Abusos de la fuerza pública movilizan a la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz

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Manifestantes piden a la policía que paren los abusos. Foto Nelson Cárdenas

Manuel Antonio Velandia Mora

La Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz (CADHPAZ) de la Defensoría de derechos Humanos de Colombia, se pronunció, este 5 de mayo de 2021, por medio de un comunicado, con relación a los hechos de brutalidad y abuso por parte de la fuerza pública en las manifestaciones desarrolladas en diversas ciudades del país en las que se ha evidenciado uso excesivo de la fuerza e incluso utilización de armas de fuego por parte delEscuadrón Móvil Antidisturbios, la Policía y el Ejército Nacional, que constituyen una violación contra la vida e integridad de los manifestantes. A continuación, presentamos dicho comunicado.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL COMISIÓN ASESORA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ (CADHPAZ)

Los miembros abajo firmantes de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz-CADHPAZ, órgano asesor yconsultivo creado en el marco del punto 5.2.3 del Acuerdo de Paz, el cual tiene el objetivo principal de “asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz”, expresamos nuestra enorme preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en medio de las jornadas de protesta social en el territorio nacional.

En los últimos días se han registrado hechos de brutalidad y abuso por parte de la fuerza pública en las manifestaciones desarrolladas en diversas ciudades del país. Específicamente, se identifican acciones de limitación y represión del derecho a la protesta como uso excesivo de la fuerza e incluso utilización de armas defuego por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Policía y el Ejército Nacional, que constituyen una violación contra la vida e integridad de los manifestantes.

Somos solidarios con todas las víctimas que en medio de disturbios y graves violaciones de derechos humanos que ocasiona está arrojando la inédita situación de crisis por la que atraviesa Colombia. Hoy lamentamos profundamente la situación actual de violencia. De acuerdo con información pública, se hace referencia a casi1.000 heridos, más de 800 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de lesiones oculares, hasta registros de casos deviolencia sexual. Así mismo, desapariciones, tortura, agresiones y obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos.

En este sentido, es urgente ratificar el orden constitucional con el compromiso de respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, así como el cumplimiento de la jurisprudencia que ampara los derechos a laprotesta y la movilización social de la ciudadanía. Si bien se han presentado disturbios y otros graves hechos deviolencia que también afectan a la fuerza pública y que rechazamos, los órganos armados del Estado deben orientar sus acciones de control del orden público en criterios estrictos de respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos sabiendo que, tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada con esos fines o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida de todas las personas en Colombia.

Teniendo en cuenta que el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica está garantizado por la Constitución Nacional, que es esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas, y que juega un papel central en la defensa y el ejercicio pleno de los derechos humanos, los miembros de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz abajo firmantes:

  1. Solicitamos al Gobierno Nacional ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En ese sentido, garantizar que la actuación de la Policía Nacional y demás miembros de la fuerza pública logre el mantenimiento del orden público basado estrictamente en los estándaresinternacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Se hace necesario ejercer mecanismos de control sobre las acciones de la fuerza pública.
  2. Exhortamos a aunar todos los esfuerzos encaminados a construir espacios de diálogo social amplio y a buscaracuerdos con miras a dar una salida no violenta a la crisis actual, donde se posibiliten escenarios que permitan recoger las inconformidades y demandas de todos los sectores y todas las regiones que han participado en las manifestaciones. El país atraviesa un momento de profunda crisis, y todos los actores de la sociedad colombiana debemos fomentar actos que conduzcan a su solución mediante el diálogo, las acciones no violentas y el fortalecimiento de la democracia.
  3. Rechazamos enérgicamente las acciones de violencia que involucran ataques contra la vida e integridad tanto de quienes se manifiestan, como de miembros de la fuerza pública, y se une al clamor de crear y respetar corredores y acciones humanitarias en el marco de tan complejo panorama.
  4. Igualmente rechazamos la propuesta de militarización de las ciudades por cuanto significa un escalamiento delos niveles de tensión que representa un mayor riesgo al derecho a la vida, la integridad y la libertad de expresión.
  5. A las autoridades competentes exigimos garantizar que los actos de abuso de autoridad sean investigados y sancionados de forma contundente. Para ello se hace indispensable establecer la pronta identificación y separación de sus funciones de los agentes del estado responsables de los hechos.
  6. Hacemos un llamado a todas las autoridades públicas a abstenerse de utilizar lenguaje violento y expresiones que estigmaticen la protesta o a las personas que organizan o participan en la movilización social, pues ello los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.
  7. Manifestamos nuestra preocupación por la falta de acción y liderazgo que se espera del conjunto de instituciones del Estado que hacen parte del Ministerio Público para el cumplimiento de sus mandatos y deberes constitucional frente a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. En particular, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo que ha optado por mantenerse al margen, sin ejercer sus deberes constitucionales en este crítico momento de abierta violación a los derechos humanos en Colombia.
  8. Urgimos a cumplir de manera estricta con la obligación estatal de brindar todas condiciones y garantías a los defensores y defensoras de derechos humanos para que ejerzan su labor de manera segura, que cobra especial importancia en este momento de crisis nacional.
  9. Solicitamos que la protección y garantía del derecho a la protesta social se incluya de forma expresa y categórica en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

Por último, queremos manifestar que, teniendo en cuenta el actual contexto de crisis en materia de derechos humanos en el país, los miembros abajo firmantes de la CADHPAZ no consideramos que estén dadas las condiciones para reunirse por el momento con el Gobierno Nacional para hablar sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. Estimamos que en tanto no se adelanten acciones contundentes frente a la situación de violencia que enfrenta Colombia y no se reconozcan los derechos humanos a toda la ciudadanía en todo tiempo y lugar, no vemos garantías reales para propiciar un diálogo abierto, franco y libre.

Suscribimos las y los comisionados de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz -CADHPAZ, como sigue:

LILIANA VARGAS
SORAYA RODRÍGUEZ DE ARGÜELLO
Representantes de las plataformas de Derechos Humanos

JULIANA BUSTAMANTE REYES
FEDERICO ISAZA PIEDRAHITA

Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS – Universidad de los Andes Representantes de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad

YESENIA PÉREZ OTERO
Central Unitaria de Trabajadores
Representante de las organizaciones que trabajan por los derechos de los trabajadores

ENRIQUE PRIETO-RÍOS MARÍA
ANGÉLICA PRADA URIBE
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Representantes de las Universidades y establecimientos de educación superior privados

EMMA DORIS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Fundación Teknos
Representante de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres

HILDA BEATRIZ MOLANO CASAS
REINEL GARCÍA MARTÍNEZ
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) Representante de las organizaciones que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes

MANUEL ANTONIO VELANDIA MORA
DAMARY MARTÍNEZ PORRAS
Red Somos/ Plataforma LGTBI por la Paz
Representantes de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas

JOSÉ ÁNGEL BARRIOS HERNÁNDEZ
INGRID MAGALY TRUJILLO LASSO
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC – GuaviareRepresentantes por las organizaciones que trabajan por los derechos de la población campesina

Se abstienen de suscribir este comunicado, los representantes de las siguientes organizaciones:

JUAN ARTURO GONZÁLEZ ROJAS
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI Representante de los gremios empresariales

WILSON DIAZ ORTIZ
Asociación Colombiana de militares y policías Víctimas del conflicto armando ACOMIVIC Representante de organizaciones integradas por personal de la fuerza pública en retiro

BERTHA  ALICIA SUÁREZ CASALLAS
Corporación Rosa Blanca Colombia
Representante de las organizaciones que trabajan por los derechos de las víctimas del conflicto armado