Las EPS, han venido quedándose con los recursos públicos de manera perversa sin agregar ningún valor a la salud de los colombianos
Por: Carolina Tejada
Por cerca 21 años hombres y mujeres del sector salud, han venido denunciando la creciente crisis en la salud pública, pues mientras la estructura del sistema en Colombia alude una “adecuación” para mejorar las condiciones en la prestación del servicio, los beneficiarios y prestadores del derecho a la salud, señalan que lo que se ha venido fortaleciendo es un negocio de pocos a costa del sufrimiento de la ciudadanía.
Una de las acciones que ayudaron a agudizar dicha crisis fue la expedición de la Ley 100 de 1993, que dio como resultando la creación de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, las cuales, tal y como lo señala en un documento público la mesa nacional por el derecho a la salud, “las EPS, han venido quedándose con los recursos públicos de manera perversa sin agregar ningún valor a la salud de los colombianos. Hay suficiente evidencia de cómo estas empresas han negado servicios durante años a los pacientes a fin de aumentar sus utilidades. Muestra de ello son las más de 3.700.000 tutelas en 20 años”.
Sumado a esta realidad, se menciona que el nivel de corrupción a través de la desviación de los recursos públicos ahonda en las barreras de acceso para la atención de los pacientes, se ha acrecentado la muerte evitable de miles de ellos, ha aumentado el número de hospitales en quiebra mientras algunos grupos empresariales se enriquecen con los recursos de la salud. En el mismo sector se ha venido denunciando que, grandes grupos financieros internacionales, han venido llegando al país con el objetivo de apropiarse de la infraestructura hospitalaria, lo cual representa para sus intereses, una amplia utilidad financiera al negociar, desde empresas privadas, con la prestación de un derecho de la población.
Mientras tanto la deuda de las EPS con las instituciones hospitalarias públicas y privadas sigue creciendo. Esta deuda nacional, estaría en los 14 billones de pesos o más. Este vacío financiero es el que ha llevado a que muchos centros hospitalarios cierren.
La salud en Bogotá
En medio de esta crisis de largo aliento y de carácter nacional, se encuentra la crisis en salud pública en la ciudad de Bogotá. Una de las realidades que prevalece en Bogotá es la pretensión de querer mejorar los estados financieros tanto de clínicas como de hospitales, a través de contratación de personal por medio de la tercerización, salarios precarios, y en el presente año, por medio de la reducción en los ingresos de los prestadores de la salud, o incluso los pagos a destiempo y los despidos masivos de personal.
En el presente periodo de gobierno, la administración distrital expidió la Resolución 358 de 2016, por medio de la cual se intenta legalizar los contratos de prestación de servicios para personal misional y en algunos casos, se habla de reducir los honorarios de trabajadores. Solo por mencionar un caso, en el hospital de Meiseen, se cuenta con aproximadamente 1.250 trabajadores de los cuales solo 130 son de planta; el resto trabajan por prestación de servicios. Este hospital en promedio, atendería un millón de personas.
Para el mismo periodo, desde el Ministerio de Salud se expidió la Resolución 1328 de 2016, con la cual se busca ajustar aún más el gasto en salud. Con esta resolución el Ministerio de Salud, lesiona gravemente la autonomía de los médicos, pues limita la formulación y el acceso a medicamentos y tecnologías para los pacientes.
Ligada a esta situación que afecta a toda la capital, Peñalosa, por medio de su bancada en el concejo de la ciudad, hace aprobar el Acuerdo 061 de 2016, por medio del cual se crean unas sub-redes las cuales han sido convertidas en alianzas público-privadas.
Las medidas de Peñalosa ahondan la crisis de la salud
Según Elizabeth Beltrán, ex gerente del hospital Centro Oriente, en Bogotá se viene agudizado la crisis en salud y esta situación pasa por las medidas que se toman desde la administración de Peñalosa. Frente a ello reflexiona sobre un ejemplo puntual: “Una mentira que le han dicho a la ciudad, que el problema de las urgencias es un problema de la administración pasada. Y no es cierto, es la crisis del sistema el que está colapsado. Bajo esa premisa decretaron una emergencia en salud, emergencia que quedó demostrado que era falsa cuando se referían a las urgencias. Por medio de derechos de petición exigimos que nos contaran cómo estaba el hacinamiento en las urgencias y se demostró que en este momento hay más hacinamiento que antes”.
Para Beltrán, es claro que el despido masivo de personas del programa de atención primaria, de despido de especialistas y en general, de un gran porcentaje de servidores de la salud pública, afecta la atención integral, y es esa afectación, sumada a la crisis estructural de la salud, lo que provoca un efecto dominó.
Una de esas problemáticas que viene agudizando la crisis del sector en la capital, es la relacionada con la creación de estas redes, Red Integrada de Servicios de Salud conformada por cuatro sub redes; Sur, Sur Occidente, Norte y Centro Oriente, que tienen origen en los 22 hospitales que hoy hacen parte la red pública. Estos a su vez contarán con un gerente que tendría que desarrollar el papel de secretario de salud local. Su labor es la formulación y seguimiento del plan local de desarrollo y del plan local de salud. Sin embargo, desde que en marzo se adoptó esta nueva forma de administración, dos de los cuatro gerentes ya han renunciado, y se habla de una tercera renuncia.
Según menciona Beltrán, “a la gente le han creado barreras de acceso a sus centros de urgencias. Por ejemplo llega una gestante con una urgencia a un centro médico, el de Engativá, por decir algo, pero si su atención no se puede cubrir en ese hospital, la deben remitir a través de la red a otro hospital, si no hay cupo en el otro hospital, pues tienen que hacerlo a través de una red privada. Pero resulta que esa red no funciona, operativamente no está funcionando”. Esta situación lo que ha implicado, según líderes del sector salud, es que han aumentado los índices de muertes de personas que asisten al sistema de salud por urgencias y que no son atendidas a tiempo.
El control de los recursos públicos
Sumado a ello, se encuentra la falta de control de los recursos públicos, pues al no existir una red que sistematice el uso del servicio público a la salud, y que relacione los servicios prestados por las EPS, lo que se genera es un despilfarro de los dineros públicos. “Es un efecto mariposa que produce el haber disminuido el recurso humano, y por otro lado la implementación de un sistema en red. La única forma para que se trabaje en red es con un sistema de información, desde el 2013 la historia clínica debe estar sistematizada. De tal manera que un sistema de información unificado pueda además, controlar el gasto de la atención de cualquier servicio”, asegura Beltrán, al tiempo que menciona, que situaciones como esta no solo ameritan de la movilización ciudadana, sino del control legal de los recursos públicos de la capital. H
