Tres voces autorizadas en asuntos del agro colombiano expusieron sus consideraciones alrededor de los impactos del Covid-19 en el campo, la economía campesina y el desarrollo rural
Claudia Flórez
Nury Martínez, dirigente agraria del sindicato más grande del país, Hernando Bejarano, también dirigente campesino de la región del Sumapaz, Sintrapaz; y el profesor Darío Fajardo, experto en temas agrarios y académicos de larga trayectoria en estos asuntos, analizan los problemas del campo y el coronavirus.
La cuarentena nacional obligatoria declarada como medida para garantizar el aislamiento social y lograr evitar la propagación del Covid-19, devela nuevamente los problemas que se presentan en el campo colombiano, para garantizar el necesario abastecimiento alimentario del país.
La persistente desigualdad, pobreza y el constante abandono del Estado al agro, se constituyen en obstáculos para enfrentar el reto de abastecer de alimentos, en un ambiente tan difícil como el actual. Es importante no olvidar que Colombia tiene 42.3 millones de hectáreas para el uso de la producción agraria, de las cuales el 80% se destinan a la producción ganadera, es decir, 33.8 millones de hectáreas, el 20%, o sea 8.5 millones de hectáreas se usan para la agricultura, pero solo 1.4 millones de ellas son destinadas a la producción de alimentos para el consumo en el país, las restantes 7.1 millones son usadas para la producción de grandes cultivos de caña, palma y café, que son exportados.
Las luchas campesinas, por décadas, han colocado como uno de los puntos primordiales la democratización y el acceso a la tierra, como también, el mejoramiento de las condiciones de vida. La tenencia de la tierra y el avance del latifundio nos muestran que el 0.4% de la población posee el 46% de la tierra. Mientras que cinco millones de campesinos se encuentran ubicados en 1.4 millones de ha., es decir, aproximadamente 3.57 ha. por familia campesina. Sumado a las difíciles condiciones que se presentan para la producción, el 65% no accede a la asistencia técnica, ni maquinaria, ni créditos. Se presenta un 15% de analfabetismo, el 80% de los niños no acceden a la educación, el sistema de salud es inexistente, sumado a la persistencia del conflicto armado y al asesinato sistemático de las y los líderes sociales, entre otros aspectos.
Dificultades apremiantes
Pero, ¿cuál es la principal dificultad que tienen los pequeños productores agrarios en tiempos de pandemia? El profesor Darío Fajardo responde: “La pobreza es la principal dificultad, no tienen tierras suficientes, no existen los medios técnicos, como semillas y otros insumos, además, las deudas los limitan para acceder a los mercados”.
Hernando Bejarano dirigente sumapaceño, opina al respecto: “El campesinado colombiano, que agrupa a pequeños y medianos productores, es uno de los sectores más olvidados y golpeados por las políticas económicas de los diferentes gobiernos, y obviamente, por la violencia. Hoy, los campesinos afrontamos una serie de dificultades ante la pandemia del Covid-19, al no tener garantizado un sistema de salud para este tipo de emergencias. Los precios de los insumos para la producción agropecuaria se han disparado; padecemos el olvido por parte del gobierno en las regiones más apartadas, a la hora de sacar los productos a los sitios de acopio y comercialización; asimismo, la falta de control en el acaparamiento y especulación que se presenta en los centros de consumo, elevando así, los precios de los alimentos de manera injustificada. Por otro lado, está la ausencia de condiciones de salubridad adecuadas ante la emergencia sanitaria, y todo esto es solo parte del panorama”.
La importación de alimentos es otra causa de preocupación para el campesinado. Eso lo expresa Nury Martínez, presidenta de Fensuagro: “Colombia importa millones de toneladas de alimentos, como maíz, arroz, lenteja, frijoles, entre otros productos, que en Colombia tenemos la capacidad de producir. Entonces, el gobierno debería eliminar los Tratados de Libre Comercio y apoyar la producción nacional con subsidios al campesinado. El gobierno es el responsable de la quiebra de los productores y debería crear un plan de subsidio real a la producción”.
Agrega que, si en la actualidad, ante tanta desigualdad y pobreza, los campesinos logran producir el 43% de los alimentos que consumimos, si existiera un real apoyo, el país entraría en otra etapa de desarrollo para que los campesinos y los consumidores gozaran de alimentos de calidad a menor precio.
El gobierno Nacional ha emitido una serie de decretos para mitigar la crisis en salud pública y la consecuente crisis económica. Los dirigentes coinciden que no son medidas adecuadas para garantizar abastecimiento y derechos de los campesinos y pequeños productores.
Asuntos de fondo
Para Fajardo, el país no está preparado para responder a la crisis, “estamos importando una proporción muy alta de alimentos con un precio muy elevado de las divisas, que no se esperaba, y con una caída fuerte del precio del petróleo, lo que limita las inversiones en servicios e infraestructura. El gobierno debe pensar en asegurar la dotación de tierras e insumos y financiar compras por adelantado, de las cosechas, y junto con ello fortalecer sus organizaciones”.
En cambio, el énfasis de Bejarano, ante esta adversidad es que el campesinado colombiano tenga la capacidad de producir los alimentos que demanda el consumo de los hogares y de las familias colombianas, siempre y cuando “el gobierno, en el marco de la emergencia económica decrete o genere medidas y políticas que requiere el campo colombiano para garantizar el normal abastecimiento de alimentos”.
Para los sindicatos, Fensuagro y Sintrapaz, se debería dar cumplimiento al artículo 65 de la Constitución Política que contempla que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras.
Las propuestas campesinas
Estas organizaciones proponen salidas para que el gobierno encamine sus esfuerzos para lograr el abastecimiento de las ciudades, pero también un impulso a los pequeños y medianos campesinos:
- Congelar los precios de los insumos de la producción agropecuaria en todo el territorio nacional.
- Congelar los precios de la canasta familiar y dar precisas instrucciones a las autoridades municipales y distritales para evitar el acaparamiento y la especulación.
- Establecer los mercados campesinos con rutas en doble vía para la comercialización de sus productos.
- Garantizar al campesinado unas condiciones de salubridad adecuadas ante la emergencia sanitaria, dotándolos de los implementos necesarios.
- Dotar de los elementos de protección al personal que distribuye alimentos, sean itinerantes o establecimientos creados para este fin, implementando protocolos.
- Establecer, a través de las secretarías de agricultura o desarrollo económico de los entes territoriales, la asignación presupuestal para considerar incentivos y seguros de cosecha que requiere el campesinado productor de alimentos.
- Establecer los controles sanitarios de movilidad que sean necesarios en el marco de la emergencia.
Los acuerdos de paz
Por otro lado, Fajardo asegura que el Gobierno nacional, en lugar de trasladar recursos al sector financiero, principalmente al grupo Sarmiento Angulo, debería asegurar dichos recursos para la implementación del punto 1 del Acuerdo de paz: Reforma Rural Integral, “se debe asegurar el abastecimiento alimentario desde las veredas hacia los municipios. Si esto no se hace será impostergable un gobierno de transición para asegurar la reconstrucción y fortalecimiento de la capacidad productiva de nuestra agricultura, hoy devastada”.
Lo mismo plantea Nury Martínez, en torno a que el actual modelo de política rural no puede asegurar el abastecimiento. Si el país sigue sin política de protección “seguiremos comprando alimentos muy caros; se debe cambiar la mirada y priorizar la producción nacional, no podemos subestimar el hambre de la gente; si queremos evitar los saqueos, el gobierno debe apoyar a los campesinos”.
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