El ejercicio de usurpación legal de tierras en Colombia a manos de multinacionales, empresarios y políticos es la radiografía del despojo en el país y una de las raíces del conflicto.
Mientras en El Catatumbo, los campesinos, ley en mano se movilizan por hacer cumplir la ley 160 de 1994, en la altillanura del Vichada, empresas como el Ingenio Riopaila Castilla, Ecopetrol, Cargill y otra docena acuden a maniobras leguleyas e interpretaciones jurídicas para adueñarse de baldíos destinados a los campesinos.
La renuncia del ex embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, es la punta de lanza política del problema de fondo: la disputa entre un modelo de desarrollo volcado a los megaproyectos de producción agrícola desde los dueños del gran capital o una economía campesina con desarrollo integral, asegurando la soberanía alimentaria de los colombianos.
Urrutia, el cerebro de la operación jurídica de la adjudicación ilegal de baldíos a las empresas nacionales y extranjeras, recibió el respaldo del Ejecutivo. El propio presidente Juan Manuel Santos, amigo personal de Urrutia, manifestó sin ruborizarse: “Está demostrando su talante y su gallardía al insistir en su renuncia para no prestarse a que su permanencia en la embajada sea utilizada para perjudicar al Gobierno por quienes quieren politizar el debate sobre el futuro del modelo agrícola que requiere la nación”.
Declaraciones que abren la puerta para el debate político, que perdió el Gobierno desde las acusaciones de la bancada del Polo Democrático en el Congreso de la República. Pero, sobre todo, revelar las maneras de apropiación utilizadas por las elites del país quienes acumulan capital de manera desaforada pasando por encima de las propias leyes.
El gobierno colombiano niega de plano una reforma campesina, niega contribuir al desarrollo rural con el impulso político y administrativo de las zonas de reserva campesina, como lo ha demostrado hasta el cansancio con los “no” en la mesa de conversaciones con las FARC en La Habana. Y sin embargo, alista un proyecto de ley que rectifique el “enredo legal”.
Cada gobierno aplica su fórmula. En el pasado gobierno de Álvaro Uribe, el programa Agro Ingreso Seguro fue la manera de entregar subsidios a empresarios, quienes parcelaron sus propiedades para encuadrar en los beneficios del programa, que tiene hoy en juicio a la cúpula de Ministerio de Agricultura de la época, en cabeza de Andrés Felipe Arias.
Pero estas no son las únicas fórmulas del despojo. Narcotraficantes y paramilitares, brazo armado de políticos regionales, también acumulan tierras en la altillanura, con el método del testaferrato. Las acusaciones hechas en plenaria de la Cámara por Iván Cepeda son prueba de ello. Allí se reclama a las autoridades judiciales su omisión a investigar la adquisición de un millón de hectáreas por el zar de las esmeraldas Víctor Carranza.
Luis Carlos Sarmiento Angulo se tomó la altillanura y en beneficio de sus negocios torció la ley por medio de conceptos jurídicos carentes de sensatez, rigor legal e interpretación. El gesto del gobierno a ese respecto: callen y tapen.
