El país padece la imposición y desarrollo del proyecto uribista, agenciado por el Gobierno de Iván Duque, instrumento de la extrema derecha colombiana. Este proyecto incluye la sumisión de la soberanía nacional al control militar de los EE.UU., y la participación en la guerra contra Venezuela, que incorpora a las fuerzas militares y vincular a la sociedad colombiana también.
Estamos enfrentados a un proyecto antidemocrático, dictatorial, que está destruyendo la convivencia y agrava la violencia, la miseria, el desempleo y la desigualdad.
El gobierno aprovecha las medidas tomadas en el marco de la pandemia, amparado en la llamada emergencia económica y sanitaria (más de 164 decretos) para incrementar la concentración de la riqueza en el sector financiero y empresarial, consecuentemente afecta negativamente los ingresos especialmente de la clase trabajadora, que, además de la precarización del trabajo al reformar la jornada de trabajo, se enfrenta también a los altos índices del desempleo, actualmente está en un 25%, con perspectiva de seguir aumentando.
Este panorama se complejiza ante la permanente y sistemática violación de los derechos humanos, el retorno de las masacres (65 hasta la fecha), el asesinato de 270 líderes, hombres y mujeres, en lo corrido de este año; y de 228 excombatientes firmantes de la paz.
Además, se deben sumar las 14 víctimas, hombres y mujeres asesinados por la policía en Bogotá y Soacha recientemente.
Los hechos mencionados han generado el repudio nacional e internacional, y exigen la reestructuración de las Fuerzas Armadas y abandonar la doctrina de la seguridad nacional o del “enemigo interno”. La indignación de la ciudadanía debemos canalizarla políticamente, además exigir que el aparato judicial inicie investigaciones para inculpar al presidente y su ministro de Defensa. Por otra parte, es necesario promover el apoyo popular a la exigencia de las fuerzas progresistas de remoción del ministro de Defensa y la cúpula de la Policía Nacional.
A pesar de esta situación, el descontento social se viene expandiendo y potenciando en todo el país, y diversos sectores de la sociedad están perdiendo el miedo a enfrentar el régimen y a exigir reivindicaciones, con una fuerza que posee visión política y se platea el objetivo de la transformación de la realidad social.
Es de gran importancia destacar la reactivación de la agenda de movilización de la Minga Social e Indígena del Sur Occidente colombiano, con la perspectiva de movilización política, exigiendo el derecho a la vida, la defensa de los territorios, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el cambio de la doctrina de la Fuerza Pública, la suspensión de la privatización de Ecopetrol y el SENA, la iniciativa de matrícula cero en las universidades y garantías políticas de la protesta social del 10 al 12 octubre.
De igual manera, la mayoría de los sectores vinculados al Comité Nacional de Paro han ganado terreno en el impulso de iniciativas de movilización, rompiendo el cerco que desde algunos sectores burocráticos sindicales han querido debilitar la acción política del pueblo. Avanzar en la reactivación del escenario de movilización y la protesta social está ligado al fortalecimiento de escenarios de construcción de la unidad por vía de la Gran Convergencia Social y Política en perspectiva del Frente Amplio o Bloque Popular, como tránsito a la Unidad Estratégica.
Esta convergencia amerita los mayores esfuerzos en la reflexión y la acción, para que la unidad del movimiento popular se proyecte con un mayor peso político en la paz, el cumplimiento del Acuerdo y complementar la solución política negociada al conflicto social y armado con las negociaciones con el ELN. Su esencia debe ser la democratización de la sociedad, para lograr la inclusión social y optimizar el bienestar del pueblo colombiano.
Es necesario potenciar la lucha social, aumentando la participación popular en la calle y avanzar en un plan de acción para la movilización radical permanente. Esa es la tarea del momento, con el fin de construir una estrategia capaz derrotar este régimen fascistoide e imponer la salida democrática y los cambios progresistas que requiere el país.
La opción política, en la actualidad, presenta un panorama óptimo para la movilización nacional, que confluya en un Gran Paro Nacional, centrado en la perspectiva de avanzar en la unidad de los distintos sectores populares, que potencie la capacidad de acción de la ciudadanía y permita avanzar en la concertación de un programa de cambios necesarios. Asimismo, que proyecte la construcción de una alternativa progresista, realmente democrática que garantice un gobierno distinto y una nueva etapa de la vida nacional.
📢 Si te gustó este artículo y quieres apoyar al semanario VOZ, te contamos que ya está disponible la tienda virtual donde podrás suscribirte a la versión online del periódico.
tienda.semanariovoz.com
