Defensa del empleo, de la educación, la salud, reforma agraria y libertades democráticas, entre las exigencias de la protesta social
Alberto Acevedo
En las últimas semanas de junio, en tres países latinoamericanos, trabajadores, campesinos y estudiantes se volcaron las calles de los principales centros urbanos para reclamar de sus gobiernos alivio en sus condiciones de vida, oportunidades de empleo, vivienda, alimentación y educación y en rechazo al modelo de desarrollo, cimentado en políticas neoliberales.
La protesta más vigorosa se llevó a cabo en Brasil, el 14 de junio pasado, en la que 45 millones de ciudadanos se volcaron a las calles, paralizaron las actividades en 300 ciudades del país, en rechazo a la gestión económica y social del presidente Jair Bolsonaro, que presenta por estos días su más bajo índice de aceptación.
El florero de Llorente que encendió la protesta fue la insistencia del mandatario en reformar el sistema de pensiones, un conjunto de normas vigentes desde los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, PT, que se basa en el principio de la solidaridad social, y pretende ser sustituido por un régimen de capitalización, que favorece a empresarios privados, como el que existe en Chile y Colombia, que en la práctica está haciendo desaparecer el derecho al goce de la pensión de jubilación para miles de trabajadores.
Parálisis total
La protesta involucró a sectores sociales de las ciudades capitales de los 26 estados en que se divide el país, incluyendo el distrito federal. En el país prácticamente no hubo transporte colectivo, líneas de autobuses, trenes y estaciones del metro. Esta situación se hizo más evidente en Sao Paulo, Pernambuco, Río de Janeiro, Curitiba, Salvador y otros distritos.
Trabajadores de la educación se sumaron en forma masiva contra el recorte a los fondos de educación y reclamaron más empleo. La parálisis afectó escuelas públicas y privadas, centros de enseñanza media y universidades. La huelga tocó las bases electorales de los congresistas, que discuten en estos momentos el proyecto de reforma pensional. “No votaremos por traidores”, gritaron miles de manifestantes, en clara advertencia a las mayorías parlamentarias del presidente.
De otro lado, en Honduras, desde finales del mes de abril el país se ha visto sacudido por protestas de diferente índole, que se han incrementando, al punto que analistas nacionales comparan la situación con un momento pre insurreccional. Numerosos sectores sociales coinciden en reclamar la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández, a quien consideran un mandatario ilegítimo, que llegó a la presidencia como producto de un fraude electoral, y que hoy merece el repudio de una amplia franja poblacional.
La policía apoya a los manifestantes
La situación social es explosiva, los trabajadores y el pueblo se ven golpeados por las políticas neoliberales del mandatario, y el alto gobierno se ve involucrado en repetidos casos de corrupción. Es la tercera vez que en Honduras se produce una huelga general contra el presidente. Los bloqueos de carreteras aumentan, los choques con el ejército son cotidianos, pero la policía nacional expresa su solidaridad con los manifestantes y se niega a reprimirlos.
En este contexto, se han cumplido diez años del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, por parte de un grupo de generales de las fuerzas armadas, que lo deportaron a un país vecino. El aniversario, que además ha sido recordado como un acto de injerencia de los Estados Unidos, que apoyó a los golpistas, es interpretado como un aliento a la actual movilización social.
El cuadro de las protestas sociales en el continente se completa con la movilización que durante la tercera semana de junio realizaron miles de campesinos e indígenas del Paraguay, convocados por la Coordinadora Nacional Intersindical, CNT, que reclama del gobierno de Mario Abdo Benítez un presupuesto de 40 millones de dólares para atender el pago de deudas y reactivar la agricultura familiar para unos 40 mil campesinos e indígenas.
Después de que casi cuatro mil campesinos permanecieron en carpas, durante ocho días en Asunción, la capital del país, el pasado 26 de junio se suscribió un documento de acuerdo, que será implementado en el Congreso de la república, en la que los promotores de la protesta aspiran a que se incluyan mecanismos legales para la recuperación de tierras y la reactivación de la agricultura.
