La sentencia contra líderes catalanes supone un insulto a la democracia, un ataque a fondo al sistema de convivencia pacífica, inmersa en el Estado de Derecho
Ricardo Arenales
Ni en la Constitución Política española ni en su régimen legal, la convocatoria a un referendo como tal, supone cometer ningún delito. Y, básicamente, lo que hicieron los dirigentes catalanes que acaban de ser condenados a penas de prisión entre nueve y trece años, bajo los cargos de sedición, es la convocatoria de un plebiscito en el que se consultó la voluntad popular en torno a un estatuto independentista, largamente acariciado en Cataluña.
Como advierten varios juristas españoles, con la condena judicial se consiguió torcer la ley, para criminalizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Además, la normatividad española establece otras vías, como las sanciones administrativas por desobediencia, y no por sedición, que es el paso anterior a la rebelión, figura que no existe taxativamente en el régimen legal ibérico, pero que el ultraconservador Partido Popular ha querido introducir en una reforma constitucional.
La sentencia judicial contra la dirigencia catalana es por tanto un acto de desproporcionalidad en la aplicación de la ley, similar al del homicidio en el quantum de la pena. Es una sentencia injusta, vengativa, contra un grupo de líderes que intentaron pactar un referendo, sin que los poderes centrales escucharan sus reclamos, y después lo llevaron a cabo sin garantías.
Democracia irreal
La sentencia supone un insulto a la democracia, un ataque a fondo al sistema de convivencia pacífica, inmersa en el Estado de Derecho, que ha salido fracturado con el fallo judicial. Un Estado liberal debe ser laxo en la contemplación de derechos fundamentales como el de opinión y de manifestación.
Los líderes de Madrid, haciendo esguinces para justificar la brutal represión vivida en estos últimos ocho días en Barcelona, dicen que en una democracia caben todas las ideas. Pero eso no es cierto. Las que intentan romper el statu quo de las élites en el poder, no caben en esa democracia.
Privilegiar el diálogo
Por esta razón, además, los condenados son esencialmente presos políticos, porque defienden proyectos e ideas que no encajan en los intereses de las elites en el poder, porque representan al pueblo catalán, y el pueblo con su voto respaldó la gestión de esos líderes hoy tras las rejas. El delito, pues, lo ha cometido el Estado, al descargar todo el peso avasallador de su aparato de justicia para castigar el sentimiento independentista de una franja considerable de población.
Esto lo han entendido así los catalanes, y por eso se han lanzado a las calles en la última semana, a expresar con ira el rechazo a una medida judicial que, además, abre un boquete para que cualquier protesta, como la de los reclamantes de vivienda, sean castigados por sedición. El problema inmediato es que la radicalización del movimiento independentista y la dureza de la respuesta del gobierno de Madrid, no permiten ver una solución sensata al problema. Las diferentes fuerzas catalanas representadas en el gobierno de coalición, deberán establecer una estrategia inteligente al respeto. En todo caso, la vía del diálogo es preferible a la de la confrontación.
