El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es realmente un tratado de libre comercio; ni es libre ni es justo como lo pintan. Su realidad es develada por un analista en exclusiva para VOZ
Juan E. Duque
Especial para VOZ
Sin que se augure un pronto acuerdo entre las partes, y sin que se perfile con certeza un tratado que tenga en cuenta los intereses de las clases trabajadoras, llegaron a una cuarta ronda las negociaciones encaminadas a establecer un nuevo Tlcan, el mal llamado tratado de “libre” comercio de América del Norte que incluye a México, Canadá y Estados Unidos. El Tlcan no es realmente un tratado de libre comercio; ni es libre y ni es justo como lo pintan; es más bien, un conjunto de regulaciones que, bajo el emblema del neoliberalismo, impone a los gobiernos la supremacía del lucro, otorgando un poder casi absoluto a las corporaciones multinacionales.
El capítulo 11 del aún vigente Tlcan, que reglamenta la manera de resolver controversias entre inversionistas y el Estado y que, dicho sea de paso, se encuentra también incluido en el Tratado del Pacífico y en otros tratados de libre comercio, se ha convertido en uno de los puntos más controversiales por su arbitrario contenido: si las leyes nacionales de un país contratante impiden o restringen las ganancias de cualquier inversionista, ya sea compañía o persona, el capítulo 11 otorga a éstos el derecho a entablar demandas contra el gobierno del país implicado, por la cantidad que consideren apropiada y ante un panel no estatal de abogados privados.
Bajo esta regulación, por ejemplo, el gobierno de Canadá se encuentra sometido a una demanda por la suma de US$250 millones, entablada por la compañía de combustibles fósiles Lone Pine Resources Inc. La realización de las ganancias de dicha compañía se encuentra obstaculizada por la moratoria impuesta a la fragmentación hidráulica bajo el río San Lorenzo, moratoria establecida por el gobierno en defensa del medio ambiente y de la salud de los habitantes de la región.
La realidad en México
Por otro lado, el carácter del capítulo 11 ha provocado en México una escalada de inversiones en la extracción y exportación de combustibles fósiles y de otros recursos naturales, sin que las compañías inversionistas estén obligadas a responder por daños ocasionados al medio ambiente. Por el contrario, el gobierno mexicano se ha visto obligado a pagar en compensación US$341 millones a varios inversionistas extranjeros, puesto que leyes públicas nacionales habían impedido la obtención de las ganancias previstas por tales inversionistas. Sindicatos, sectores sociales y activistas luchan en los tres países por abolir este capítulo o abolir todo el tratado.
En sus casi 25 años de existencia, el Tlcan, en Estados Unidos y Canadá, deterioró el estándar de vida y la calidad del trabajo, mantuvo los salarios reales estancados y arruinó pueblos enteros; mientras que en México, falsas promesas de desarrollo terminaron en el enriquecimiento de unos pocos, en rampante corrupción, en el deterioro de los estándares laborares y en un mayor número de habitantes sumidos en la pobreza. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos arruinaron dos millones de campesinos mexicanos. En definitiva, para los trabajadores de las tres naciones el Tlcan resultó ser un desastre.
Reflejo del racismo institucionalizado a nivel internacional, el Tlcan recuerda las leyes “Jim Crow” de finales del siglo XIX que legalizaban la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Estas leyes perpetuaban las precarias condiciones socio-económicas de los trabajadores afrodescendientes, muy inferiores a las condiciones de los trabajadores blancos; negaban al trabajador afrodescendiente el derecho a organizarse en sindicatos y los sometía a devengar míseros salarios; situación muy similar a las prácticas laborales ejercidas por el Tlcan con relación a los mexicanos.
Impone arbitrariedades
El Tlcan no sólo impone arbitrariedades a los tres países; siembra también resentimiento en los trabajadores de un país en contra del otro, especialmente de Estados Unidos y Canadá en contra de los mexicanos. Pero algo positivo deja la experiencia del Tlcan: comenzó a despertar la conciencia de que lo desfavorable para el trabajador mexicano lo es también para los trabajadores estadounidenses y canadienses, de que el poder de las multinacionales sólo se podrá coartar con la unidad internacional de todos los trabajadores.
Bajo esta perspectiva, varios sindicatos, entre ellos el de los camioneros, con 1,4 millones de afiliados, y el sindicato Unifor, con 310 mil afiliados canadienses en diferentes sectores industriales y de servicios, han tomado posiciones demandando a los negociadores del tratado incluir en el nuevo Tlcan un capítulo laboral que ampare a los tres países por igual: el capítulo incluiría entre otras cosas lo siguiente:
-Regulaciones que protejan a los trabajadores, en base a las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohibiendo el trabajo infantil y el trabajo forzado, y garantizando el derecho de asociación y contratación colectiva, especialmente en México.
-Rigurosas sanciones a la violación de las anteriores regulaciones.
-Un secretariado laboral que investigue las violaciones y promueva mejores condiciones laborales en toda Norteamérica.
-Una estipulación reconociendo que los salarios y las condiciones de trabajo afectan el flujo del comercio internacional, estipulación necesaria con el fin de evitar que el incumplimiento de las leyes laborales se encubra, bajo el pretexto de que no están relacionadas al intercambio comercial; incumplimiento que de esta manera se ha venido efectuando hasta ahora.
Sólo se espera ver hasta qué punto los negociadores de los tres países accederían a incluir el contenido de estas demandas, en un nuevo tratado cuyas negociaciones se conducen en secreto, a espaldas de las clases trabajadoras.
