Uribe promueve una amnistía total para que criminales puedan estar en las listas al Congreso. Por otro lado, De la Calle y Jaramillo critican la propuesta y llaman a Petro a rendir cuentas en la JEP sobre la inexistente relación del Partido Comunista con los crímenes de las FARC. Algo en común de estas iniciativas: su anticomunismo y el desespero por la perspectiva electoral
Carolina Tejada
@carolltejada
En medio del desespero político, Uribe, insiste en la amnistía total para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos, y que van en contravía de lo acordado en La Habana, como lo es el Sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición, así como el estatuto de la Corte Penal Internacional, el Código Penal y la Constitución Política Colombiana. La propuesta no solo ha generado revuelo en el seno de los partidos de oposición, sino también entre quienes acompañaron el acuerdo de paz y esperan una verdad completa y justicia sobre los crímenes cometidos por quienes comulgan con la extrema derecha colombiana.
Perdonemos todo y borrón y cuenta nueva, plantea Uribe. Pero no es posible. Las mismas cortes internacionales han manifestado su negativa con claridad luego de que los responsables de crímenes atroces contra la humanidad en medio de las dictaduras en el continente, intentaran conseguir una auto amnistía. Así se expresó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las leyes de auto amnistía en Perú, en 1995 y lo ratificó Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez de esta corte: “Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las llamadas “leyes” de amnistía no son verdaderamente leyes: no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad”.
El mismo Estatuto de Roma, en su artículo 27, expresa que “el presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena”.
El desespero del uribismo
Pero, eso ya lo sabe Uribe. La única razón de que planteara esta posibilidad, luego del encuentro con la Comisión de la Verdad, es que Colombia está en plena etapa pre electoral, en donde todos los partidos políticos están con calculadora en mano y abriendo el ramillete de candidaturas para el 2022.
En el caso del uribismo el panorama no es el más prometedor. Algunos analistas hablan del peor panorama y a lo sumo, de 16 curules que en este momento tiene en el congreso el Partido Centro Democrático, le promedian cerca de 10 curules. Componer el aislamiento que en los últimos años ha tenido el partido de gobierno para este nuevo momento electoral, implica abrirle el camino a quienes aún lo rodean pero que están implicados en crímenes que se han cometido y que son impedimento para participar en los próximos comicios electorales. Narcotraficantes, paramilitares, militares responsables de crímenes de lesa humanidad y corruptos, estarían recomponiendo la lista del partido de gobierno que, hasta ahora, se ve solitaria.
Las compuertas que pretende abrirle Uribe a delincuentes, buscan además robustecer su apuesta, igualmente solitaria hacia las presidenciales. La derecha, más allá del mundo uribista ha venido poniendo sus cartas diferenciándose del Centro Democrático, de allí su afán para buscar, con su bancada en el congreso y con Duque, agitar el sacrificio de la verdad sobre los crímenes cometidos y el ofrecimiento de la impunidad. Así lo expresa en la carta que publicó y en los múltiples videos y análisis que ha hecho visibles la revista Semana.
Para Iván Cepeda, las justificaciones de Uribe, son la perpetración de los crímenes que se cometieron en sus gobiernos, su propuesta es una “ofensa a la comisión de la verdad y es un agravio a las víctimas”.
En el fondo, expresa Diego Martínez, asesor del Acuerdo de Paz, esta es una jugada en medio del “desespero porque se reconozca la legitimidad de muchos de los criminales que lo rodean en plena campaña electoral”, de allí la insistencia de “una sala especial para los militares. Es un intento planeado de contrarrestar las acciones de la Justicia Especial para la Paz, JEP, en materias de investigación por delitos graves”.
Oportunismo y anticomunismo
Por otro lado, mientras Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo plantean la imposibilidad de un modelo de amnistía general, como el planteado por Uribe, seguido de ello y al mejor estilo del político oportunista en campaña, en la misiva que hacen pública, le plantean a Gustavo Petro, figura política de la oposición con mayor opción en las elecciones presidenciales del 2022, que acuda a la Comisión de la Verdad “a explicar por ejemplo la relación entre el Partido Comunista y los crímenes cometidos por las FARC EP”. De la Calle y Jaramillo saben muy bien que Petro nada ha tenido que ver con el Partido Comunista y que los firmantes del Acuerdo de Paz, están cumpliendo con la verdad en el marco del proceso de justicia transicional.
El Partido Comunista, por su parte, les ha dirigido una carta en donde ha expresado que, este señalamiento “no es una frase vacía ni un ejemplo inocente. Es un planteamiento cargado de veneno, un punto de vista político profundamente contrario al significado del acuerdo de paz que ustedes dicen defender. Es una mentira que revictimiza a miles de colombianos y colombianas que, antes, en medio de, y después de la guerra fueron asesinados u obligados al exilio, y lo siguen siendo bajo la lógica perversa del anticomunismo”.
El PCC, le recuerda a De la Calle y a Jaramillo, que fueron los y las militantes comunistas quienes promovieron el acuerdo de paz que dio como fruto la creación de la Unión Patriótica en los años 80, movimiento que fue perseguido y víctima de un genocidio, “hoy catalogado como el único exterminio sistemático de carácter político” en el que el PCC ha sido declarado víctima en la Jurisdicción Especial para la Paz, y también por el mismo Estado Colombiano al haber sido declarado como víctima colectiva”.
Las declaraciones de los dos políticos, en un afán de protagonismo en medio de la contienda electoral, en la cual De la Calle va como precandidato presidencial, deja entrever, sin vergüenza alguna, la ambición de ganar adeptos en medio de unas aspiraciones que no logran coger fuerza y de un sentimiento anticomunista en el país, del que ahora ellos se abanderan, eso sí diferenciándose de Uribe.
Sería útil para la verdad, señala el PCC, “que el doctor De la Calle ayudara en el esclarecimiento de su experiencia como ministro del Interior del gobierno Gaviria, entre 1990 y 1993, período en el que se reorganizó la Inteligencia Militar, con asesoría del Ejército de Estados Unidos y se crearon las “redes de inteligencia”, precursoras de las primeras Convivir y los futuros “bloques paramilitares”. Fue un momento muy duro para el Partido Comunista y la Unión Patriótica.
Ojalá se desclasificaran y pusieran en conocimiento, así fuera de la CEV, los manuales de formación con los que se aleccionan y forman las y los jóvenes soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares y personal de la policía, aún hoy adscrita al Ministerio de Defensa”. La pelea, repunta el PCC, no es con el Pacto Histórico, ni buscando sembrar el macartismo en los sectores de izquierda, en los procesos unitarios y de quienes defienden el acuerdo de paz.
