Caridad con uñas

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Dirección del Partido Farc en el ETCR ubicado en Mutatá, Urabá antioqueño.

Alberto Acevedo

La noticia tomó por sorpresa a no pocos observadores de la cosa política. La administración norteamericana, con el presidente Biden a la cabeza, están dispuestos a sacar a las antiguas FARC-EP de su lista de organizaciones terroristas. La notificación ya se hizo al Congreso, y de acuerdo a los protocolos norteamericanos, el anuncio es un formalismo frente al cual el Congreso no puede hacer nada que modifique la decisión ejecutiva. Lo que queda por esperar es cuándo se materializa la medida, que algunos medios de prensa de ese país vaticinan para los primeros días de diciembre.

Los detalles fueron suministrados a la prensa el pasado martes 23 por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “El Departamento de Estado hizo notificaciones al Congreso sobre las próximas acciones en relación con las FARC”, precisó. “Puedo confirmar que el gobierno envió hoy una notificación al Congreso, informándole que va a retirar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas extranjeras”. Sobre el Acuerdo de Paz dijo que “hemos hecho todo lo posible para preservarlo en cada etapa”.

La medida es parcial

Price, en conversación con periodistas, negó que Biden haya tomado una decisión final en este sentido, y se limitó a decir que se estaba revisando la política hacia el grupo guerrillero. Quien aseguró que el paso sí se iba a dar fue The Wall Street Journal, que aseguró, citando una fuente oficial, que el paso era inminente.

Otras fuentes han permitido traslucir entretelones del anuncio. Como organización insurgente, las FARC-EP quedarían por fuera de la lista mencionada. Pero una disposición sancionatoria que se aplica a nivel individual a los comandantes guerrilleros, en el sentido de que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos y restringido su acceso al sistema financiero internacional, esa no aplicaría todavía a nivel personal.

Un vocero del Departamento de Estado dijo que, si aún después de levantada la sanción, algún miembro de las FARC llega a Estados Unidos, podría ser capturado inmediatamente y sometido a un proceso penal, si existe alguna petición judicial en tal sentido, como es probable que exista.

Metiendo las manos

Pero, además, el anuncio fue aprovechado por las autoridades norteamericanas para informar de su decisión de incluir en la polémica lista de organizaciones terroristas, al menos a dos grupos guerrilleros colombianos en disidencia: La Nueva Marquetalia, que lidera Iván Márquez y el grupo que dirige Gentil Duarte.

La medida que, cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz beneficia a las desaparecidas FARC-EP, no es una concesión graciosa. Obedece, como era de esperarse, un cálculo político. La Casa Blanca quiere una mayor participación y protagonismo en lo que se denomina el proceso de implementación de los Acuerdos. Quiere meter la mano en momentos en que analistas nacionales y extranjeros consideran que el proceso en general fue ‘debilitado’ por la política de Duque, cuyo partido se trazó como objetivo ‘hacer trizas’ la paz.

Pero, además, porque en el quinto aniversario de los Acuerdos, la comunidad internacional se ha convertido de nuevo en factor de presión para la política internacional errática que desarrollan, tanto Washington como su aliado estrella en América Latina, el gobierno Duque.

Amplio respaldo a la paz

La visita reciente a Colombia del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, fue un espaldarazo al proceso de paz y a las herramientas jurídicas nacidas de los acuerdos de La Habana, como la JEP, la Comisión de la Verdad y otros instrumentos verdaderamente novedosos dentro del Derecho Internacional.

Gracias a la coordinación de Justice for Colombia, el 24 de noviembre pasado, desde Londres, Dublín y Belfast, 147 parlamentarios del Reino Unido e Irlanda destacaron en un documento conjunto “la importancia histórica de la firma de los acuerdos de paz suscritos en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP”. El documento además reitera “nuestro compromiso permanente de apoyar su plena implementación”.

También la visita anterior del Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, permitió notificar al gobierno de Duque, que a la Casa Blanca le interesa que se adelanten los compromisos en torno a la implementación de los Acuerdos de La Habana. Desde otras partes del mundo se produjo un verdadero plebiscito de respaldo al proceso de paz, a su implementación, a tiempo que se formularon críticas a la administración Duque por su desidia en el manejo de los compromisos adquiridos.

Intervencionismo

Independientemente de que algunos piensen que el anuncio de Washington en torno a las FARC puede ser loable, no hay que perder de vista que la inclusión del grupo guerrillero en la mencionada lista es un acto abiertamente intervencionista en los asuntos internos de otro país. Estados Unidos se abroga un derecho en este sentido, que nadie le ha conferido.

En el pasado reciente lo ha hecho con organizaciones revolucionarias, patrióticas, independentistas, como la ETA en España, el IRA en Irlanda. Hezbollá en territorios palestinos, e incluso contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, al que ha calificado de ‘terrorista’.

Pero ni siquiera el anuncio de liberación del cargo de terrorismo hacia la guerrilla colombiana es sincero. Si quisiera hacerlo de manera transparente, un simple acto ejecutivo del presidente, o del consejero Price, alegando que las causas para adoptar la sanción desaparecieron, hubiera sido suficiente.

O que se adopta la medida por razones de conveniencia para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hubiera sido un gran gesto, para aclimatar el proceso de paz, que la Casa Blanca dispusiera la liberación de Simón Trinidad. Pero no sucedió. Hasta en este anuncio no deja de haber un tufillo de intervencionismo en los asuntos internos de Colombia.

Según el citado The Wall Street Journal, en la toma de la decisión participaron varias agencias de los Estados Unidos, entre ellas la comunidad de inteligencia, el Departamento de Estados y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. “Sabemos por múltiples reportes que al menos el 90 por ciento de los desmovilizados han cumplido con los términos de los acuerdos y el reto para Estados Unidos es que no se les podía ofrecer ni un vaso con agua sin que eso se considerara apoyo a un grupo terrorista”, dijo la fuente consultada por ese medio periodístico.