“Alcaldía local de Engativá, cancela unilateralmente convenio que deja a más de 80 profesores de las áreas artísticas sin trabajo, además de una deuda de salarios atrasados”
Carolina Tejada
Más de 80 contratistas compuestos por profesionales del área artística entre los cuales se encuentran; docentes de danza, de teatro, música, artes plásticas, ballet, danza contemporánea, entre otras expresiones del arte y de la parte administrativa y logística, habían sido vinculados por medio de un contrato de orden de prestación de servicios, a un proyecto de Núcleos de Formación Artística de Engativá. Los recursos provenían del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, los cuales se ejecutaban por medio de un convenio con la Universidad de Cundinamarca, quien a su vez ejecutaba el recurso a través de la Corporación Burundé.
Ni arte para la localidad, ni derechos laborales para los docentes
Este proyecto estaba dirigido a beneficiar a 1.500 personas, entre niños de primera infancia, jóvenes, adultos mayores e infancia en condición de vulnerabilidad. El proyecto se venía ejecutando desde hace más de dos años, y nunca habían tenido un percance. Por el contrario se había posicionado ante la comunidad como un proyecto de alta calidad en sus procesos, resultados y utilidad hacia la transformación en la ciudadanía de la localidad.
Para el año en curso, el proyecto tuvo como acta de inicio el 5 de marzo. Desde entonces y hasta el 25 de junio, los más de 80 contratistas cumplieron sus contratos cabalmente ante las organizaciones contratantes sólo habiendo recibido el 12% del valor del contrato. Ni la Universidad de Cundinamarca, ni la Corporación Burundé, recibieron desembolso alguno por parte de la alcaldía local. En algún momento la misma alcaldía solicitó modificaciones en el convenio, las cuales se cumplieron a cabalidad, los soportes se encuentran en actas del mismo acuerdo.
El día 25 de junio, la alcaldía declaró la nulidad unilateral del convenio, solicitando a la universidad un informe soportado para realizar el desembolso de lo hasta ahora ejecutado. La universidad, pese a manifestarse en desacuerdo, entregó a la oficina de la alcaldía el día 11 de julio un informe conformado por más de 10.000 folios en 64 carpetas.
Sin embargo, hasta la fecha de hoy, ninguno de los contratistas conoce respuesta alguna frente al cumplimiento del pago de las personas contratistas. Según comentan los afectados por la terminación unilateral del convenio, a quienes además de cancelar su contrato aún se les adeuda el pago total de del trabajo realizado, han solicitado varias reuniones con la alcaldesa local Ángela Vianney Ortiz, pero ha sido un proceso de oídos sordos. Hasta la fecha, nadie responde por el incumplimiento del contrato.
La alcaldía debe responder
Quienes adelantan el proceso de exigibilidad de derechos laborales, le comentaron a través de una misiva a VOZ, que “por iniciativa nuestra realizamos una reunión con la señora alcaldesa en su despacho, para solicitarle nos ayude a agilizar el proceso de desembolso y así dar fin al enorme perjuicio que se ha causado por el no pago de nuestro trabajo realizado. La alcaldesa, a través de su asesora para contrataciones, manifestó su compromiso de hacerlo, pero hasta hoy solo hemos recibido un silencio administrativo”
Además comentan que dicha situación ha llevado a que la Corporación Burundé se declare en quiebra: “pues ha tenido que pagar costos de arriendo de edificios, seguros, seguridad y gastos de mantenimiento que las cinco sedes para la realización de este proyecto ha requerido”.
Por otra parte: “La Universidad de Cundinamarca manifiesta que no puede desviar fondos para pagarnos a docentes y administrativos de este contrato, ya que por tratarse de universidad pública, esto sería un delito. Ante esta penosa situación, estamos en una encrucijada, la corporación está en quiebra, la universidad dice que depende de la alcaldía y la alcaldía también se lava las manos”.
Contratistas exigen respeto por sus derechos
Estas más de 80 personas han venido realizando acciones legales, enviando misivas a los entes de control político como lo es la Contraloría, la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo. También han optado por la manifestación al frente a la alcaldía local, sin que hasta el momento hayan logrado que se les garanticen sus derechos laborales.
Mediante un comunicado, los demandantes continúan exigiendo sus derechos a la vez que comentan: “la ausencia de nuestro medio de subsistencia provocó traumatismos graves en nuestras familias”. Por ellos continúan con el llamado a los entes de control, y los diferentes medios de comunicación para que hagan efectivo un control público ante la ausencia de voluntad política para resolver lo que debió ser la garantía de un derecho laboral y por ende de un mínimo vital para quienes respondieron, ante la confianza de un contrato, con sus labores y compromisos.
“Exigimos a la Universidad de Cundinamarca y a la alcaldesa de Engativá actos de voluntad para dar fin a semejante violación de este derecho fundamental, procediendo a realizar acciones inmediatas para que el desembolso y pago de nuestros salarios adeudados se ejecuten de manera inmediata”, afirman fehacientemente en un comunicado público.
