Agúzate que nos están matando

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En Cali, la población indignada contra el gobierno nacional se vuelca a las calles. Foto David Escobar

En la sucursal del cielo se han vivido los días y noches más aterradores del paro nacional. Unas 23 personas han sido asesinadas por el Ejército y la Policía Nacional, cientos heridas, detenidas y otras más desaparecidas. Colombia militarizada

Carolina Tejada
@carolltejada

¡Nos están matando, nos están matando! Eran los gritos desesperados que, a través de videos y audios grabados con celular, enviaban las personas que habitan en el norte de Cali en Siloé, la noche del pasado 3 de mayo, para reportar la masacre que el Estado colombiano perpetraba en la zona luego de que el presidente Iván Duque ordenara la «asistencia militar» en los centros urbanos donde se presentaran movilizaciones.

Una advertencia que se cumplió

Tras esa directriz de la «asistencia militar», informó el Presidente: «Quiero hacerle una advertencia clara a quienes por la vía de la violencia, vandalismo y terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad, y creen que, por ese mecanismo, doblegarán a las instituciones. No vamos a permitir que las vías de hecho, destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tengan cabida en nuestro país». La advertencia se cumplió a manos del general Eduardo Zapateiro: “Cumpliré con la orden emitida por el presidente”, la “asistencia militar” se impuso como terrorismo institucional sobre la población.

Cerca de las nueve de la noche desde las ventanas de las casas en el barrio de Siloé, en la loma hacia el occidente de la ciudad, la vecindad filmó cómo mientras se desarrollaba una jornada pacífica en el marco del paro nacional, la fuerza pública irrumpió a la multitud y empezó a disparar. “¿Qué es esto, que es esto? Están disparando a matar, hijueputas”. Eran las reacciones de la gente desde los balcones de sus casas, mientras las cámaras de los celulares graban los tanques de guerra y las tanquetas del Ejército Nacional y la Policía Nacional disparándole a la población.

La misma situación se vivió en La Luna, hacia el oriente de la ciudad de Cali. Allí, las organizaciones de derechos humanos que acompañaban la jornada recibieron un tratamiento de guerra por parte de los armados del Estado: “Eran más de 30 efectivos de la fuerza pública que estaban disparando contra la humanidad de los cientos de manifestantes y de las personas defensores de derechos humanos que nos encontrábamos acompañando la situación en Cali.

“En este momento desconocemos las cifras totales de heridos, asesinados y detenidos, porque tuvimos que correr para defender nuestras vidas. Las casas de las familias del sector nos resguardaron. Los efectivos llegaron al punto de movilización y desenfundaron sus armas y dispararon”, aseguró James Larrea, defensor de derechos humanos en Cali.

Al grupo de profesionales de la salud que prestaban los primeros auxilios que llegaron a la zona, también se le impidió el ingreso a la zona y que, al igual que a los periodistas, los atacaron y dispararon a las viviendas en donde algunas personas que se encontraban cubriendo la situación, se resguardaban. Según David Escobar, periodista de Cali, le informo a VOZ: “En la noche del 3 de mayo salí a entregar donaciones de insumos médicos para atención de heridos en el sector de La Luna. La ciudad tenía bloqueos y barricadas por doquier. En cada barricada la gente nos detenía para verificar que fuéramos prensa y misión humanitaria, «nos están disparando desde carros -decían- por eso tenemos que verificar».

Fascismo de Estado

Escobar, comenta que en medio de la zozobra la gente le decía que les estaban disparando desde los carros: “Al llegar al sector de La Luna, avancé hasta la primera línea haciendo un registro y buscando paramédicos. El grupo de voluntarios entregó las donaciones y escuchamos disparos provenientes del lugar donde estaba la fuerza pública. Mientras realizaba el registro fotográfico iba recibiendo mensajes por el celular de heridos y muertos en ese y en otros sectores de la ciudad, en videos tomados con celulares por quienes se encontraban en dichos lugares. La zozobra era generalizada, y las personas estaban resistiendo los ataques del Estado fascista”.

La “asistencia militar” es una figura jurídica establecida en la Ley 1801 de 2016. Su activación puede ocurrir en determinadas situaciones y está sujeta a estrictos requisitos derivados de la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno. Pero en Colombia, ninguna norma internacional de ddhh o nacional, se cumplió.

Cuenta el periodista que no se respetó la misión médica, ni a los periodistas y que, fue la ciudadanía la que se solidarizó con las personas marchantes, en unos puntos, cuenta Escobar, llegaban con bolsas de alimentos y agua para que la gente resistiera. “En un momento llegué al punto del Hotel La Luna y un miembro del ESMAD me apuntó con un láser, luego vi que disparó directamente contra mí, un proyectil que impactó en mi tórax, pese a que yo iba con identificación de prensa en un casco para mi protección. Afortunadamente llevaba un chaleco antibalas y no tuve un trauma grave. En otros puntos hubo un ataque de la Fuerza Pública contra la Misión Médica, y escuchamos mensajes de personas de derechos humanos mencionar que había muchos muertos y heridos”.

Mientras tanto en otros lugares del país, la movilización social continúa, pese a la barbarie que se impuso desde el gobierno nacional. En las horas de la noche de los días 2 y 3 de mayo, en Manizales, Pereira, Bogotá y otros lugares del país, se reportaron bloqueos, marchas pacíficas y velatones luego de que, en las jornadas del día, las movilizaciones fueras violentamente desarticuladas por la fuerza pública.

#NosEstánMatando

En el caso de Bogotá, solo hasta el día 3 en la mañana, se habían registrado 360 detenciones arbitrariamente, según el boletín 5 de la Campaña Defender la Libertad, así mismo 99 personas heridas, nueve por lesiones oculares, 21 agresiones a defensoras de ddhh a manos de la Policía, 259 denuncias de abuso policial. Un registro que al cierre de esta edición no terminaba.

En el caso de Cali, la movilización popular no solamente se mantuvo, sino que creció. La gente de a pie desbordaba la calle. Cuenta Sergio García que: “la clase trabajadora, las mujeres, estudiantes, capas medias y desempleados, se dieron cita en múltiples puntos de la ciudad. La diferencia con otros momentos de la movilización, es que se sentía la indignación del barrio, de la comuna. La respuesta del establecimiento fue la prevista, pero con cuotas muy altas de agresividad y demencia”.

Más de 140 personas fueron reportadas como capturadas desde el 30 de abril al 3 de mayo. Y se registraron cerca de 23 personas asesinadas, entre las que se encuentran, según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes: Daniel Felipe Azcárate, perforación en el corazón por artefacto, Eyner Alexander Laso, pensionado de la policía. Impacto por arma de fuego, Jovita Osorio, asfixia por gas lacrimógeno, Miguel Ángel Pinto, impacto de bala, Marcelo Agredo Inchima, Mariano Ramos, impacto de bala en el cráneo, era un joven de 17 años, Jeisson García, murió por impactos por arma de fuego, tenía 13 años, Edwin Villa Escobar, comerciante del barrio El Poblado, impacto por arma de fuego. El registro es inconcluso.

Comenta Sergio, que el día 3 en la sucursal del cielo, “el gobierno civil de Jorge Iván Ospina fue sustituido de facto por las Fuerzas Armadas, en cabeza de Zapateiro y Molano, quienes le prometieron a la oligarquía vallecaucana volver a la normalidad en 24 horas. La gente, sin embargo, resiste y avanza: nuevas jornadas de concentración, movilización y bloqueo se han convocado, presionando la renuncia del ministro de Defensa, diciendo al unísono: que se vayan todos”.

Marta Hurtado, portavoz de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, aseguró que “estamos alarmados por los acontecimientos en Cali, cuando la Policía abrió fuego matando e hiriendo a varias personas”, resaltaron su compromiso con hacer seguimiento a la situación, y llamaron a Duque a respetar el derecho a la vida y a la integridad de la población.