Hay evidencia de que algunos de los participantes en la guarimbas en Venezuela, aparecieron en los “tranques” en Managua. Y al parecer, el ‘director de orquesta’ era el mismo
Alberto Acevedo
Interpretando de manera torticera y ladina los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el secretario general de este organismo, Luis Almagro, anunció el pasado 27 de diciembre que iniciaba formalmente los trámites para conseguir sanciones y la posible expulsión de Nicaragua de ese organismo regional de cooperación.
El discurso de Almagro plantea que cuando en un estado miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, se presente “una alteración del orden constitucional”, el secretario general o la asamblea general tendrían la facultad para invocar la aplicación de los dos mencionados artículos, un procedimiento disciplinario extraordinario que permite aplicar diversas sanciones diplomáticas y eventualmente marginar al gobierno del país afectado con la exclusión del organismo.
Para Almagro, en Nicaragua hay un panorama generalizado de desconocimiento de derechos y “la lógica de la dictadura está instalada”. Olvida el secretario general que la Carta Democrática se aprobó en momentos en que florecían en el continente los golpes militares de derecha, a la luz de las teorías de la llamada “seguridad nacional”, y el propósito del estatuto de la OEA era evitar que movimientos golpistas desestabilizaran la democracia en varios países.
Orientaciones de Washington
Un requisito indispensable para que los dos artículos del estatuto sean aplicados, es que sea el propio gobierno del país afectado quien invoque la Carta Democrática, cosa que en el caso de Nicaragua, no ha sucedido. Lo que en realidad se da en este país centroamericano es la intención continuada de grupos de extrema derecha, con apoyo internacional, de desestabilizar un gobierno elegido democráticamente, pero que no obedece a las orientaciones de Washington.
Ese gobierno a quien mediante una orquestada campaña mediática se presenta ante la opinión pública como una dictadura, entre los años 2006 a 2016 redujo la pobreza del 42.5 al 29.6 por ciento. Organismos internacionales han reconocido en meses recientes, que Nicaragua presenta el mejor crecimiento económico en Centroamérica y presenta visibles logros en materia social.
El 95 por ciento de la población dispone de luz eléctrica. Se trasforma la matriz energética del país, protegiendo el medio ambiente. Los campesinos han recibido la titularidad de la tierra, y la salud y la educación, en sus diferentes niveles, son gratuitas para todos los ciudadanos. Estados Unidos no comparte esa política social y propicia el golpe. Tal como sucede con Venezuela, y como lo intenta con Bolivia y con Cuba.
No eran ingenuos estudiantes
Recientemente la administración de Donald Trump envió cuatro millones de dólares para la financiación de grupos desestabilizadores a Nicaragua, que actúan bajo la mampara de organizaciones no gubernamentales. Más tarde aparecieron las acciones de esos grupos, bloqueando carreteras, destruyendo depósitos de alientos, incendiando vehículos y edificios. Es un nuevo golpismo disfrazado de democracia. Sería ingenuo creer que la virulencia de los grupos antisandinistas, el sofisticado armamento que esgrimieron y la generosa financiación de la que dispusieron, obedeciera a la espontánea acción de ciudadanos que se sienten excluidos.
Golpe de Estado por vía diplomática
No eran inocentes estudiantes universitarios los que estaban disparando. En este tipo de conflictos de baja intensidad, quienes empuñan armas de grueso calibre y tiran a matar, son mercenarios. Hay evidencia de que algunos de los participantes en la guarimbas en Venezuela, aparecieron en los “tranques” en Managua. Y al parecer, el ‘director de orquesta’ era el mismo.
En estas condiciones, y como no consiguieron estimular un alzamiento generalizado y exitoso contra el gobierno de Daniel Ortega, lo que ahora busca Almagro es que los asuntos internos de Nicaragua se discutan en escenarios que no corresponden, con el fin de avanzar en una agenda intervencionista. La sanción que anuncia el secretario general de la OEA constituye por consiguiente un acto injerencista y una vulneración del principio de autodeterminación de los pueblos, mal que bien consagrado en la propia Carta de la OEA.
Almagro se ha convertido en un agente del departamento de Estado norteamericano, y con esta acción se allana a un mecanismo diplomático complementario del intento de golpe de Estado por vía diplomática, violando el principio de no intervención en los asuntos de otros estados, defendido por el derecho internacional.
