La calificadora de riesgo Standard & Poor’s disminuyó el índice de confianza en la deuda colombiana a causa de la fallida reforma tributaria y el Paro Nacional que tiene semiparalizada la actividad económica en el país. La verdadera certificación de la política económica y social del Gobierno, la calificación objetiva y real la está dando la población movilizada. La sociedad colombiana está pasando cuenta de cobro
Iván Posada Pedraza
Cuando una persona acude a una entidad bancaria en procura de un crédito para adquirir vivienda, para estudiar o para iniciar una actividad económica tiene que aprobar el respectivo “estudio” que determina si tiene la capacidad de pago, es decir, si sus ingresos garantizan que puede retornar el monto del crédito con sus respectivos intereses. Igualmente, si se trata de una actividad económica, un negocio, por ejemplo, garantizar que este va a generar los ingresos suficientes para cubrir la cantidad adeudada. Por lo general la banca no le presta a quien realmente necesita, a una persona que viva en condiciones de informalidad, pues no cuenta con un salario que le garantice a la banca la devolución del crédito.
Las recomendaciones
A nivel internacional, guardadas las proporciones, lo mismo ocurre cuando los países necesitan recursos para inversión o para el funcionamiento del aparato estatal (nómina), o en algunos otros para equipo militar, de policía, etc.
Las calificadoras de riesgo son entidades privadas que tienen como objetivos: 1) conceptuar sobre el estado de solvencia económica de un país para que la banca internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.), tomen decisiones sobre la viabilidad de otorgarle recursos para diferentes fines; 2) asesorar o recomendar a los inversionistas privados sobre la conveniencia o no de invertir recursos (grado de riesgo) en algún sector económico de determinado país. Esta inversión cubre diversas actividades tales como la industria, el comercio y los servicios.
Esto explica en Colombia la presencia de multinacionales en la minería y explotación de materias primas; en el comercio, la proliferación de supermercados; en el sector financiero, entidades bancarias y de crédito de capital extranjero; en el sector servicios, aseguradoras, etc.
Para tomar esta decisión, estas empresas primero consultan con las calificadoras. Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s son las tres calificadoras encargadas en Colombia de monitorear los avances de la economía y establecer una nota favorable o contraria, con la que los inversionistas toman decisiones al respecto. Operan bajo la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera.
Diversos criterios
Los factores que tienen en cuenta las calificadoras son entre otros el “riesgo soberano», el «riesgo económico», el «riesgo político», el «riesgo social» y el «riesgo internacional», en el largo y el corto plazo. El riesgo soberano tiene que ver con la estabilidad política y las condiciones económicas de cada país. Para establecer el riesgo económico se realiza un estudio cuantitativo sobre la capacidad de pago de un país o de una empresa. El riesgo político tiene que ver con la solidez de las instituciones, los liderazgos políticos e incluso el papel de los partidos de oposición.
El riesgo social que consideran las calificadoras es el relacionado con el nivel de vida de la población, los conflictos entre los diferentes sectores sociales, el poder de negociación de los sindicatos, etc. Otro criterio que toman en cuenta estas calificadoras es el llamado “riesgo internacional” que se refiere al contexto de la economía mundial, las alianzas y tratados económicos que tiene un país con otros y su interacción con los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, OCDE, Tratados de Libre Comercio, etc.). Vemos pues que las calificadoras combinan factores objetivos y subjetivos a la hora de certificar o desertificar a un país para efectos de facilitarles empréstitos o de “recomendar” o no invertir en uno u otro país.
Controvertida descalificación
En el caso de la economía colombiana, algunos de los factores objetivos (que se pueden medir o cuantificables) serían el desempleo y la informalidad, el retroceso del PIB en 2020, el déficit fiscal y la deuda pública con respecto al PIB. Otro criterio que se podría tener en cuenta sería el aumento o disminución de la pobreza entre la población (nivel de vida).
En días pasados la calificadora Standard & Poor’s redujo la calificación de la deuda del país, lo que quiere decir, que el actual déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y egresos del país) no se puede nivelar en el corto plazo.
Las motivaciones para esta decisión tienen que ver con el archivo del proyecto de ley de la reforma tributaria pues precisamente los recursos que se esperaban recaudar con esta reforma (23 billones de pesos) estaban destinados a sanear este déficit fiscal.
Con respecto a la intención del gobierno de presentar otro proyecto de reforma tributaria, hay que decir que se mantiene dentro de los mismos parámetros del anterior, es decir, conserva su criterio regresivo, solo que maquillada, no hace énfasis en el IVA para la canasta familiar y en el impuesto a los salarios de la clase media, pero en el fondo se mantienen los lineamientos de la reforma que la protesta social hundió.
La segunda motivación para la calificación negativa de la deuda colombiana está relacionada con el paro que adelantan muchos sectores sociales en el país que ya cumple un mes. En este caso estamos ante una decisión de tipo político. El mensaje falseado que se quiere enviar a la sociedad colombiana es que el paro, totalmente justificado, es la causa de la situación económica. Todo lo contrario, el actual paro es consecuencia de la equivocada conducción política, social y económica del país en las últimas décadas.
Dudosas decisiones
Al respecto varios especialistas opinan que los indicadores de la economía colombiana no están dentro de los “criterios de riesgo” de esta calificadora para que tomara tal decisión. Según ellos la deuda pública del país está financiada para los próximos cinco años; no hay una crisis cambiaria (grado de paridad de la moneda colombina con respecto al dólar); no estamos ante una inflación desbordada (1,61 por ciento en 2020); además el Banco Mundial acaba de desembolsar al país un crédito por 700 millones de dólares. Si de eso se trata, a mediados del año pasado a causa de la parálisis de la actividad económica, el país tenía peores indicadores a los de 2021 y estas calificadoras no emitieron concepto alguno.
Las decisiones de estas calificadoras son tan contradictorias que en 2008, días antes de su quiebra, Lehman Brothers, un banco de inversión de Estados Unidos, había recibido calificación positiva.
La otra descalificación
La calificación de la política económica y social del país la están dando los 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan; los 7,5 millones de colombianos en condición de pobreza extrema; los 3,5 millones de desempleados y los millones de familias en condición de informalidad; los médicos y personal paramédico a quienes las EPS les adeudan hasta un año de salarios; de la juventud que no ve perspectiva alguna de un futuro mejor.
Colombianos y colombianas le están pasando cuenta de cobro al estado y al gobierno colombianos por años de desgobierno y pésima política pública en todos los frentes. Es hora de aclarar las cuentas. Ese es el mensaje.
