El pueblo boliviano se enfrenta a unas elecciones atípicas. Conflictos entre grupos y partidos agudizan las tensiones existentes en la sociedad. El momento crucial será el 18 de octubre. ¿Regresará la izquierda al poder?
Juan Carlos Pinto Quintanilla
En la recta final electoral todo es incertidumbre. Hay alineaciones de los sectores y las organizaciones ya salen a las calles. El Movimiento al Socialismo, MAS, irrumpió en el espacio público con caminatas y movilizaciones, recuperando las calles otra vez y mostrando el poder popular que lo acompaña; los otros partidos han buscado realizar esta dinámica para no perder votos, pero apenas alcanzan a pequeñas concentraciones, caravanas automovilísticas y visitas a las casas.
La disputa está en las calles, donde todos los días se movilizan candidatos con sus adherentes por sus barrios y zonas. En algunos lugares han existido amagos de confrontación, en otros son algunos grupos que atacaron las tiendas partidarias, particularmente al MAS con cerca de 20 ataques recibidos y Comunidad Ciudadana que denuncia siete casos, entre los principales contendores.
Lo que sí preocupa es que estas nacientes muestras de violencia se vayan atando a una estrategia de grupos “fascistoides” que buscan la generalización de la violencia en la perspectiva de detener el proceso electoral en curso.
En este camino están las declaraciones del ministro Murillo, que sostiene que se han comprado “más armas para defender la democracia, al precio que sea”, o en los últimos días “… que como gobierno entregarán el gobierno a quien resultare elegido por el pueblo, y que por supuesto no será el MAS”, esto después de su periplo viajero a Estados Unidos donde se entrevistó con Almagro de la OEA (que luego manifestó su preocupación públicamente de que pudiera haber “otro fraude en Bolivia”), y afirma que estuvo en la Casa Blanca para “coordinar temas de seguridad”.
Violencia provocadora
Entonces y sintomáticamente, se hacen más violentas las movilizaciones de grupos parapoliciales, que con sus armas de agresión se movilizan desde Cochabamba (Juventud Cochala) y desde Santa Cruz (Unión Juvenil Cruceñista) hacia los otros departamentos con abundantes recursos para movilizarse y sostenerse. Es fácil deducir que obedecen a una estrategia de generalización de la violencia en esta etapa preelectoral.
Ya lo han hecho en las movilizaciones de La Paz, frente al juzgado cuando se trataba el tema de la personería jurídica del MAS; en Sucre ante la Fiscalía General, pidiendo la renuncia del fiscal general Lanchipa; o bien en el acoso y ataque a la casa del presidente del tribunal electoral de Santa Cruz.
Si a esta situación sumamos el permanente acoso y agresión al presidente del Tribunal Supremo Electoral, en los medios de comunicación y las redes, el pueblo boliviano está ante un escenario que busca convulsionar el panorama electoral y generalizar la confrontación para obligar a suspender el proceso electoral.
No lo pudieron hacer a través del miedo a la pandemia que fue su principal argumento. Hoy los golpistas tienen una nueva estrategia, que debemos develar y denunciar por todos los medios posibles, pues se prepara una nueva arremetida contra la democracia.
Inestabilidad
Los sujetos de sus ataques no son casuales, sino parte de los objetivos que pretenden. Desprestigiar el Órgano Electoral Plurinacional, a quienes son actualmente sus representantes, y con la pretensión de una vez más como el 2019, generalizar la desconfianza en quienes administran el proceso (aunque ellos mismos han sido puestos en su mayoría por la nueva fuerza oficialista en el gobierno) lo que es parte de una asonada golpista que pretende la anomia estatal, que desinstitucionaliza a las representaciones para sustituirla por la fuerza y las armas de quienes son parte de las FFAA, Policía, y las bandas paramilitares en las calles imponiendo su propio orden.
Complementariamente a estas acciones, se compran armas, y se devela que existen militares de grado en servicio activo y pasivo que están sosteniendo reuniones con el alto mando militar puesto por la señora Añez.
Junto a las confrontaciones políticas en curso, se encuentra la generalización de problemas producto de la situación económica que viven la mayoría de los bolivianos. Las huelgas de hambre de los grupos nacionales de AFP; los que piden la pronta aprobación del 10% de salud en el presupuesto nacional para el año y otros que son parte de los conflictos, que si bien nacen de necesidades sentidas por la población, son utilizadas políticamente por grupos oficialistas y el gobierno para presionar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que antes del 18 de octubre, libere recursos, y/o los comprometa pretendiendo hacer bandera electoral de estos temas o bien llevar a la desesperación a los movilizados para tener la excusa de la creciente violencia “desatada por el MAS”, frente a la democracia que “los golpistas nos quisieran regalar”.
En definitiva, las condiciones políticas del contexto suman esperanzas de retorno democrático para la ciudadanía, pero hay algunos que piensan en como sostener los espacios de privilegio económico y político que no desean perder ni en el actual gobierno, ni en el futuro gobierno, que si no es de su gusto, seguirán complotando con la posibilidad del golpe continuado.
La estrategia
Ante esa condición no queda más que pensar la toma del poder como un proceso en marcha, cuya primera etapa en curso es el que las elecciones se realicen efectivamente el 18 de octubre, para el que debemos prepararnos y ejercer el control social organizado a nivel nacional, en defensa del voto y el derecho a elegir.
Cuidar y supervisar el voto en todas las instancias para evitar el fraude electoral, pues ante la imposibilidad de ganar el caudal electoral del MAS existe la posibilidad del fraude a través del sistema electoral.
Entonces existe la imperiosa necesidad de llamar a una ciudadanía atenta no sólo para la defensa de su voto, sino en defensa de la democracia y de los derechos adquiridos de elegir y ser elegidos.
En consecuencia, las organizaciones y la ciudadanía deben tener el plan B para que orgánicamente se pueda enfrentar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado que no solo busque invalidar las opciones populares, sino sobre todo sostener los privilegios de los golpistas, así como la de escapar de responder a la justicia por los muertos, los heridos, los perseguidos en estos meses, junto a los miles de muertos por la incapacidad deliberada frente a la pandemia. Todo esto, además, para esconder los millones de dólares que este gobierno transitorio le ha robado al pueblo boliviano junto al desmantelamiento del Estado Plurinacional.
Si la victoria electoral fue contundente, y los golpistas no pueden cumplir con sus planes, entonces preparemos el poder popular con el nuevo gobierno, para salir juntos de la crisis, para reponer los derechos fundamentales y para recuperar la verdadera justicia que respete la dignidad de la pluralidad que somos y penalice a quienes han matado y robado a nombre nuestro.
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