Jeison Paba
Durante décadas nos han repetido que los medios de comunicación son el “cuarto poder”, eufemismo, acuñado para resaltar su influencia en la vida pública, hoy se convierte en una verdad tangible.
En Colombia, más que una metáfora, es una realidad evidente: por años, la información ha estado bajo el control de las líneas editoriales de los dos canales privados de televisión nacional y de grandes cadenas radiales que responden a poderes económicos.
En las últimas semanas, los medios se rasgaron las vestiduras porque la autoridad encargada de vigilar e inspeccionar los contenidos solicitó información sobre sus espacios de reunión, criterios editoriales y selección de invitados.
Una lectura ligera podría interpretar esa solicitud como una intromisión en la libertad de prensa. Sin embargo, una mirada más profunda revela algo inquietante: los medios han utilizado el derecho a estar informados como un instrumento de poder político.
Sin pudor alguno, los grandes medios imponen diariamente una narrativa que busca instalar la idea de un país en crisis. Desde los noticieros privados y las emisoras nacionales se promueve una abierta oposición al gobierno, recurriendo incluso a la manipulación.
La agenda pública se define desde los intereses de los gremios económicos y políticos tradicionales, los mismos que durante décadas han perpetuado un modelo de nación desigual.
No existe en Colombia una oposición tan hostil como la que los medios ejercen actualmente contra el Gobierno del Cambio. Cada día, sus titulares buscan minar la credibilidad institucional, desacreditar políticas sociales y sembrar desconfianza entre los ciudadanos.
Frente a ese escenario, terminamos siendo espectadores pasivos de una información sesgada, construida para defender los privilegios de unos pocos.
En un Estado Social de Derecho, los pesos y contrapesos deben garantizar el equilibrio del poder. No obstante, los medios se han convertido en un suprapoder sin control, sin autoridad que los regule ni legislación que proteja efectivamente el derecho a recibir información veraz e imparcial.
Urge que el Congreso, y en especial la bancada progresista, asuma la tarea de establecer mecanismos de transparencia y responsabilidad. La libertad de prensa no puede confundirse con impunidad informativa. El periodismo ético, aquel que informa con rigor y responsabilidad, debe ser un aliado de la democracia, no su verdugo.
Controlar el poder mediático no implica censura, sino devolverle al ciudadano el derecho a la verdad. La sociedad civil también tiene un papel decisivo. Necesitamos ciudadanos críticos que comprendan el impacto de cada mensaje y contrasten la información.
La alfabetización mediática no es un lujo, sino una necesidad democrática. Solo una ciudadanía consciente puede resistir la manipulación y exigir transparencia. El reto no es callar a los medios, sino exigirles ética, pluralismo y compromiso social.
Si la verdad se convierte en un bien privado, la democracia terminará siendo una simple ficción mediática.
