El campo en el Plan Nacional de Desarrollo: Se institucionaliza el atraso

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Abandono de las comunidades campesinas sobre el río Guayabero. Foto Agencia Prensa Rural.

Los sectores más retardatarios del sector agrario serán los más beneficiados con la política de Duque en los próximos cuatro años

Redacción política

“Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural” es el título del capítulo sobre el campo y las tierras en el Plan Nacional de Desarrollo, PDN, del presidente Duque.

Los aspectos agrarios y del desarrollo rural en el PND se condensan principalmente en el pacto por el emprendimiento. El núcleo fuerte de la propuesta agraria para el país se puede definir como un pacto de desigualdad para el campesinado, poder para la gran industria y los dueños de la tierra en el país.

La hoja de ruta del Gobierno nacional en materia agraria se basa en el desarrollo en una alianza de hecho para el desarrollo productivo entre la gran propiedad y el capital financiero. A esta alianza, concurren actores del sector como la gran ganadería, el latifundio improductivo, los despojadores que ahora se autodenominan tenedores de buena fe, y la agroindustria en manos de los inversionistas internacionales. Coctel que pretende afinar el modelo empresarial y productor del campo.

Agroindustria y extractivismo

“Esta alianza desconoce el mosaico cultural de los pobladores rurales campesinos y comunidades étnicas, que se disputan el espacio con el capital rural-empresarial”, señala Jaime Osorno, experto en asuntos agrarios y planeación nacional. En el fondo se profundiza la tensión entre los modelos extractivistas y de agroindustria y el desarrollo rural integral para el campesinado colombiano. “El Plan le apunta a un proceso repotenciado de concentración de usos del suelo mediante la implementación masiva de monocultivos y la gran hacienda ganadera, como una forma de acumulación”, advierte Jaime Osorno.

Otro de los aspectos puntuales que presenta el Plan Duque es la estrategia de legalización para las transformaciones en los usos del suelo al servicio de grandes empresas agroindustriales. Por ejemplo, en la estrategia del Plan se dice: “Transformación productiva agropecuaria por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo de clústers y cadenas de valor agroindustriales”, lo que se traduce en la ampliación de los territorios del capital y consolidación de la inequidad de la tenencia de la tierra.

De igual forma señala que “las tierras que hoy reclaman campesinos víctimas del conflicto, y los territorios que se espera sean reconocidos como Zonas de Reserva Campesina o ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, son territorios que están dentro de los planes de expansión en plantaciones comerciales no alimentarias, afianzando la concentración de la propiedad entendida que ya no pasan solo por estar en pocas manos, sino también por la concentración por los usos que se le dan, los cuales determinan espacios territoriales que afianzan la vieja estructura agraria”, explica Osorio.

Derecho a la tierra

El derecho a la tierra y el territorio implica transformaciones en la redefinición de la política pública a partir de la participación y consideración de los campesinos como sujetos de lo público.  Lo ideal del primer Plan Nacional de Desarrollo luego de la firma del Acuerdo de Paz tendría que conducir a una política pública que reconociera la agricultura familiar asociada a la productividad, a la equidad social, al cuidado del medio ambiente, y a prácticas productivas culturales.

El reconocimiento de la agricultura familiar o campesina es el reconocimiento del campesinado como actor económico fundamental para los territorios; así lo explica Jaime Osorno:  “Una forma de materializar dicho reconocimiento es que los campesinos sean los protagonistas de la política de crédito y fomento agropecuario, así como las inversiones en bienes y activos productivos, tanto de capital público como privado, superando la tendencia asistencialista de los últimos años e iniciar un proceso de democratización del acceso y asignación efectiva de los créditos para los pequeños productores”.

Posición de la bancada alternativa

Aunque la bancada alternativa en el parlamento ya anunció su voto negativo a la concepción del Plan de Desarrollo, vienen anunciando micos que contiene el articulado presentado a las comisiones económicas el pasado martes. La senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella ha venido señalando que detrás de cada artículo hay un mico por acción o por omisión: “estamos estudiando artículo por artículo y vemos que solo beneficia a los tenedores de tierra y los negocios que hasta ahora no han podido hacer legalmente los acaparadores de tierras o los arrebatadores de baldíos”.

Pero además advirtió la parlamentaria: “¿Legalidad de la propiedad para quién? En el artículo 60 sobre la naturaleza y organización de la gestión catastral, se plantea transformar el catastro como un “servicio público”, las implicaciones de esta transformación pasan por trasladar las obligaciones del IGAC y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a las entidades territoriales, facilitando la contratación de operadores catastrales, lo que en últimas se traduciría en una privatización del manejo de la información y el registro predial, facilitando la legalización y formalización del despojo de los predios rurales del país”, denunció Avella.

En definitiva, existe un distanciamiento entre los postulados del PND con los propósitos constitucionales relativos a la garantía de acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a la protección de la producción de alimentos. La masificación de la agricultura por contrato rompe con el desarrollo histórico de las relaciones agrarias y la especial relación del campesino con el territorio. Es pura retórica el planteamiento de lograr un “emprendimiento agropecuario competitivo con el desarrollo sostenible”.

“Hay poca coherencia y correspondencia entre los retos del sector y las estrategias planteadas para el desarrollo productivo del país”, señala la senadora Avella que presentará una ponencia alternativa en las comisiones económicas que discuten el plan.

Síntesis de las propuestas del PND:

  • Se le resta importancia a la producción alimentaria por parte de las comunidades campesinas y se prioriza la producción agroindustrial no alimentaria por encima de la economía familiar.
  • Promueve la criminalización de la pequeña propiedad, legitimando y formalizando la gran concentración de la propiedad y acumulación de baldíos de la nación.
  • Hay poca coherencia y correspondencia entre los retos del sector y las estrategias planteadas para el desarrollo productivo del país.
  • Existe poca relación con la implementación del primer punto de los Acuerdos de Paz.
  • Hay un desconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional.
  • Existe un distanciamiento entre los postulados del PND con los propósitos constitucionales relativos a la garantía de acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a la protección de la producción de alimentos.

La masificación de la agricultura por contrato rompe con el desarrollo histórico de las relaciones agrarias y la especial relación del campesino con el territorio.

Es pura retórica el planteamiento de lograr un “emprendimiento agropecuario competitivo con el desarrollo sostenible”.