Cali, sucursal de la resistencia

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Pese a lo vivido durante semana y media, el pueblo caleño tiene el firme propósito de continuar luchando por las causas justas que llevaron a su levantamiento. Foto Anllel Ramírez

Los acontecimientos de los últimos días dan cuenta de la sistematicidad de un plan de agresión y represión en contra de la protesta social. ¿Por qué la capital del Valle del Cauca es el epicentro de la resistencia?

Anllel Ramírez
@RamirezAnllel 

Tras dos semanas de paro nacional, Cali sigue siendo el foco de la resistencia. Pese a los esfuerzos de los gobiernos local, departamental y nacional por minar la moral de quienes protestan cada día, el paro continúa. Se cuentan aún 12 puntos activos de manifestación y múltiples actividades que, día a día, siguen mostrándole a Colombia y el mundo, que la indignación aumenta.

Es sabido que desde el 28 de abril, cuando fue anunciado el paro nacional, el gobierno tomó medidas restrictivas y represivas para frenar lo que hoy se denomina ‘estallido social’; de ello dan cuenta los ocho asesinatos en el territorio nacional por parte de la Policía en el primer día de protesta.

Sin embargo, hasta el momento, todas las estrategias de terror, persecución y violencia desarrolladas por las Fuerzas Armadas por medio de acciones directas contra la población y amplificadas por los medios corporativos de comunicación, han fallado. Por el contrario, cada mala decisión, se convierte en un argumento más para seguir en las calles exigiendo transformaciones que posibiliten tener una vida digna.

Cali, en ese sentido, no es una excepción. Han sido muchos los asesinatos a manos de la Policía, el ESMAD y lo que en otrora el alcalde Jorge Iván Ospina llamara “Brigadas y Redes de Seguridad Ciudadana”, tras el asesinato de un deportista en el Cerro de las Tres Cruces el pasado 18 de abril, que no es otra cosa que una venia a la conformación y consolidación del paramilitarismo urbano, aupado de diversas maneras por el ministro de Defensa Diego Molano y por el exsenador Álvaro Uribe Vélez cuando, en múltiples ocasiones, han instado a que la “gente de bien” tome decisiones frente a la situación actual.

Sumado a lo anterior, está la petición por parte de este último a que se apoye “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal y del terrorismo vandálico” y la solicitud de la gobernadora Clara Luz Roldán a que se obtenga de la manera que sea necesaria la “tranquilidad” en el Valle del Cauca, llegando, bajo ese pretexto, a cerrar las vías de acceso al departamento.

“Acción militar contundente y sostenida”

Por medio de discursos que no solo legitiman el uso de armas no convencionales en el marco de una protesta social, sino que degrada y sesga las razones por las cuales realmente se está saliendo a las calles, se lleva a cabo lo que Iván Duque denominara “el mayor despliegue” de fuerza pública disponible para Cali y lo que Uribe entiende como “seguridad institucional y política social”.

De esta forma cada día de paro, el Gobierno nacional justifica no solo su accionar homicida, sino el de civiles armados y policías infiltrados contra la protesta. Tal cosa ha derivado, según Temblores ONG e Indepaz, en el silenciamiento de 35 manifestantes en la ciudad desde 28 de abril hasta 8 de mayo, la mayor cifra en todo el país desde que arrancó la protesta.

Lo vivido estos últimos días en el territorio da cuenta no solo de la evidente búsqueda por “tomar el control de la ciudad” de la forma que sea, sino de la sistematicidad presente en los ataques a manifestantes como parte de un plan de agresión y represión coordinada que ha desencadenado que población civil de estratos altos, ligadas a las redes del narcotráfico, se asocien de forma directa con las Fuerzas Armadas para arremeter de forma sorpresiva y simultánea contra diversos sitios de concentración. Ello ha ocasionado no solo la muerte de varios protestantes, sino también el arresto o búsqueda de judicialización de los mismos cuando, al ser atacados y heridos, se dirigen a los centros médicos.

De ello, quedó en evidencia el ataque contra la Minga Indígena por parte de la burguesía caleña que, acompañada de la Policía Nacional, propició varios disparos que dejaron nueve heridos, entre ellos, la joven Daniela Soto, perteneciente al CRIC-Mujeres, por doble impacto de bala en su abdomen.

Estos hechos ocurrieron después de que Harold Secue, autoridad indígena, manifestara amenazas racistas y clasistas en su contra. Así mismo, en la noche del 9 de mayo, fueron hostigadas las y los protestantes del punto Meléndez por parte del ESMAD, en donde retuvieron a Alex Bolaños, de 18 años, sin dar cuenta de su paradero y levantando de manera violenta dicho punto.

Casos parecidos se han vivido en varios lugares de Cali desde el 2 de mayo, cuando a diferentes horas del día atacan a quienes se encontraban haciendo presencia en los bloqueos (principalmente a los brigadistas de salud, defensores de derechos humanos y la “Primera Línea”), o a quienes continúan participando de las marchas y las actividades culturales y artísticas que se proponen con el fin de visibilizar la masacre de la cual está siendo víctima el pueblo colombiano.

Resistir para luchar, luchar para transformar

Pese a lo vivido durante semana y media, el pueblo caleño tiene el firme propósito de continuar luchando por las causas justas que llevaron a su levantamiento. Se han resignificado espacios y se ha reivindicado el derecho constitucional a alzar la voz. Es por ello que se ha establecido todo un ejercicio organizativo barrial y popular que le ha permitido a la gente de a pie escucharse, tejer lazos y establecer peticiones mínimas para que se genere cualquier tipo de diálogo con el Estado.

No más muertos, es la exigencia común. Para ello, se pide la desmilitarización de Cali; que se activen mecanismos para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada (a la fecha, faltan 124 compañeros); respeto a las y los garantes de derechos humanos; libertad inmediata de todas las personas detenidas; que el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán admitan la responsabilidad política de su silencio cómplice e indiquen cuáles son las instituciones que señalan como “halcones de la muerte” para que hagan una denuncia formal frente a la fiscalía.

Que se establezca una comisión de la verdad que permita conocer lo ocurrido en todos los puntos donde hubo crímenes de Estado; y finalmente que exista un compromiso de no persecución judicial, penal y disciplinaria para todas las personas que hicieron parte del paro nacional.

Niños, niñas, jóvenes, adultos, organizaciones sociales, populares y culturales están dispuestas a hacerse escuchar. Son la primera plana de muchos medios. Unos que cuentan lo que les conviene, otros que cuentan lo que realmente pasa. Pero ambos deducen lo mismo: el miedo ya no existe, el miedo ya no es una opción. El miedo se agota cuando en las calles, ven en ojos ajenos las mismas necesidades y la misma rebeldía.