comisión por la Vida, la reconciliación y la Paz. Suspender el minado de los territorios, se respete la labor de la misión médica, el acceso del derecho a la educación de los niños y niñas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Al Estado colombiano y al Gobierno nacional, quienes por décadas nos han olvidado, violentado, estigmatizado y ahora negado, exigimos 1. Reconocimiento a la Comisión por la Vida, la reconciliación y la Paz y garantizar su participación en los espacios de diálogo y mediación que desarrollen las rutas de trabajo propuestas. 2. Cumplir con los Acuerdos de Paz, y garantizar una participación activa y efectiva de las comunidades en la implementación de los mismos, para generar un desarrollo con enfoque territorial y diferencial. 3. Reconocer la difícil situación humanitaria, social y económica que vive la región y evitar una salida militar y de confrontación al conflicto, ya que esto solo agrava y agudiza la situación. 4. En lugar de seguir desconociendo al Catatumbo y su conflictividad, hacer efectiva la histórica inversión social negada a sus comunidades. Proponemos como ruta de trabajo, el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Realizar un gran encuentro regional por la convivencia, el desarrollo, la unidad, la paz y la reconciliación del Catatumbo, en la que se proponen como temas centrales: Sustitución de cultivos de uso ilícito, desarrollo con enfoque territorial, delimitación territorial. 2. Conformación de una Mesa Humanitaria, para tratar el respeto a los DD.HH. y al DIH, y acompañar los refugios humanitarios que se han establecido en la región como medida de protección de las comunidades, el desarrollo de los corredores humanitarios y misiones de verificación, avanzar en el desminado humanitario, permitir la intervención de los organismos humanitarios, establecer protocolos de levantamiento e identificación de cadáveres. 3. Desarrollo de la Comisión Humanitaria en cabeza de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz, con la participación de iglesias, Defensoría del Pueblo, personerías, alcaldías, gobernación, Procuraduría General, ONU, organismos y organizaciones de derechos humanos, Partido FARC, Gestores de Paz ELN, Consejo Departamental de Paz. 4. Como integrantes de la comisión de mediación y diálogo propuesta por el Consejo Departamental de Paz, se designa por parte de Ascamcat a Juan Carlos Quintero, por parte del Cisca el senador Alberto Castilla, por parte del MCP a José Edubin Ovallos. Las comunidades acá reunidas hacemos un pacto regional por la unidad, la paz y la reconciliación del Catatumbo.
