Las amenazas, la extorsión y el desplazamiento de profesores se incrementan en la medida que crece la movilización social y las estigmatizaciones desde el partido de Gobierno
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Martha Rocío Alfonso Bernal ha sido profesora de preescolar, primaria, secundaria y catedrática universitaria desde 1994. Al sector público llegó en 2006 y desde hace un año y tres meses es la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, organización de la que también es su responsable de derechos humanos.
VOZ habló con ella para profundizar en los motivos que tuvo esa organización para convocar un cese de actividades nacional con movilizaciones, durante los días 20 y 21 de febrero, pues expresan que es principalmente por el respeto a los derechos humanos de los profesores y la comunidad educativa en general.
–¿Cuál es el contexto de violación de derechos humanos en que viven los profesores?
–El primer escenario es la condición en que los maestros están prestando sus servicios. Cumplen sus funciones en medio de un ambiente muy hostil, y no es solo en zonas rurales o alejadas. Si vemos, iniciamos este año con una situación en Tarazá, Antioquia, donde debido a que se da un conflicto armado que desplaza a los 250 pobladores, entre ellos los 11 maestros del corregimiento.
Allá se vive una disputa territorial y hace presencia el cartel de Sinaloa. Es la zona del Bajo Cauca donde hay conflictos de tierras, de fumigación, restitución de tierras y asesinato de líderes sociales. Los maestros regresaron porque hubo presencia de la fuerza pública, pero sabemos que es algo temporal.
–¿En qué otra parte del país sucede algo similar, donde las amenazas no son directamente contra ustedes sino contra la comunidad?
–En el Catatumbo pasa algo similar porque hay enfrentamientos armados, y las escuelas, los niños, las comunidades, los maestros no saben qué hacer, porque al tener niños estudiantes hay que responder por ellos.
Extorsión y desplazamiento
–¿Qué hay en cuanto agresiones directamente a docentes?
–También están las amenazas a los docentes, que hay de varios tipos. Por ejemplo, la extorsión que ejercen grupos armados en las zonas, se dispara cuando nos pagan las prestaciones, las primas. Es un fenómeno que ha sucedido por años e inclusive va hasta zonas urbanas. Y cuando el maestro denuncia, inmediatamente tiene que salir de la zona porque lo saben los grupos ilegales antes que la Fiscalía abra un proceso. Son profesores con su núcleo familiar que no pueden estar denunciando y saliendo a vivir en otra parte.
–¿Quiénes hacen esto, delincuencia común?
–Ese es un problema porque las investigaciones siempre dicen que eso sale de la cárcel Picaleña en Ibagué, y nosotros decimos: “¿Y por qué entonces eso no se para?” En algunas partes se dan a conocer como Bacrim y en otras como paramilitares. Es algo que pasa en todo el país, en grandes territorios.
–¿Y en cuanto a amenazas?
–La semana pasada llegó una amenaza contra los presidentes de la subdirectiva del norte de Nariño. También las hay directas por parte de los paramilitares contra rectores y maestros en municipios como El Salado o en el Sur de Bolívar; Soledad, Atlántico. Tenemos amenazas a dirigentes sindicales y la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, es que cuando les va bien les entregan un botón de pánico y un chaleco. Al resto les dan el manual de medidas de autoprotección. Todo eso es absurdo. Cuando discutimos toda esta situación es cuando decidimos ir a paro.
Señalamientos uribistas
–¿Qué genera estas amenazas y persecución?
–De un lado está que el partido de gobierno en cabeza de su senador estrella Álvaro Uribe ha desplegado, orquestado y dinamizado una campaña de señalamiento, de decir que cualquier posición crítica es terrorismo, adoctrinamiento y que es culpa de los maestros y de Fecode. Paramos para que pare toda esa campaña de estigmatización, de persecución porque si es el partido de gobierno el que nos señala y dicen que nosotros podemos ser “buenos muertos”, “buenos señalados”, buenos perseguidos”, ¿cómo es que el presidente Duque no exige a su partido y a la sociedad respeto por los maestros y respeto por los sindicalistas?
–¿Ha habido incumplimientos gubernamentales en este tema?
–Hay un acuerdo que hicimos con el Ministerio de Educación en mayo de 2019, que dice que ellos desplegarán una campaña para dignificar la profesión docente y en este momento no se ha hecho una sola actividad en función de eso, ni un tuit.
A nosotros nos han señalado y amenazado las Águilas Negras e hicieron el atentado contra Carlos Rivas. Todo eso hay que verlo con el Gobierno, además está el esquema de la compañera María Eugenia Londoño que se lo suspendieron por un procedimiento administrativo, según ellos lo iban a reforzar pero ella está sin seguridad.
–¿Qué pasa cuando ante el Gobierno ponen en conocimiento esas situaciones?
–Ayer (13 de febrero) hubo una mesa de seguridad en la que estuvieron el Ministerio de Educación, el ministerio del Interior, la Procuraduría, Derechos Humanos, la Cipol, pero la UNP no llegó y ellos son fundamentales para nuestra seguridad. Se llegó a acuerdos, dijeron que la Fiscalía avanzaría rápidamente en investigaciones, que teníamos que entregar rápidamente lo que llegara, aunque es lo que se ha hecho; se cuadró estar en un grupo de alertas tempranas y que se desplazarían a los territorios. Pero respuestas de fondo a la problemática no se dan.
Miedo a la verdad
–Además del atentado contra Carlos Rivas ¿qué otras situaciones se han presentado?
–Está el asesinato la semana pasada de la compañera de Arauca. Ayer llegó una amenaza a los compañeros responsables de derechos humanos de la CUT, quienes habían estado en un taller de derechos humanos para la construcción del informe a la Comisión de la Verdad. Qué casualidad que los amenacen a ellos… Hay que ver quiénes están detrás de eso, a quiénes les interesa callar los informes a la Comisión y a la JEP. Uno de los panfletos que llegó el año pasado fue señalando el informe que entregó Fecode a la JEP en noviembre.
–La matriz mediática hace que se cuestione que ustedes paren, dicen que millones de niños quedan sin ir al colegio, ¿Qué piensa de eso?
–El paro, la movilización es la manera de hacernos escuchar, de presionar, por eso llamamos a llenar las calles a salir a denunciar. Hay otros puntos como salud y cumplimiento de acuerdos en temas de escalafón, de Estatuto Docente. El centro es derechos humano, lo que viven las comunidades educativas es de todos, no porque yo esté en una zona tranquila no significa que el problema de otros maestros no sea de todos. Por ejemplo, Bogotá es donde menos ha habido amenazas, asesinatos, pero es adonde más llegan maestros desplazados. Por eso es una pelea de todos.
