Tanto los señalamientos, estigmatización y persecución con que actúan las autoridades han ocasionado que subsista un profundo temor de las organizaciones a hacer parte de la Marcha Patriótica, aunque éstas se manifiesten de acuerdo con los postulados y proyecciones de la misma.
Hárold Ordóñez Botero
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca –Astracava- viene impulsado desde el año 2009 la constitución de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- en el municipio de Tuluá, amparada por la ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, para lo cual ha organizado talleres de socialización con las comunidades de los 11 corregimientos y las respectivas veredas donde se propone crear esta figura, logrando que en el año 2012 el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR- aprobara el apoyo a dicho proceso y propusiera a la alcaldía su inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal. Previamente en 2009, el CMDR había definido apoyar el proceso de constitución de la ZRC. En 2014 se realizó un estudio sobre la tenencia de la tierra para proponer medidas de ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio, con el apoyo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, ampliando la base de apoyo comunitaria a la constitución de la ZRC y logrando una interlocución asertiva con la alcaldía, el Concejo municipal, la CVC, Parques Nacionales, entre otras instituciones.
Defensa de los derechos
Pese a que todas estas actividades se han realizado estrictamente bajo un marco legal vigente y con apoyo financiero estatal, los enemigos de la ZRC han desplegado una campaña de desinformación sobre esta figura de territorialidad campesina, la única contemplada en la normatividad colombiana, y de estigmatización y señalamiento en contra de Astracava y sus dirigentes, para hacer creer que la ZRC es una propuesta de la insurgencia, a sabiendas que ése ha sido el argumento en otras regiones del país, por parte de los más grandes terratenientes, para causar zozobra, temor y rechazo. En Tuluá esto ha ocasionado el rechazo a la propuesta por parte de la administración municipal y de algunas comunidades, amenazas constantes contra los dirigentes de Astracava e incluso el retiro de varios de sus afiliados, lo cual podría constituirse en una revictimización sistemática contra las comunidades que a inicios del siglo XXI sufrieron la crudeza de la embestida paramilitar.
En el año 2015 los estudiantes de la Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá-IETO, realizaron un paro entre los meses de septiembre y octubre, exigiendo el retiro de la rectora Ana Francis Quintero por sus malos manejos administrativos y autoritarismo. Dicho paro contó con el apoyo mayoritario de los estudiantes de la institución, un grupo importante de sus profesores y padres de familia, la solidaridad de los estudiantes de otras instituciones educativas, y la asesoría de la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU- y la Federación de Estudiantes de Secundaria -FES-. Sin embargo, este año nada de lo acordado se ha cumplido y por el contrario la situación se agravó, hasta el punto que la rectora dejó sin carga académica a varios de los docentes que apoyaron el paro y buscó los medios para que los trasladaran a otras instituciones, impidió la participación de los estudiantes que participaron en el paro en la conformación del consejo estudiantil y ni siquiera permitió la postulación de algunos de ellos para ser candidatos a la personería estudiantil. Impidió la participación de un padre de familia en la junta de padres, y señaló a los integrantes de la FEU y la FES que acompañaron el paro como miembros de las FARC, en tanto que hacen parte de la Marcha Patriótica según le dijo la policía. Todo esto ha sido denunciado ante la Personería Municipal, entidad que hasta el momento no se ha pronunciado.
Desde el año 2013 se conformó un comité de impulso para la constitución del capítulo municipal del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, que entre otras cosas, ha difundido la propuesta de organización, realizando reuniones con entidades y líderes comunitarios, grupos estudiantiles y profesores universitarios, dirigentes sindicales y demás actores sociales. Tanto los señalamientos, estigmatización y persecución con que actúan las autoridades civiles y militares, como la inoperancia de las entidades competentes del gobierno y del Estado, para evitarlos, han ocasionado que subsista un profundo temor de las organizaciones a hacer parte de la Marcha Patriótica, aunque éstas se manifiesten de acuerdo con los postulados y proyecciones de la misma.
