Libardo Muñoz
El alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, anunció que militarizará toda la ciudad, en un intento por neutralizar la acción del sicariato, los atracos y el pandillismo en los estratos bajos, registrados en las páginas de una prensa amarilla que circula sobre la base del sensacionalismo más ramplón.
La idea del alcalde actual estuvo en la propuesta electoral cuando textualmente dijo; “meteré el ejército a los barrios”’, al responder preguntas de varios periodistas sobre la alarmante inseguridad que se palpa en Cartagena, con más incidencia en zonas excluidas del desarrollo inmobiliario y turístico.
Hay barrios populares de Cartagena donde la guerra entre pandillas es asunto de la vida diaria, muchas calles están vedadas entre grupos separados por pocas cuadras, el microtráfico crece y casi no pasa un día sin que se produzcan asesinatos con gatilleros motorizados, a cualquier hora.
Con sólo anunciar la idea de militarizar Cartagena, el alcalde desató opiniones en varios sentidos. Los partidarios de esa medida, son los que ven afectada su forma de vida, su tranquilidad en los condominios, hoteles y zonas exclusivas y que en gran proporción están ligados al poder local, gobernación, alcaldía y cargos administrativos.
Otros sectores de la vida local, consideran que si bien la vigilancia es necesaria, el anuncio del alcalde lo que refleja es la impotencia y la desesperación de una clase que ha acumulado varias décadas de desigualdad, al aplicar un modelo económico que en Cartagena eliminó desde el gobierno de Barco hasta nuestros días, más de 60 grandes empresas, con la consabida ola de desempleo y desaparición de oportunidades.
Hay quienes opinan que si bien la pobreza no necesariamente produce delincuentes por sí misma, al menos crea en las mayorías una peligrosa sensación de marginamiento y que lo urgente en esta ciudad es inversión social, reducción de la pobreza y lucha contra el hambre en una ciudad que tiene 16.5% de desempleo.
No se habla en la alcaldía de Cartagena de programas de vivienda social, un barrio entero fue tragado por la tierra empantanada, la salud pública ya no existe, la educación sigue su curso privatizador, los servicios públicos privatizados hace rato, saquean los menguados ingresos de la comunidad, mientras la corrupción administrativa desvía enormes presupuestos en obras inconclusas como el Transcaribe, convertido en una auténtica burla a la comunidad.
