Cadena perpetua

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Renata Cabrales

Un nuevo feminicidio de una menor conmueve al país. El pasado fin de semana, la adolescente Liyen Moncada Cubides, en Santander, fue baleada en su casa. Su padrastro es el presunto responsable. Al parecer, la joven ya había denunciado al hombre por abuso sexual. Este hace parte de una serie de asesinatos de niños y niñas, como los casos bastante mediáticos de Sofía Delgado en el Valle del Cauca y Alexis Delgado en Cundinamarca y traen de vuelta el debate sobre la cadena perpetua en Colombia.

El populismo y la hipocresía de los partidos de derecha se manifiestan al hacer proselitismo político con el apoyo de los medios amarillistas. Hacen escándalos por un par de casos, no por interés genuino, sino por conveniencia, ya sea por cortina de humo o por hacer quedar mal al gobierno progresista de Gustavo Petro.

En Colombia, históricamente, ha habido feminicidios e infanticidios. Los gobiernos antecesores no han hecho nada, además, literalmente, han dejado morir de hambre a miles de niños y niñas en regiones abandonadas del país.

Los expresidentes corruptos también deben pagar por su negligencia. Según El Tiempo, “Durante el 2020, en Colombia, 579 menores de edad fueron asesinados; 56 tenían entre 0 y 4 años. Muchos de los victimarios son sus propios padres. Expertos lamentan que la sociedad haya normalizado la violencia contra los niños”.

Muchos de estos feminicidios contra menores de edad pudieron ser evitados con el solo hecho de que la justicia actúe a tiempo y a cabalidad. Por ejemplo, en los casos de Brayan Ocampo, el responsable del crimen de la menor Sofia Delgado había estado vinculado a un proceso por abuso sexual contra otra menor de edad, en el año 2018. A pesar de las pruebas, el agresor se encontraba en libertad.  Este caso es comparado con el de la niña Michel Dayana González, de 15 años de edad, quien desapareció el 7 de diciembre de 2023 también en Cali. Su verdugo también tenía un reporte del año 2019 por abusar sexualmente a una menor de edad.

Lo cierto es que la cadena perpetua no es la solución a esta problemática social. Lo más sensato es tomar acción con el fin de evitarlos, con el solo hecho de que la justicia actúe de manera eficaz y no permitir que criminales que ya han sido denunciados queden en libertad por “vencimiento de términos” y vuelvan a reincidir cuantas veces la justicia ciega se los permita, como en el caso de César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, presuntamente autor del feminicidio de Alicia Mercedes Ribaldo, de 16 años, asesinada con una escopeta en 1979, accionada por Lorduy que tenía 23.

En su última columna, Yolanda Ruiz afirmó: “Más que cadena perpetua, hay que acabar con la impunidad”, además, agregaría que hay que seguir también con la lucha feminista contra el patriarcado y su ideología machista, responsables de la barbarie contra mujeres, niños y niñas.

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