Las pocas reivindicaciones que obtienen los gremios populares, sindicatos u organizaciones barriales o regionales, requieren movilizaciones en las calles, carreteras o plazas públicas, después de pagar las cuotas de sangre y muertes que generalmente dejan esas manifestaciones.
José Ramón Llanos
La responsabilidad de la parálisis parcial del país debido a los paros de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, es del Gobierno nacional. Absolutamente todos los mandatarios colombianos maltratan al pueblo, especialmente a los trabajadores, campesinos y a la clase media.
La historia demuestra que todos los gobiernos aplican políticas orientadas especialmente a defender los intereses de los latifundistas, y de los grandes capitalistas. Además, han creado una normatividad y cultura que convierte a los aparatos armados del Estado en defensores a ultranza del statu quo, incluso utilizando las armas en contra del pueblo que hace uso de sus derechos legales y constitucionales.
La política burguesa colombiana se destaca por el hecho de que sus gobernantes aplican el engaño como instrumento útil para manipular y escamotear los derechos de los ciudadanos. Nunca cumplen los compromisos adquiridos con los sindicatos y los trabajadores y campesinos movilizados para exigir el cumplimiento de alguna norma constitucional que proteja un derecho del pueblo. Las promesas y compromisos gubernamentales son, como dice la canción, “promesas de cumbiamberas que se las lleva el viento”.
Las clases privilegiadas tienen todas las ventajas que les proporcionan los gobiernos, sin que esos individuos tengan que anunciar marchas o huelgas. Cualquier exigencia, o desencuentro entre los miembros de esas clases y los gobernantes, se ventilan en los pasillos de palacio de gobierno o en los clubes sociales. Muchas veces a los magnates de los grandes monopolios, les basta una petición formulada telefónicamente para que el gobernante les conceda lo pedido y algunas veces más, ya que la pertenencia de clase de los gobernantes los convierte en beneficiarios de las concesiones estatales.
En cambio, las pocas reivindicaciones que obtienen los gremios populares, sindicatos u organizaciones barriales o regionales, requieren movilizaciones en las calles, carreteras o plazas públicas, después de pagar las cuotas de sangre y muertes que generalmente dejan esas manifestaciones. El derecho a la protesta solo existe en la norma constitucional, basta la exigencia de represión de cualquier gremio de la élite, para que el gobierno esmaddice la acción represiva con su secuela de heridos y muertos.
No solamente las clases privilegiadas son las culpables de los desafueros anotados, también le cabe parte de la responsabilidad a los dirigentes de los partidos revolucionarios y movimientos progresistas, que no han podido lograr la unidad popular y la elevación de su conciencia política para sustituir en el poder a quienes lo usufructúan desde el momento de la independencia. Los acuerdos de la Mesa de La Habana, abren la perspectiva de reorientar la acción política y conducirla por senderos democráticos y de equidad.
