¡6.402!

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César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S

Hay quienes pensamos que la paz y su implementación en Colombia es inexorable. Es una tarea nacional de toda la población hacer los actos de reparación, reconocimiento y no repetición como ejes fundantes de esta nueva era de reconciliación.

Sin embargo, a la fecha es más que notorio que sigue la incertidumbre en los registros de la cantidad de víctimas que el conflicto ha dejado, de los millones de hectáreas y bienes que se han perdido por causa de la guerra, de los centenares de miles de planes y trabajos que ya no están, en fin, para quienes son más jóvenes en esta conversación, de las cicatrices que el conflicto social, político y armado ha dejado en cada uno de nuestros cuerpos.

Particularmente, estas semanas consagradas a la conmemoración de víctimas silenciadas, negadas y vilipendiadas hacemos mención de su legado, no solo como un acto de reconocimiento, sino por el peso y dolor que causa su existencia; hablamos de las víctimas de crímenes de Estado, que siguen siendo valientes, dignas, perseverantes y decididas a esclarecer la verdad.

El ataque furibundo que han desatado los poderosos sectores económicos y políticos del país asociados con el control y despojo de tierras, con el uso indiscriminado del aparato estatal para sus propios intereses, que ha cerrado el país a la apertura democrática, al respeto por la oposición y sus voces, desemboca hoy en el señalamiento y provocación al SIVJRNR y al menos a nueve organizaciones defensoras que han sido fuente de rigurosas y profundas investigaciones de campo entregadas a la JEP.

La JEP estableció que estas 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Además, informa que se concentrará en seis regiones de referencia para la primera etapa. Esto ha desatado el terror entre filas, retirados, comparecientes, pero, al parecer, sobre todo entre los verdaderos determinadores, eso está por demostrarse, investigarse y sancionarse en el marco de la transicionalidad.

Conmociona esta cifra tanto como el ataque recibido y que era de esperarse, incluso, al lado de la pregunta de ¿Quién dio la orden? Habrá que indicar, ¿por qué le temen a la JEP? Para saber a qué costo se está constituyendo la paz como determinante nacional de cambio y apertura democrática.

Un conjunto magnífico de organizaciones defensoras estamos en la tarea de documentar periodos anteriores al mencionado por la JEP para avizorar con mayor profundidad esta práctica infame, evidenciando su presunta orientación como eje de la lucha contrainsurgente y contra la oposición política, lo cual nos recuerda la tesis del “enemigo interno” y otras fórmulas que golpean de fondo nuestra memoria.

Es crucial promover el pacto histórico que reconozca la verdad como garante de la no repetición. Para ello es vital promover y difundir la implementación de la paz, superar los cercos y las “trampas” que usaron los enemigos de la paz para engañar, ante todo a las poblaciones urbanas y lejanas al dolor de la guerra. Hoy la paz es un imperativo y es una decisión nacional.

PD: Al suscrito, luego de interponer denuncia por hechos ocurridos en noviembre de 2020, la pomposa Fiscalía del fallido Barbosa le notifica el 20 de diciembre en la mañana que ampliarán la denuncia, pero el mismo día, apenas con un par de horas de diferencia, comunican que ¡archivan la investigación! Qué barbaridad.

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